*Por Expediente Público
El pacto de los sandinistas con el gran capital quedó sellado con las reformas de 2014 al artículo 98 de la misma Constitución, cuando elevaron a la máxima instancia legal el modelo de alianza o diálogo entre el gobierno y los empresarios. De esta alianza el mayor perdedor fue el asalariado.
Nilo Salazar, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i) sostiene que aún en las negociaciones tripartitas (gobierno, empresarios y sindicatos sandinistas) por los ajustes al salario mínimo, no dieron un resultado real.
“Hubo un acomodo entre los empresarios, el gobierno y dirigentes sindicales afines, pero el salario mínimo es de 5,000 a 8,800 córdobas con una canasta básica de 15,000 córdobas”, reclama Salazar.
“Se hablaba de los gobiernos de antes, pero ahora estamos más ahogados, con tantos migrantes que antes eran una poquedad, ahora tenemos desempleo o salarios raquíticos y un seguro social que no responde conforme a la ley y cada vez te cobra más”, reitera el sindicalista.
Golpe al salario del trabajador
Salazar sostiene que la alianza del gobierno con el empresariado resultó en 68 leyes de carácter tributario, que sumadas al incremento en las cotizaciones del seguro social “arrebatan lo poco que ganás, porque si percibís más de 8,233.38 córdobas (234 dólares) al mes te cobran 15% de impuesto de renta” y eso sin poder ganar lo suficiente para comprar la canasta básica.
“En las zonas francas había sindicatos oficialistas y después con la alianza tripartita se sumaron otros, donde se vinieron friendo a los trabajadores, trataron de sacar un populismo (y decir) que estaban bien, pero era un engaño, en ese régimen fiscal hay un salario mínimo mensual de 6,900 córdobas (176 dólares), los obligan a llegar los domingos o los corren, hay represión y someten a los trabajadores”, precisa.
El especialista en derecho laboral, José Antonio López, miembro de Defensores del Pueblo, sostiene que en los discursos del presidente Daniel Ortega le ha faltado el respeto a la empresa privada porque fueron parte del acuerdo tripartito, sin embargo ya están fuera de cualquier negociación o entendimiento con el gobierno, “pero la empresa privada veló todo este tiempo solo por sus intereses y no por los trabajadores”.
Las cifras del Banco Central de Nicaragua explican que solo la empresa privada recibió más de 1,500 millones de dólares en exoneraciones de la administración sandinista, por eso, para ellos “no había violaciones de derechos humanos, descontentos y todo estaba bien, eran corresponsables y ahora se quedan callados y solo están de observadores”, sostiene el jurista.
Beligerancia sindical sandinista desapareció
Desde 2007 cuando Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua el sindicalismo en Nicaragua prácticamente desapareció, en primer lugar, por la sumisión de las centrales al gobierno de Nicaragua, donde incluso decenas o cientos de agremiados participan en las listas a cargos de elección popular.
A pesar de que 2007 inició con al menos 20 huelgas de diferentes sectores, estas fueron de baja intensidad, según un monitoreo Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El gobierno de Daniel Ortega fue silenciando al movimiento sindical y reprimió los más importantes intentos de protesta social.
En cambio, entre 1990 y 2001 se habían realizado 18 huelgas de transporte, indican reportes de prensa. Solo al gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) los sindicatos sandinistas le realizaron 474 huelgas nacionales, sectoriales y de empresas, indica un documento del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). La fase más crítica fue la asonada de septiembre de 1993, donde desde las barricadas los trabajadores sandinistas mataron al subcomisionado Saúl Álvarez, a nombre de quien la Policía Nacional ofrece una medalla en su honor hasta hoy.
El FNT puso en jaque a los tres gobiernos libero-conservadores previos al retorno al poder de Ortega. En un documento del sindicalista José Bermúdez de febrero de 2012 explica: “El Frente nace formalmente en abril de 1990, cuando el nuevo gobierno rápidamente decreta la suspensión de la ley de servicios públicos y carrera administrativa que garantizaba estabilidad para funcionarios y empleados públicos, así como de la reforma agraria y de la reforma a la propiedad urbana de lotes y viviendas entregados a la población. Esta situación llenó de incertidumbre e inestabilidad a toda la sociedad nicaragüense, y fue el FNT el que puso freno a esta intención del nuevo gobierno al llamar a la exitosa huelga general del 10 de mayo de 1990 (apenas 15 después que Barrios asumió la Presidencia). Al poco tiempo, en junio-julio, se realizó una segunda huelga, siendo estas dos las únicas de la historia contemporánea de Nicaragua”.
