La socióloga Elvira Cuadra, presentó un boletín de análisis político titulado “2021: año de la bancarrota política del dictador Daniel Ortega”, el cual expone el rechazo nacional e internacional a la farsa electoral del pasado 7 de noviembre orquestada por el régimen de Ortega y su mujer Rosario Murillo, con el fin de mantenerse en el poder por cinco años más.
El documento señala que el “2021 inició con la esperanza de la mayoría de la población de que las elecciones en Nicaragua ofrecieran una salida a las distintas crisis que atraviesa el país; pero Daniel Ortega, empecinado en su deriva autoritaria y su proyecto continuista, las convirtió en una gigantesca farsa rechazada por la ciudadanía y las fuerzas de la oposición ausentándose de las urnas y desconocidas ampliamente por la comunidad internacional”.
“Las elecciones que fueron vistas como un punto de inflexión tanto por la ciudadanía como por la comunidad internacional y el mismo Ortega, realmente no contribuyeron de ninguna manera a resolver la crisis sociopolítica que el país está arrastrando desde el 2018, y que se han superpuesto con otras dos crisis que son complejas: el manejo de la pandemia del COVID-19, y las consecuencias económicas de estas dos crisis combinadas”, declaró Cuadra en entrevista con La Mesa Redonda.
Para la socióloga se perdió la oportunidad de iniciar una solución a la crisis del país por “el empeño de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de continuar en el poder y de extender su mandato por un periodo más en la Presidencia y la vicepresidencia. Ese contexto complejo se va mantener por un tiempo en el 2022”, apostilló.
“No hay legitimidad de ninguna clase y la respuesta a Ortega departe de la comunidad internacional ha sido rechazo”, agregó.
A ello se suma que, en medio el año está cerrando con más de 60 nuevos presos políticos y el ataque sistemático a todas las agrupaciones opositoras, o simplemente independientes.
“Nicaragua ha sido convertida en una gigantesca cárcel donde los derechos ciudadanos no existen por la imposición de un estado policial. El afán continuista de Ortega y su mujer, Rosario Murillo, caracteriza el nuevo escenario político que se abrirá en el 2022 con su investidura presidencial, de manera que los movimientos prodemocracia deberán aprestarse a construir una unidad viable y desarrollar las estrategias para hacer avanzar su lucha en las nuevas condiciones”, apunta el documento.
Cuadra agrega que “Ortega dejó claro que está dispuesto a jugarse el todo por el todo, por eso no ha tenido empacho en aplicar niveles sumamente altos de represión y de violencia en contra de los líderes y del movimiento cívico en general”.
“La consecuencia inmediata de la imposición orteguista fue una lluvia de condenas y declaraciones de desconocimiento o críticas al proceso electoral nicaragüense desde el ámbito internacional, un rechazo que comenzó antes del 7 de noviembre. La Unión Europea, el Reino Unido, España, Canadá, Estados Unidos, Alemania y países latinoamericanos como Perú, República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Guatemala y otros se pronunciaron rechazando o desconociendo las elecciones. La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución donde señala que las elecciones no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática. Vale decir que la resolución se aprobó con 25 votos a favor y el único voto en contra fue del gobierno de Ortega, quien decidió retirarse de la OEA. Este proceso dura 2 años en concretarse, período durante el cual continúan vigentes todas las obligaciones y compromisos que Nicaragua tiene como Estado Miembro, además que tampoco detiene la eventual aplicación de la Carta Democrática”, destaca el informe.
LA UNIDAD QUE NO FUE
“La gente clamaba por la unidad de toda la oposición para enfrentar a Ortega en las elecciones, pero esta unidad no se concretó. En realidad, detrás de cada una de las alianzas electorales había estrategias e intereses diferentes, algunos contradictorios, que obstaculizaron la gran alianza democrática electoral que esperaba la ciudadanía. De manera que cuando Ortega arremetió contra la oposición, estaba dividida”, indica el boletín.
