“Si anda en la calle y lo detiene la Policía, le recomiendo tirar el teléfono al suelo para que se destruya. De todos modos, la Policía nunca devuelve un celular cuando lo quita”. Este inusual consejo lo da Manuel Díaz, experto en comunicación web y director del portal Bacanalnica, después que este martes la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por diputados del oficialista partido Frente Sandinista, aprobara la Ley de Ciberdelitos o “Ley Mordaza”, como se le ha nombrado popularmente.
La Ley Especial de Ciberdelitos pretende prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos cometidos a través de dispositivos electrónicos. Castiga con penas que van de uno a ocho años de cárcel la difusión de noticias falsas, el acceso no autorizado a la información gubernamental y la alteración de equipos y redes de empresas e instituciones, entre otros.
Según la oposición nicaragüense, esta ley forma parte de una ola represiva más amplia con la que el régimen de Daniel Ortega, pretende controlar el descontento popular a un año de las próximas elecciones generales.
Para el doctor Gabriel Álvarez, experto constitucionalista, la ley es inconstitucional y “adolece de deficiencias técnicas que ponen de manifiesto la mayor atención de sus redactores a finalidades de orden político que a exigencias de orden jurídico”.
Álvarez considera insólito que “se penaliza el ejercicio de derechos constitucionales como los de expresión, información y prensa, de acceso a la información, derecho al trabajo y otros relacionados con la libre empresa”.
Atribuye la ley al “talante autoritario del Gobierno y su imperiosa necesidad de evitar que la crisis política y exigencias de cambio democrático impidan su permanencia en el poder” y aprovecha esta ley para tipificar como delitos “otras conductas que no tienen nada que ver con la ciberdelincuencia”.
Desde el oficialismo, la iniciativa del régimen de Daniel Ortega se ve de otra forma. “Creemos que estamos haciendo un parteaguas en la historia de este país, estamos aprobando una Ley absolutamente necesaria para defender a grandes sectores vulnerables de la sociedad nicaragüense y los únicos que pueden estar en contra de una ley de este tipo son aquellos que quieren seguir fomentando el odio, la desinformación, la destrucción, el terror y la muerte, y a esos les estamos diciendo: ¡nunca más lo volverán a hacer en este país!”, dijo el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez durante la sesión parlamentaria en que fue aprobada.
Para el jurista Gabriel Álvarez, el mayor peligro de la ley radica en el uso de “conceptos excesivamente amplios o ambiguos” para tipificar delitos, tales como “producir alarma, temor o zozobra en la población o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia” o “incitar al odio y a la violencia o poner en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana”.
El artículo 30 de la ley, por ejemplo, establece en una de sus partes: “Quien, usando las tecnologías de la información y comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”.
La periodista Kalúa Salazar considera que esta nueva ley criminaliza el ejercicio del periodismo, “está mutilando” el derecho de los periodistas a informar y el derecho de la población a expresar sus agravios. Ella es jefa de prensa de radio La Costeñísima, una emisora del caribe nicaragüense dedicada principalmente a defender los derechos de los indígenas.
Salazar fue condenada recientemente a pagar una multa equivalente a 120 días de salario mínimo (un poco más de 200 dólares) después que una juez la encontrara culpable en un juicio por calumnias que entablaron contra ella tres exfuncionarias de una alcaldía sandinista.
“Si antes había censura y autocensura, ahora será peor” dice y vislumbra tres escenarios para los periodistas: uno, que se vuelvan propagandistas del gobierno; dos, seguir haciendo periodismo independiente; y tres, trabajar con “una capa legal” para evitar hacer presos.
Para el experto informático, Manuel Díaz, con la Ley de Ciberdelitos todas las personas están propensas a ser acusadas de algún delito. “No necesariamente serán acusaciones de oficio, sino como en el caso de Kalúa (Salazar) serán terceros que dirán que se sienten ofendidos o perjudicados por lo que publica tal medio, y en base a la ley ellos demandan a tal. Es una forma muy sencilla de ganar puntos con la compañera (Rosario Murillo) y podría convertirse en una modalidad”.
Considera que ahora habrá menos personas opinando con su nombre y más perfiles anónimos en las redes sociales. “En Nicaragua, a Facebook no le importa si usamos o no nuestro nombre real, como pasa en otros países, y Twitter mucho menos, que son los dos canales en los que la gente se expresa públicamente”.
Donde ve mayor problema, dice, es en WhatsApp. “Bastaría que un policía detenga a alguien y revise su teléfono para encontrar un delito (según la nueva ley). Es una fuente inagotable de delitos”, dice porque a través de esta aplicación se exponen las opiniones e informaciones más personales.
“Algo que no haría definitivamente es andar un teléfono con información comprometedora en mis manos. Eso en Nicaragua sería equivalente a ir preso”, dice. “Mi recomendación, si lo detiene la Policía es tirar el teléfono al suelo para que se quiebre”.
La periodista Salazar dice que La Costeñísima seguirá “informando tal cual se ha venido haciendo, vamos a destacar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a las mujeres, para que le puedan devolver sus derechos autonómicos y ancestrales”.
Reconoce que ahora el riesgo es de cárcel. “Cuando en Nicaragua todo está mal, es un riesgo total. Estamos a expensas de que este gobierno, que es juez y parte de esta ley, nos califique como difusores de noticias falsas, como creadores de zozobra, como que alarmamos a la población, cuando uno lo que está haciendo es llevar la noticia a la opinión pública”.
*Infobae / Fabián Medina