La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el “cierre masivo” de emisoras en Nicaragua y calificó tal hecho como “parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente y representa un nuevo avance sobre la libertad de culto y de pensamiento” en el país.
La SIP detalló que 11 radioemisoras y cuatro canales de TV por cable en el norte de Nicaragua fueron cerrados esta semana por orden del régimen de Daniel Ortega.
La mayoría de las estaciones confiscadas en el departamento de Matagalpa pertenecen a la Iglesia católica, una acción enmarcada en un “clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes”, señaló la SIP en un comunicado.
“Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, afirmó que “la Policía recurrió a un uso excesivo de violencia contra las estaciones cerradas, lo cual indica el alto grado de impunidad del que gozan las autoridades nicaragüenses en las regiones más remotas del país”.
“El gobierno de Ortega ya no solo es enemigo de la libertad de prensa, sino que también ahora parece suprimir la libertad de culto y de pensamiento en Nicaragua”, advirtió Jornet.
La SIP hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone las presiones por la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua.
Una campaña de la SIP a favor de los seis periodistas que se hallan como presos políticos desde hace más de un año fue desplegada en varios medios de todo el hemisferio hace una semana.
En abril pasado la SIP, junto a 26 organizaciones regionales e internacionales de prensa, difundió la Declaración de Nicaragua, que pide a organismos multilaterales y gobiernos la adopción de acciones concretas para obligar al régimen de Ortega a que detenga las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la libertad de prensa y restablezca la democracia.