“Mientras en el terreno de la oposición todavía se identifican diferencias y posicionamientos diversos, del lado de Ortega no hay ninguna diferencia, para ellos todos son enemigos políticos y no adversarios, porque él lo ha dicho claramente, que está en una guerra, y a todos los trata por igual y de la misma manera”, manifestó la socióloga a La Mesa Redonda.
El informe expone que la Alianza Ciudadana, conformada por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), era el resultado de la conjunción de un partido liberal tradicional y una plataforma emergente de 2018 “bajo el control del gran capital”.
“La estrategia de CxL consideraba ser el único partido no entreguista que participara en las elecciones para captar el voto anti-Ortega sin necesidad de hacer concesiones a otras fuerzas políticas, ya fueran programáticas o en las listas de candidatos. En esa estrategia, CxL no se planteaba necesariamente salir de Ortega como condición para iniciar la transición, sino ganar las elecciones o bien, quedar posicionados como la segunda fuerza política nacional”, dice el documento.
Por otro lado, la Coalición Nacional “era un concierto cacofónico, que por su propio diseño y variopinta conformación en la que se encontraban movimientos emergentes en la insurrección cívica junto a partidos legales acostumbrados a vivir a la sombra del régimen, no fue capaz de desarrollar una visión y una estrategia coherente”.
“La mezcla de agrupaciones con estilos y objetivos distintos, así como la abundancia de aspirantes presidenciales alentó contradicciones que le impidieron impulsar eficazmente la unidad opositora”, añade.
Mientras que, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), “destacaba dentro de la Coalición agrupando a muchas de las fuerzas surgidas en el 2018, casi todas excluidas del proceso político y sin cabida en los partidos políticos legales existentes”.
“La lucha por la democratización implicaba para ellas, no solo salir de Ortega, sino también romper los diques legales y políticos que los habían mantenido excluidos e irrumpir en el escenario político y electoral con personalidad propia. La estrategia de la UNAB y otros, tenían como objetivo principal ganar las elecciones construyendo una amplia alianza política que no solo fuera capaz de derrotar a Ortega en las elecciones, sino también lograr el pleno desmantelamiento de la dictadura y la democratización del país posterior al proceso electoral. Todos los esfuerzos de la UNAB y la Coalición misma para formar una alianza política electoral con la Alianza Ciudadana fracasaron”, zanjó.
Al respecto, Cuadra llama a los movimientos cívicos de la oposición a “la reflexión y construcción de una alternativa política que sea más de unidad, de consenso, crear un frente amplio para el restablecimiento de la democracia en Nicaragua”.
Para la experta, el reto urgente de la oposición, debe ser emprender acciones que faciliten la liberación de los presos políticos y recomponer al movimiento cívico y fuerzas de la oposición.
2022: ENTRE VIEJOS Y NUEVOS ESCENARIOS
El boletín indica que para el 2022 “Nicaragua se enfrentará a un escenario complejo con elementos viejos, de arrastre, porque las elecciones no solucionaron nada y los grandes problemas nacionales continúan”.
Pero que, también tendrá “nuevos elementos porque el proceso político entró en una nueva etapa que demanda nuevas iniciativas y estrategias principalmente de las fuerzas de oposición”.
Después de las votaciones del 7 de noviembre permanecen como retos:
•La conquista de la democracia, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, justicia para las víctimas y la plena vigencia de los derechos ciudadanos.
•La profundización de la pobreza, el desempleo, y la falta de oportunidades; así como la desesperanza que está impulsando a miles de compatriotas a emigrar con un elevado costo de desintegración familiar.
•Una probable tercera ola de la pandemia de Covid 19 que golpearía al país ante la ineficiente gestión del régimen.
El documento concluye que “internacionalmente el régimen está más aislado que nunca y enfrentará nuevas sanciones, así como una reducción significativa de fondos; a nivel nacional ha sido rechazado por la población y sus bases políticas se encuentra muy debilitadas”.