Las turbas durante tiempos de Alemán
La presidencia de Arnoldo Alemán entre 1997 y 2001 enfrentó el primer paro nacional a cien días de su mandato, el 12 de abril de 1997. Ortega llegó a decir, “si Alemán sigue con su programa dictatorial, volveremos a las armas”.
Alemán vivió su periodo más crítico a partir de 1998, prolongándose las protestas hasta 1999, el año del pacto con Ortega fue precedido por un combo de huelgas de transporte, salud, estudiantes, toma de tierras e incluso grupos armados.
La huelga de la Federación de Trabajadores de la Salud, actualmente Central (Fetsalud) de 1998 duró cuatro meses. Los médicos y personal de salud dirigidos por Gustavo Porras, actual presidente del parlamento, reclamaban un aumento del mil por ciento, sus salarios de entonces correspondía a entre 50 y 200 dólares mensuales.
El gobierno de Bolaños también tuvo que enfrentar una huelga de más de cuatro meses en el sector salud, pero esta vez encabezada por sindicatos independientes de la Federación Médica, aunque también se sumó Fetsalud.
En 2005 la Asociación de Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) estuvo un mes en paro.
Entre noviembre de 2004 y abril de 2005 Bolaños sorteó intentos de destitución amparados en una huelga de transporte por el incremento del precio de los combustibles y la cancelación de subsidios.
Bolaños se refirió a estos meses como un momento que planteó su destitución e incluso lo calificó como intento de golpe de Estado, dada la mayoría parlamentaria que formaban el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Consideraba que fue vital la intervención del jefe del ejército, Javier Carrión para disuadir a Ortega de no tomar el poder porque no gozaría de legitimidad si lo hacía entonces.
Finalmente, el FSLN ganó las elecciones de 2006 llevando en sus listas de candidatos a diputados nacionales a Gustavo Porras, en la séptima posición, y en las municipales de 2008 a 121 líderes sindicales en 62 municipios (11 alcaldes y 110 concejales), según datos del mismo FNT.
Situación laboral de Nicaragua
De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), de los 2.3 millones de personas económicamente activas en el país, 1.3 millones están en el sector informal.
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) cerró el año 2019 con 727,025 empleados afiliados. De ellos, 494,113 eran del sector privado (68%), 154,910 eran trabajadores del Estado (21.4%), 25,858 empleados de las municipalidades (3.5%) y 52,144 (7.1%) afiliados voluntarios.
“Las actividades económicas con mayor dinamismo fueron, administración pública e industria manufacturera (maquilas) con un peso relativo de 22.9 y 20.8 por ciento respectivamente (del empleo formal); comercio 12.8, agricultura 8.8 y actividades inmobiliarias con 7 por ciento, para un total de 72.3 por ciento en las cinco actividades”, indica el Anuario Estadístico 2019 del INSS.
A noviembre de 2001 existían 2,071 sindicatos registrados con más de cien mil afiliados en el Ministerio del Trabajo, la gran mayoría asociadas a nueve confederaciones, pero en 2017, es decir, 16 años después, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) documentó un total de 1,206 sindicatos inscritos en el Ministerio del Trabajo (Mitrab) con 83,425 afiliados (43,896 hombres y 39,529 mujeres), advierten datos citados en el informe Sindicalismo en Centroamérica publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El anuario 2019 del Mitrab indica una reducción mayor, es decir, 974 sindicatos registrados con un total de 75,720 miembros, en base a las cifras de juntas directivas actualizadas. Según el artículo 21 del Reglamento de Asociaciones Sindicales vigente desde 1997, las juntas directivas solo pueden ser electas por un periodo de un año.
También se constata algunos indicadores de la fuerza del FNT, pues del total, 626 sindicatos pertenecen al sector público, involucrando a 48,845 trabajadores. Además, el Mitrab clasifica 28 centrales o confederaciones sindicales y un total de 38 nuevas inscripciones de sindicatos.
Realidad y mitos del sindicalismo sandinista
La principal central sindical es el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), otras como el independiente Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT) tienen menos capacidad de presión y poca presencia mediática.
El FNT surge en 1990 tras la derrota electoral del FSLN y agremia a maestros, personal de salud y empleados del sector público, en un momento de grave crisis económica provocada por la década de conflicto armado.
El sindicalista y columnista Onofre Guevara explica que la Central Sandinista de Trabajadores (CST) intentó agremiar a todas las confederaciones sindicales de Nicaragua en la década de los 80, pero no logró someter a todos los gremios.
