La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió este lunes el embargo en Nicaragua del Canal 12, y denunció que con esta acción el régimen de Daniel Ortega “se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir”.
En un comunicado, la entidad regional indicó que, “bajo la justificación de que la televisora debe 21 millones de córdobas (unos 608.000 dólares), la Dirección General de Ingresos (DGI) confiscó las antenas (…), equipos de transmisión, vehículos (…) y registró la residencia de (el propietario del canal, Mariano) Valle”.
“El régimen de Nicaragua se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico”, señaló el comunicado de la SIP.
El pasado sábado, Nicavisión S.A., empresa que opera el medio de comunicación, informó del embargo y calificó la medida de “arbitraria e ilegal”, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.
El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad, Roberto Rock, expresaron su condena en el comunicado.
Se trata, expusieron, de una “nueva acción contra un medio de comunicación de parte de un régimen que sigue demostrando que no tiene el menor respeto por la prensa independiente”.
Barnes y Rock añadieron que “este patrón de conducta para reprimir y silenciar a los medios no es nuevo”.
Hicieron referencia a la confiscación en diciembre de 2018 de las sedes y equipos de medios de Confidencial, de los programas Esta Noche y Esta Semana y del Canal 100% Noticias.
“El Gobierno todavía no ha devuelto los equipos y edificios a los propietarios”, añadió la SIP, con sede en Miami.