Nacionales · 23/04/2021

Sociedad Interamericana de Prensa rechaza la Ley Putin

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó este viernes al régimen de Daniel Ortega por sacar adelante la ley de regulación de agentes extranjeros conocida también como “Ley Putin” que, según la entidad regional, “criminaliza las actividades de organizaciones dedicadas a supervisar y promover la libertad de expresión”.

En una resolución, la SIP, que concluye hoy su reunión de medio año, señaló que la mencionada ley “criminaliza” además “la participación ciudadana, la libertad religiosa, el derecho de asociación y los derechos humanos”.

Entre sus consideraciones, la SIP, con sede en Miami, cita a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la ONG sueca We Effect, y el capítulo Nicaragua de Pen International, que pusieron fin a sus actividades para evitar represalias del régimen por recibir aportes financieros del exterior.

En enero pasado, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyaba a casi dos docenas de pequeños medios independientes, principalmente digitales, cerró sus puertas para evitar tener que registrarse como “agente extranjero” ante el Ministerio de Gobernación.

La “Ley Putin”, establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”.

Tal legislación clasifica como “agente extranjero” a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad “que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua”.

Establece que los clasificados como “agentes extranjeros” no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.

En su resolución, la organización interamericana alertó asimismo “por el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades”.

El pasado miércoles, un informe durante la reunión semestral de la SIP expuso que la libertad de prensa en Nicaragua “ha experimentado un franco deterioro desde abril de 2018, cuando manifestaciones antigubernamentales fueron reprimidas violentamente por la Policía” Orteguista.

*Con EFE