El FNT surge para consolidar el bloque de sindicatos sandinistas particularmente el de las cuatro grandes centrales: la CST, Fetsalud, la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) y la Unión Nacional de Empleados (UNE).
Su líder inicial era Lucio Jiménez, también secretario general de la CST, pero las prolongadas huelgas del sector salud levantaron la figura de Gustavo Porras, secretario general de Fetsalud desde 1984 y coordinador del FNT desde 1996.
Porras es un médico convertido en agitador callejero, desde 2007 ingresó al plenario como diputado y de ahí se volvió empresario de la salud; a partir de 2017 es presidente de la Asamblea Nacional y promotor de leyes represivas. Está sancionado por la comunidad internacional por su apoyo a las violaciones de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega cometidas desde abril de 2018.
Investigaciones de La Prensa y Confidencial vinculan a Porras con la empresa de importación farmacéutica Universal Marketing Associattes (Unimark), que recibe millones en contrataciones del Estado.
El músculo de los sindicatos sandinistas
El FNT se califica a sí mismo como un gremio coordinador sindical. La CST es uno de sus miembros fundadores, pero disputas de liderazgo ha dividido al sindicalismo oficialista, pero “ambos grupos responden a los intereses de Ortega, pero también responden a sus propios intereses caudillezcos”, dice Guevara.
Los dirigentes sindicales del FNT reciben cuotas parlamentarias y municipales. En 2016 fueron 18 sindicalistas nominados para los cargos de elección de diputados propietarios y suplentes del FSLN, revela una investigación de La Prensa.
El máximo dirigente del FNT sigue siendo Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional, el secretario ejecutivo es José Ángel Bermúdez.
El FNT estaba integrada en 2011 por nueve organizaciones nacionales sectoriales con más de 228,500 trabajadores afiliados, la mayoría empleados públicos, según datos propios. Las cifras de 2017 de Inide indican que el máximo de trabajadores sindicalizados apenas pasaba los 83 mil, menos del 10% de trabajadores formales, pues en este periodo, las cifras de asegurados alcanzaron los 913,797 empleos.
Guevara cree que las centrales daban datos falsos para aparentar que eran un gran movimiento, pero la lucha del sindicalismo siempre ha sido dura porque no solo se enfrenta a las represiones gubernamentales, sino también, a la de las patronales: “siempre ha existido aversión por los sindicatos o se señalan como producto del comunismo internacional y hay temor de los trabajadores para agremiarse”.
Las cifras de Inide de 2017 indican que todos los gremios del FNT suman 56,848 afiliados, la gran mayoría trabajadores del Estado; en primer lugar está UNE que registra 18,887 empleados, seguido de Fetsalud con 13,838 agremiados y Anden con 12,574.
La Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), también afiliada al FNT, agrupa a trabajadores de la maquila y construcción, Inide reportó 7,282 afiliados. Sus dirigentes son el diputado Luis Barbosa y Miguel Ruiz. Entre sus afiliados está la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios de Managua “Julia Herrera D’Pomares” (Fetradomov), dirigida por Andrea Morales Pérez.
La fuerza de la CST
El caso de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), liderada por el exdiputado Roberto González, es particular, dado que existe desde 2012 un conflicto con el FNT cuando esta le quitó el rol protagónico que tenía.
Hasta 2011 tenían supuestamente unos 80,000 afiliados en 284 sindicatos, pero los datos de Inide de 2017 solo reportan 88 sindicatos con 7,796 afiliados. Por otra parte, la CST-FNT tiene 62 sindicatos con un total de 3,603 miembros. Pedro Ortega, sindicalista del sector textil de zona franca, es secretario de asuntos laborales de la CST.
En 2018 González y la misma CST se mostraron críticos a las reformas del Seguro Social, tal como lo hicieron en 2013. En 2021 González denunció a medios de prensa independientes que desde entonces a la CST le impiden participar en las negociaciones del salario mínimo, la última vez incluso llamaron a la policía para retirarlos de la entrada de Mitrab.
Además, sus sindicatos y federaciones, como a algunas de las del CST-JBE les han impedido actualizar sus juntas directivas como estipula el reglamento sindical.
Nilo Salazar, secretario de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i) considera que el Gobierno no solo a los independientes amedrentan, “cuando alguien abre la boca para reclamar los castigan también, pero no es para todo, sino, para ciertos”.
