Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes de que el régimen de Daniel Ortega ha “intensificado su táctica de represión” en el marco de la crisis política que vive Nicaragua desde abril de 2018.
“Las autoridades han intensificado su táctica represiva con una nueva oleada de arrestos en el periodo previo a las elecciones (de noviembre pasado) y, desde el 28 de mayo de 2021, han detenido a más de 30 personas sólo por ejercer sus derechos humanos”, señaló AI en un informe publicado hoy a propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
En su informe, AI recordó que Nicaragua lleva inmerso en una “grave crisis de derechos humanos” desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas controvertidas reformas de la seguridad social.
“El gobierno de Ortega respondió con una oleada de represión y medidas sin precedentes, que continúa hasta hoy, contra las personas disidentes”, indicó ese organismo humanitario.
Según AI, desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses “han huido del país”, mientras decenas de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, así como periodistas, “han sido amenazados, encarcelados, torturados y, en algunos casos, han desaparecido”.
“Las personas que defendían los derechos humanos eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecían recluidas al finalizar el año”, anotó.
ACOSO, CRIMINALIZACIÓN Y AMENAZAS
En el documento, AI señaló que las defensoras de los derechos humanos en Nicaragua “sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas” por parte de las autoridades y simpatizantes sandinistas.
Asimismo, sostuvo que “las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno”.
Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión.
En ese sentido, AI retomó las denuncias de los familiares de los presos políticos, que se han quejado de que el régimen no les permite ver a sus parientes en la prisión con periodicidad. También que se encuentran recluidos en condiciones “precarias, que sufren malos tratos y en régimen de incomunicación.
“Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron que algunas de las mujeres detenidas durante el año habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias”, según el informe.