*Por EXPEDIENTE PÚBLICO
Con el propósito de ayudar a Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado el gobierno de Honduras contrató a una firma de abogados estadounidenses para hacer “lobby” y mediante el cual presionar a la Fiscalía estadounidense, argumentando incluso que se podría comprometer la colaboración con Estados Unidos, lo que implicaría el retiro de sus bases militares de suelo hondureño, pero también afectaría las actividades en relación a temas migratorios. Tony es el hermano del presidente hondureño, quien fue hallado culpable de narcotráfico y tres delitos más en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Esto se desprende de una carta memorándum enviada por la Fiscalía estadounidense a la Corte, donde argumentan el porqué el narcotraficante debe recibir una pena de cadena perpetua, devolver 138.5 millones de dólares de sus ganancias por la venta de drogas en Estados Unidos, y de armas a grupos criminales; pero también aplicarle una multa de 10 millones de dólares.
La lectura de sentencia estaba prevista para el miércoles 23 de marzo pero el jueves 18 de marzo el juez Kevin Castel decidió postergarla al 30 de marzo de 2021, en lo que sería la décima vez que se cambia de fecha a petición de los abogados de “Tony”.
El memorándum de la Fiscalía está dividido en cinco partes, y en una de ellas hace referencia específica a los esfuerzos del gobierno hondureño por bloquear el trabajo de la Fiscalía, bajo el subtítulo “Esfuerzos adicionales para influir en la investigación en curso”.
Abogados hicieron presión política
El juicio contra Tony se celebró en octubre de 2019. Según la Fiscalía, en septiembre de ese año, el gobierno de Honduras contrató a un bufete estadounidense, denominado “Firm-1” en los documentos judiciales. Explicaron que los miembros de esa firma se presentaron ante el Departamento de Justicia a nombre del gobierno hondureño, e indicaron estar facultados para participar en actividades políticas y hacer contacto con funcionarios estadounidenses, incluso en relación “a la asistencia económica y técnica estadounidense a Honduras, y asuntos que afectan las relaciones entre Estados Unidos y Honduras”.
Días después de acreditarse ante el Departamento de Justicia los abogados llamaron a la Fiscalía y aclararon que no representaban al acusado pero describieron “consecuencias colaterales” del proceso, “incluyendo referencias a asuntos migratorios no relacionados y posibles cierres de bases militares estadounidenses en Honduras”.
Es de hacer notar que el gobierno de Hernández fue un fuerte aliado del presidente norteamericano Donald Trump (2019-2021) en su intento de impedir la migración ilegal, al grado que Honduras fue uno de los países que firmó un acuerdo como “tercer país seguro”. Bajo esos parámetros, utilizó al Ejército y a la Policía Nacional para cerrar carreteras y fronteras, y así bloquear el paso de miles de hondureños que marchaban en las denominadas “caravanas migrantes”.
Además, en Honduras opera desde 1981 la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, cuya sede es la base aérea de Palmerola, Comayagua, a 85 kilómetros de Tegucigalpa. El sitio es considerado estratégico para ejecutar cualquier operación militar en Centroamérica.
“Los abogados también hicieron referencia a los contactos con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y le dijeron al equipo de la Fiscalía que planeaban ponerse en contacto con otras partes del gobierno estadounidense con respecto a sus preocupaciones sobre este caso”, indicaron en el memorándum.
Además, la “Firm-1” cuestionó que uno de los testigos que presentarían estaba “sesgado” y que algunas de las pruebas estaban fuera de contexto por lo que era más el daño por “consecuencias colaterales negativas” que el aporte al proceso. Pese a los esfuerzos de este bufete, los fiscales no modificaron en absoluto su estrategia legal, que culminó con un fallo de culpabilidad.
Rastro de muerte
En el mismo documento los fiscales hacen mención del crimen de Nery López Sanabria (alias Magdaleno Meza). Esta persona era un empleado del cartel de los Valle Valle, que manejaba el tráfico de drogas en el Occidente de Honduras. Fue detenido en un operativo de carretera el 6 de junio de 2018 junto a otras personas, y en los carros llevaban dólares, granadas y armas, pero lo más interesante fue el hallazgo de 11 libretas donde se detallaban una serie de pagos, incluyendo supuestos sobornos a Tony Hernández y a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.
Meza fue llevado a “El Pozo”, una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. El memorándum hace mención de declaraciones de los abogados de Magdaleno Meza, donde informaban que Chase Lalani, un investigador estadounidense contratado por la familia de Tony Hernández, y un hermano de éste, José Amílcar Hernández Flores, le habían realizado “visitas no autorizadas” en un intento de hacerlo confesar si estaba colaborando con la Agencia de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés).
Y efectivamente “López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y el acusado” refiere la Fiscalía. Esto se volvió evidente por un par de llamadas telefónicas que el detenido hizo desde la cárcel con sus abogados y que fueron interceptadas y hechas públicas.
Para entonces ya las libretas habían sido agregadas como pruebas en el juicio que se estaba planificando contra Tony Hernández en Nueva York, e incluso un fiscal hondureño viajó para testificar sobre el decomiso de esas evidencias y dar contexto al caso. Tony fue hallado culpable el 18 de octubre de 2019.