Por su parte, Onofre Guevara ve estas situaciones como “conflictos interdelincuenciales”, porque los dirigentes sindicales tratan de imponer sus propios intereses por encima de los trabajadores.
El sindicalista asegura que un ejemplo de la actitud de los sindicatos sandinistas se muestra en una carta de Porras a la secretaria general de Fetsalud, Iris Montenegro, que acabó con la combatividad del gremio, “pidiendo que disminuya su beligerancia para cuando estén en el gobierno tengan un sindicato adormecido que apoye los planes y estrategias del Ministerio de Salud”.
Por otra parte, los sindicalistas consultados por Expediente Público coinciden que esas posturas supuestamente críticas de los dirigentes son poses políticas que contradicen el actuar de dichos gremios, que favorecen al gobierno y las patronales en las confrontaciones laborales.
Los sindicatos independientes
La polarización política también ha estado presente en los sindicatos de Nicaragua, desde la década de los 80, diferentes gremios de trabajadores fueron críticos al proceso revolucionario, tomando distancia de sus políticas, estos se organizaron en el Congreso Permanente de Trabajadores (CPT), que involucraban a la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), la Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Confederación de Unidad Sindical (CUS), la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTi) y la Confederación Nacional de Maestros Nicaragüenses (CNMN).
En 1988 realizaron una huelga de hambre en protesta por las violaciones a la libertad sindical, que fue terminada por la fuerza policial.
En la actualidad, algunos sindicatos y gremios se integraron a los dos principales grupos opositores, por ejemplo, la Unidad Sindical de Maestros Democráticos de Nicaragua (USMDN) a la Alianza Cívica y la Unidad Sindical Magisterial (USM) a la Coalición Nacional, donde destaca también el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra”, el cual, aunque no es un sindicato, está conformado por sindicalistas con un enfoque de género a la lucha obrera.
Por otro lado, gremios como la Confederación Nicaragüense de Trabajadores Democráticos (CNTD) se muestra afín al gobierno con su secretario general, el doctor Francisco Argüello Noguera.
El pasado de la CTN
La Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) nació en 1968 como el Movimiento Sindical de Nicaragua (Mosan) y afilió a sindicatos de diferentes sectores como industrial, educación, salud, construcción, banca y campesinos. Era de tendencia demócrata cristiana.
El número de afiliados era de 40,000 trabajadores en 1993, según datos de la Librería del Congreso. Inide registra solo 20 sindicatos y 1,413 miembros en 2017.
Desde la muerte de su secretario general histórico, Carlos Huembes, en 2017, tiene poca incidencia en la vida pública. Algunos líderes actuales son Eugenio Membreño (actual promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos), Francisco Marín (trabajadores de la educación y la cultural), María Ruiz y Javier Rojas (trabajadores independientes de la salud).
Por su parte, la Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS) estuvo relacionada con el Partido Comunista de Nicaragua, su dirigente histórico fue Elí Altamirano, quien realizó una de las primeras huelgas al gobierno sandinista en 1980, por eso fue arrestado y acusado de colaborador de la CIA.
Su segundo dirigente histórico es Emilio Márquez Acuña, exdiputado liberal (1990-2001), su actual secretario general es José Espinoza Navas y agremia a 10 sindicatos y 767 sindicalizados.
La CGT-i de Nilo Salazar, estuvo ligada al Partido Socialista y agrupa a 11 sindicatos y 676 miembros.
Los trabajadores rurales
El sector agropecuario es vital en la economía nicaragüense, pero tiene los indicadores más bajos de afiliación sindical. Según datos del Mitrab (2019) solo renovaron sus juntas directivas 61 sindicatos del sector agricultura, ganadería y caza, con un total de 3,429 miembros, y 4 del sector pesquero (150 miembros).
La principal organización gremial es la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) con 53 sindicatos y 3,318 afiliados, aunque en su presentación de Facebook aseguran que cuentan con 47.441 miembros, pues toma en cuenta a las organizaciones aliadas Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados (UNAPA) y la Federación de Cooperativas Campesinas (FECAMPO).
Edgardo García, secretario general de la ATC, es favorable al gobierno de Nicaragua, la asociación fue muy beligerante en la reforma agraria de la década de los ochenta y negoció la privatización de propiedades rurales estatales para que pasaran a mano de los trabajadores, asimismo, apoyó la toma de tierras durante el periodo de transición de los 90.
Otros gremios están asociados con centrales sandinista como como los bananeros de la Federación de Trabajadores del Departamento de Chinandega (FETDECH) ligada a la CST.