El sector turístico de Nicaragua lanzó este jueves un S.O.S. al régimen orteguista, debido a que el COVID-19 acentuó la crisis económica que enfrentan desde abril de 2018, a partir del levantamiento popular contra el dictador Daniel Ortega.
La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) informó que el sector turístico enfrenta la “disyuntiva de si se deja quebrar a las empresas, perdiendo cientos de empleos, o se auxilia a tiempo una industria en aguda crisis”.
Cientos de empresas turísticas han cerrado en Nicaragua a raíz de la crisis sociopolítica local, lo que en 2018 causó la pérdida de unos 130.000 empleos y de unos 440 millones de dólares, situación que no mejoró en 2019, según Canatur.
“El sector ya se había contraído desde abril de 2018, dos años en los que cerraron miles de pequeños, medianos y grandes negocios”, indicó Canatur. La pandemia “ha sido un golpe aún más devastador para la industria turística”, agregó.
URGEN ACCIONES
Los empresarios turísticos urgieron al régimen de Ortega “tomar acciones inmediatas que aseguren la sobrevivencia de esta crítica industria”, y divulgaron una lista de sugerencias, en las que no contemplan cierres a causa del COVID-19.
Canatur propuso bajar montos y suspender por seis meses las cotizaciones del seguro social, aceptar la suspensión (temporal) de contratos para evitar despidos masivos, modificar jornadas laborales, y dejar de pagar el 2% de los contratos laborales al Instituto Nacional Tecnológico durante un año.
También planteó suspender el pago de la energía eléctrica por cinco meses y establecer una tarifa preferencial a partir de septiembre próximo, así como condonar por seis meses el pago de alquileres a líneas aéreas y rentadoras de autos en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua.
Otra propuesta fue recibir las retenciones de los impuestos, moras, multas o declaraciones, suspender los pagos del Impuesto sobre la Renta y otros pagos, así como eliminar por tres meses el Impuesto al Valor Agregado, y los cánones municipales, por un año.
Finalmente presentó la posibilidad de que el régimen permita moratorias bancarias, que las entidades financieras otorguen un periodo de gracia de seis meses para la suspensión de pagos y reformulación de créditos, además de extender por un año las pólizas de seguro y establecer un fondo de protección turística.