*Editorial de EL PAÍS
La escalada represiva desatada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja presidencial que gobierna Nicaragua, parece no tener fin. La orden de detención contra el escritor Sergio Ramírez, antiguo vicepresidente del Gobierno sandinista del propio Ortega y la figura internacional más reconocida del país centroamericano, es la última muestra de ella.
La Fiscalía nicaragüense, controlada por Ortega y Murillo como todas las instituciones del país que carecen de independencia alguna sobre el presidente y la vicepresidenta, acusa a Ramírez de lavado de dinero, bienes y activos, menoscabo a la integridad nacional y provocación, proposición y conspiración. Semejante retahíla de supuestos delitos está en línea con la persecución iniciada el pasado mes de junio y con la que Ortega quiere silenciar a cualquier voz crítica con su política en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre. En los últimos tres meses el régimen ha acumulado casi 40 presos políticos, entre los que destacan siete precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas históricos como Dora María Téllez, líderes de la sociedad civil y periodistas. Para ello, el Gobierno ha echado mano de unas leyes que aprobó el pasado año y que le permiten acallar a sus críticos con penas de cárcel.
Si pocas dudas había ya de la deriva autoritaria de Ortega y Murillo, la persecución contra Sergio Ramírez es la constatación definitiva de que no hay nada que les frene a la hora de reprimir o intimidar a la disidencia. El escritor, la voz nicaragüense más internacional, ha demostrado a lo largo de su vida ser consecuente con sus creencias y defensor a ultranza de ellas, bien sea luchando décadas atrás contra el dictador Anastasio Somoza de la mano de un Daniel Ortega en las antípodas de quien se ha convertido con el tiempo, o levantando la voz contra la deriva autoritaria de su otrora aliado sandinista. No queda nada ya de la fascinación que movilizó al progresismo internacional, o queda solo una caricatura patética y sangrienta.
Sergio Ramírez se convirtió en 2018 en una suerte de faro y defensor de las protestas que en abril de ese año golpearon al régimen y estuvieron encabezadas, en su mayoría, por los jóvenes nicaragüenses. A ellos les dedicó el Premio Cervantes que recibió entonces y sobre aquellos acontecimientos versa su última novela. Daniel Ortega y Rosario Murillo han decidido no perdonárselo. La orden de detención contra Ramírez, que desde hace unos meses se encuentra fuera de Nicaragua, pretende ser, a los 79 años del escritor, una condena para que no regrese nunca e impedir así la presencia simbólica y la acción real de una figura con una profunda convicción democrática y antiautoritaria, venga esta de donde venga.