La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (OACNUDH) Michelle Bachelet, pidió este martes una “reevaluación urgente” a las sanciones impuestas a algunos países, en vista de una repercusión negativa en el sector salud y derechos humanos, ante la actual pandemia del coronavirus.
Las sanciones “deberían atenuarse o suspenderse. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, declaró Bachelet este martes, desde Ginebra.
La alta funcionaria mencionó el caso de Irán, donde al menos 1.800 personas han fallecido ya a causa del covid-19, entre las cuales más de 50 médicos, y las sanciones repercuten sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.
También mencionó que, una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, estados que son objeto de sanciones, señaló Bachelet.
Sostuvo que “las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”.
Las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra las naciones usualmente comprenden embargo de armas, congelación de activos y trabas al comercio, así como castigo a funcionarios acusados de violar derechos democráticos, aunque permiten la compra de medicinas, insumos o alimentos.
“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, añadió.
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Agregó que a su vez, los países sancionados “deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población”.
Además, “deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”.
Cabe aclarar, que Bachelet no mencionó el caso de Nicaragua, país donde algunas instituciones del Estado, funcionarios y miembros de la familia Ortega Murillo han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, involucramientos en actos de corrupción y lavado de dinero.