Ocho días después, el 26 de octubre de 2019, Magdaleno Meza fue asesinado dentro de la cárcel de “máxima seguridad”. Según un video que hicieron público, un guardia penitenciario abrió una puerta por donde entró un grupo de pandilleros a un pasillo donde Magdaleno hablaba con el director de la cárcel, Pedro Ildefonso Armas. Uno de los delincuentes le disparó a la cabeza y luego lo remataron en el suelo de múltiples balazos y puñaladas.
El video del crimen se hizo público el mismo día y se hizo viral. Antes y después de este asesinato ha habido otras muertes en esa cárcel, pero por ser de “máxima seguridad” nunca se ha hecho trascender otro vídeo ni fotografías. Al parecer, al hacerlo público, sus perpetradores buscaban enviar un mensaje.
El 9 de diciembre de 2019, mientras tomaba algo en una cafetería en la ciudad de La Entrada, Copán, (333 kilómetros de Tegucigalpa), fue asesinado a balazos José Luis Pinto, de 38 años, uno de los abogados que defendía a Magdaleno Meza. Tres días después, el 12 de diciembre, mientras conducía su vehículo por una carretera, fue acribillado el oficial de Policía Pedro Ildefonso Armas, quien había presenciado el crimen de Magdaleno.
La Fiscalía aclara que “si bien no tiene pruebas que vinculen directamente al acusado con el asesinato, esta violencia ilustra la naturaleza de la conspiración que el acusado dirigió antes de su encarcelamiento y es una consideración agravante válida en la sentencia”.
Juan Orlando, su socio
Como viene sucediendo en diferentes procesos contra narcotraficantes hondureños, la Fiscalía vincula las operaciones del acusado con su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.
De entrada, el memorándum establece que “el acusado era un congresista hondureño que, junto con su hermano Juan Orlando Hernández, desempeñó un papel de liderazgo en una conspiración violenta de tráfico de drogas patrocinada por el Estado de Honduras”.
Pero además, vendió “ametralladoras y municiones a narcotraficantes”, muchas de las cuales obtuvo del Ejército de Honduras. En el juicio se mencionó al exoficial de policía Normando Rafael Lozano López, como uno de los contactos que le ayudó en el tráfico de armas. Este murió acribillado en San Pedro Sula el 26 de febrero de 2021.
Indican que “entre 2004 y 2019, el acusado aseguró y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de drogas a Juan Orlando Hernández, al expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y a otros políticos asociados con el Partido Nacional de Honduras”.
En el 2012, tras aprobarse la ley de extradición por presiones de Estados Unidos, Tony trató de explotar sus conexiones políticas para lograr protección. Mientras que en el 2013 gestionó con Joaquín “El Chapo” Guzmán, un soborno de un millón de dólares para su hermano, Juan Orlando.
Señalan que durante la reunión con el criminal mexicano, el acusado “habló en nombre de los traficantes hondureños presentes y de su hermano, el presidente de Honduras. (Tr. 448). Y fue el acusado quien, después de informar a Juan Orlando Hernández sobre la primera reunión, le dio el visto bueno al Chapo y recogió el soborno millonario del Chapo al presidente hondureño durante una segunda reunión. (Tr. 449, 451-53)”.
En otro apartado, el documento señala que la Fiscalía “estableció en el juicio que el delito involucraba a numerosos políticos, funcionarios policiales y otros criminales representados a continuación, entre ellos Juan Orlando Hernández”.
Silenciar al expolicía testigo
Apuntan que “el acusado y Juan Orlando Hernández trataron de silenciar a Giovani Rodríguez antes de su rendición de 2016”. Rodríguez era un oficial que llegó a ocupar el cargo de subdirector de Operaciones de la Policía, y desde su posición protegía cargamentos de droga de Tony y filtraba información.
La documentación de la Fiscalía dice que el oficial Mauricio Hernández Pineda, primo de Tony y Juan Orlando, advirtió a Rodríguez “tener mucho cuidado al mencionarlo a él, Tony Hernández o Juan Orlando Hernández sobre su participación en el narcotráfico”. Al verse en peligro, Rodríguez se entregó a las autoridades estadounidenses y sirvió de testigo en el juicio contra Tony.
Enfatizan que “algunos de los co-conspiradores del acusado, incluyendo, sobre todo, su hermano, permanecen en Honduras, hasta ahora después de haber evitado la culpabilidad por sus propios crímenes. Estos co-conspiradores podrían facilitar el regreso al crimen por el acusado en caso de que fuera liberado de prisión”.
Agregan que “las pruebas del juicio establecieron que el hermano del acusado es el actual presidente de Honduras y un co-conspirador clave”.
Todo lo anterior, la Fiscalía lo considera como agravantes a los cuatro delitos por los que se le encontró culpable: conspirar para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y falso testimonio. Por ello “sostiene respetuosamente que la Corte debe imponer una pena de cadena perpetua y ordenar al acusado que pierda 138.5 millones de dólares, devuelva todos los fondos desembolsados de conformidad con la Ley de Justicia Penal (“CJA”) y pague una multa de 10 millones de dólares”.