El Congreso de Estados Unidos comenzó el martes un proceso histórico, el segundo juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de un único cargo: “incitación a la insurrección”.
Hace un año, el republicano resultó exonerado por un Senado controlado por su partido. Trump fue acusado entonces de intentar interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses al instar al gobierno de Ucrania a abrir una investigación a su entonces rival político y hoy presidente, Joe Biden.
Esta vez, el proceso se debe a la acusación —aprobada por la Cámara de Representantes, que señala a Trump por haber enardecido a sus seguidores durante un discurso en Washington DC, el pasado 6 de enero, poco antes de que una turba asaltara el Capitolio con el propósito de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden por parte del Congreso.
Ahora, un año después de ese primer impeachment, ni el Congreso ni el país son los mismos: los demócratas controlan ambas cámaras, la pandemia del COVID-19 ha golpeado duramente a la nación y en la capital aún se palpan los vestigios del primer asedio a la sede del Legislativo en la historia reciente.
Dentro de un edificio rodeado por vallas de dos metros, rematadas con concertina, y protegido por agentes armados de la Guardia Nacional, los legisladores escucharon los argumentos de ambas partes: representantes demócratas —actuando como gestores o fiscales—y los abogados del expresidente Trump.
La primera jornada del proceso se centró en la constitucionalidad del juicio político y terminó con un voto en el que 56 senadores (50 demócratas y 6 republicanos) aprobaron por mayoría simple que el proceso se ajusta a la Carta Magna.
El fiscal principal del proceso, el representante Jamie Raskin, aseguró que el caso presentado por los demócratas se sustenta en “hechos puros y duros” y presentó un video, compilando varias escenas del asalto al Capitolio intercaladas con algunos de los mensajes que, en ese mismo momento, estaba difundiendo Trump.
Todos los senadores presentes en el juicio vivieron en carne propia los hechos y sentados en el hemiciclo que hace un mes recorrieron los insurrectos, los legisladores revivieron los traumáticos eventos.
El Senado, que debe decidir si condenar o no al expresidente, se encuentra dividido de manera partidista: los republicanos, en línea con la defensa del presidente, y los demócratas a favor de impugnar a Trump por incitar la insurrección.
Además de un voto para condenar al presidente por incitar a la insurrección, el Senado también puede proponer un voto para prohibir al expresidente ocupar un cargo público en el futuro.
“Este no puede ser nuestro futuro”
Raskin, congresista por Maryland, abrió los argumentos a favor de la constitucionalidad del impeachment asegurando que la ofensa de la que acusan a Trump fue cometida mientras él estaba el poder.
“Es indiscutible que cometió su ofensa cuando era presidente y es indiscutible que lo llevamos [la Cámara de Representantes] a juicio político cuando aún era presidente”, aseguró el legislador.
La Constitución de EE. UU. da al Congreso la autoridad de llevar un mandatario a juicio político si comete lo que la carta magna denomina “crímenes graves o delitos menores”.
El representante basó sus argumentos en el artículo de la Constitución que otorga este poder y aseguró que “no puede caber duda de que el Senado tiene el poder de llevar a cabo un juicio político”.
En la parte más emotiva de su discurso, Raskin recordó el asalto al Capitolio, en momentos con la voz quebrada, contando cómo los miembros del Congreso se quitaron los prendedores que los identifican y evocando el sonido de la turba golpeando las puertas del hemiciclo. “Es un sonido que nunca olvidaré en mi vida (…) un golpeteo en las puertas como una paliza”, dijo el congresista.
Raskin reprochó los disturbios en el Capitolio, señalando a Trump como responsable y pidió entre lágrimas que no se permita que los hechos queden impunes: “este no puede ser el futuro de Estados Unidos. No podemos tener a presidentes incitando y movilizando la violencia contra nuestro gobierno”.
El representante Joe Neguse, otro de los gestores del juicio, destacó que todos los legisladores presentes el martes también vivieron el asalto. “Como muchos de ustedes, yo fui evacuado (…) lo que ustedes vivieron ese día, lo que vivimos ese día, es la peor pesadilla de los fundadores hecha realidad”, aseguró.
“Libertad de expresión”
El equipo legal de Trump, liderado por el abogado Bruce Castor, centró sus argumentos en asegurar que el proceso es un abuso de poder con intenciones políticas y que el presidente sólo ejerció su derecho a la libertad de expresión.
En un discurso de casi una hora, Castor incluso felicitó a los ponentes demócratas, a los que llamó “patriotas”, por su trabajo e incluso reveló que la defensa decidió cambiar de estrategia a último minuto porque vio que la presentación de los representantes estaba “bien hecha”.
Pero en cualquier caso, el también expolítico republicano, dijo que los demócratas están pidiendo que se condene a alguien por dar un discurso político.
“¿Es este juicio sobre canjear libertad por seguridad ante una turba? No es posible que estemos sugiriendo que se castigue a las personas por su expresión política”, señaló Castor.
El jurista argumentó que la justicia penal debe ser la encargada de encarcelar a las personas que cometen “actos ilegales como consecuencia de sus creencias” y añadió que no se ha acusado a ninguno de los insurrectos por “conspirar con el presidente”.
David Schoen, el otro abogado representando al presidente en el juicio, alegó que el proceso es “partidista” y que los objetivos reales son “sacar de la escena política estadounidense” y “privar de los derechos civiles” a los más de 70 millones de personas que votaron por el expresidente.
“Esto no es sobre Trump, es sobre la constitución y abusar del poder del impeachment para beneficio político”, aseguró.
El discurso de Trump
Los cargos contra el exmandatario se centran en los eventos del seis de enero y, en concreto, en un discurso que el republicano dio a miles de sus seguidores que viajaron a Washington DC el día en que el Congreso debía certificar los resultados de las elecciones.
En el mitin, Trump repitió sus afirmaciones sin fundamento sobre la legitimidad de los resultados de las elecciones -alegando que hubo un fraude electoral- y animó a sus seguidores a “luchar como fieras” o exponerse a “no tener más un país”.
En un escrito legal presentado antes del juicio, los abogados del presidente argumentaron que en el discurso del seis de enero “cualquier referencia o incitación a una insurrección, una revuelta, una acción criminal o cualquier tipo de violencia física” estuvo “notablemente ausente”.
Los demócratas presentan el argumento contrario, asegurando en un documento legal previo al juicio que los videos de la turba demuestran que “no hay duda de que las palabras del presidente Trump, de hecho, incitaron a la multitud a cometer actos violentos”.
*VOA