La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este jueves de “hostil y antilibertad de prensa” al régimen de Daniel Ortega, por su bloqueo de insumos al diario La Prensa de Nicaragua, el más antiguo del país, que se ha visto obligado a suspender su versión impresa.
“Condenamos la actitud hostil y antilibertad de prensa del Gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes apuestan a la asfixia económica y a los continuos ataques contra periodistas y medios de comunicación”, expresó en un comunicado el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
Según el comunicado, La Prensa se quedará sin papel para continuar circulando a nivel nacional a partir de mañana, pues la Dirección General de Aduana (DGA) mantiene retenida la materia prima importada para la producción del diario.
El organismo regional, con sede en Miami (EE.UU.), recordó asimismo que el régimen orteguista aún no ha respondido a varias cartas y mensajes enviados por los directivos de La Prensa.
“Esta es una práctica de represalia reiterada en contra del diario. Durante más de un año, entre 2018 y 2019, el Gobierno ya había mantenido un bloqueo aduanero similar, que afectó a la empresa que también publica el diario Hoy”, recapitula el comunicado.
Recuerda también que “aquel bloqueo precipitó igualmente el cierre de los periódicos El Nuevo Diario y Q’Hubo”.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, respaldó, por su parte, a la prensa independiente nicaragüense en medio de la crisis social y política que vive el país.
“Instamos a los organismos internacionales a pronunciarse de manera continua y enérgica contra la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores”, añadió Jornet.
La SIP realizó a principios de julio pasado una “misión virtual” a Nicaragua con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
A partir de las entrevistas realizadas, la organización subrayó “la restricción de los derechos a las libertades de expresión, de prensa y de reunión, así como las garantías de debido proceso judicial, que se observa en las detenciones de precandidatos a la Presidencia, periodistas, empresarios, campesinos, estudiantes, opositores y críticos al régimen”, detalla el comunicado.