El Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, rechazó mediante en un comunicado, el anuncio del presidente de ese país, Rodrigo Chaves sobre tomar medidas para evitar que los “migrantes económicos” sigan usando la figura de refugiados políticos para quedarse en territorio costarricense.
“Rechazamos categóricamente ‘las advertencias’ del presidente Rodrigo Chaves que pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica”, dijo el SJM.
Chaves declaró ayer que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país enviará una carta, esta semana, a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica ya que el régimen de refugiados políticos se está utilizando por parte de los migrantes de forma incorrecta.
“Se ha utilizado el régimen de refugiados políticos y nuestra legislación por parte de grupos que son migrantes económicos. (…) No podemos seguir pagando, ni aceptando gente que no son refugiados políticos”, declaró Chaves.
Datos citados por el mandatario revelan que hay cerca de 200.000 personas con solicitudes de refugio político, lo que les da el derecho- mientras se realiza el trámite- a quedarse en el país y buscar trabajo.
“Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar, porque tenemos el salario mínimo más alto de América Latina, tenemos paz (…) entonces yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí”, añadió Chaves.
El Servicio Jesuita recordó al mandatario que “la revisión de las solicitudes de refugio es competencia de las autoridades establecidas en la legislación vigente del país. En primera instancia, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y en segunda instancia, el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM), quienes deciden el otorgamiento del estatus de persona refugiada en el país, según los estándares y acuerdos internacionales, que en materia de Derechos Humanos han sido suscritos por Costa Rica”.
“Las personas solicitantes de refugio tienen la obligación de someterse al procedimiento establecido por ley. Tampoco es un asunto nuevo, las limitaciones que, por décadas han enfrentado las instancias encargadas de este reconocimiento, para cumplir en tiempo y forma con todos los procesos que tienen a cargo”, añadió.
Subrayó que las personas llegan a Costa Rica “porque han tenido que huir, para resguardar su integridad física y emocional”.
“Es fundamental no caer en un tratamiento ligero de la tragedia que significa la movilidad forzada de personas y la complejidad de los flujos migratorios que suceden en Costa Rica y el resto del continente. Lo que sueña la gente es poder retornar a su país y eso lo sabemos muy bien las organizaciones que acompañamos a tantas personas que experimentan estas realidades”, apuntó.
“Es muy importante y urgente que la Administración de gobierno del señor Chaves, priorice, por encima a los reclamos que hace a la comunidad internacional, la protección, la seguridad jurídica y la eficiencia en la prestación de servicios públicos a los que está obligado el Estado Costarricense, para con las personas refugiadas en el país”, continuó.
Por otro lado, el Servicio Jesuita destacó “el innegable aporte que hacen las personas en movilidad forzada que buscan salir adelante en Costa Rica. Por eso, no deben ser vistas únicamente como ‘un alto costo’, por el contrario, sus contribuciones, su fuerza de trabajo, sus culturas, también son aspectos que, con algo de humildad, todas y todos deberíamos tener en cuenta y agradecer”.