El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) dijo que observa “con mucha preocupación” la situación que actualmente vive Nicaragua y que “está plenamente convencido que el país está atravesando por la instalación un terrorismo de Estado y de un Estado totalitario”.
En un declaración, el organismo argentino fundado por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, sostuvo que en la intención de instalar un terrorismo de Estado, nota “sobre todo el uso de la fuerza y la violencia, que en democracia solo se utiliza de forma extraordinaria y en los casos previstos por la ley”, pero que “en Nicaragua es el común que configura una situación de temor generalizado”.
“El terrorismo de Estado en Nicaragua es correspondiente al de las dictaduras más feroces del pasado latinoamericano, pues con actos dirigidos a personas concretas impone miedo a toda la población”, apuntó.
En ese sentido, CALIDH condenó la “instalación de este sistema perverso de ejercicio del poder que busca la ruptura moral de las personas a las que se dirige la represión, como forma de coaccionar y eliminar cualquier forma de activismo, de oposición y de disidencia”.
“El efecto de esta represión busca ser un castigo ejemplar para la sociedad en su conjunto a fin de que el temor se apodere de la población mediante el uso irracional y arbitrario de la violencia”, añadió.
El organismo también se solidarizó con todas las personas víctimas de la represión estatal “quienes no sólo son víctimas del patrón de censura, castigo y venganza por su oposición, sino que son ahora utilizados para que la sociedad se sienta en un estado constante de amedrentamiento”.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en las cárceles del país existen 46 personas detenidas por razones políticas. Entre estas seis son mujeres.
ETNOCIDIO DEL CARIBE NORTE
Asimismo, CALIDH condenó el “etnocidio del caribe norte que también hace parte del terrorismo de Estado que vive Nicaragua”.
“Mediante los intereses directos que tienen las autoridades en la expulsión de los comunitarios de sus territorios se convierten en cómplices de los colonos que se han convertido en brazos de la represión, en una especie de paramilitares en el campo que hacen parte del plan perverso de complicidad del gobierno de Nicaragua”, señaló.
“El desprecio por la vida de los comunitarios y la impunidad con la que se cometen los crímenes busca que los demás habitantes de estas comunidades y territorios huyan sin que el Estado haga nada. Una de las formas de terrorismo de Estado”, finalizó.