Por José Bernard Pallais Arana
Cuba, Venezuela y Nicaragua están sometidas a regímenes totalitarios del mismo modelo de violaciones sistémicas y masivas a los Derechos Humanos; los tres son dictaduras electorales; si bien se organizan elecciones, el fraude institucionalizado mediante manipulación previa y permanente de todos los mecanismos electorales impide al pueblo el ejercicio de su soberanía mediante el voto, conculcando su derecho a elegir a sus autoridades y por ende de gozar de la democracia y de todos los derechos que solo ésta garantiza.
Sin democracia no existe medio apropiado para protección y realización efectiva de los Derechos Humanos, ese nexo fundamental quedó establecido desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el inciso tercero del artículo 21.
En mi país, los Derechos Humanos y la democracia continúan deteriorándose en forma acelerada, así lo consideró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su actualización del catorce de septiembre de este año, expresando: “No se ha observado progreso en la situación de Derechos Humanos” destacando que no se ha puesto en práctica las recomendaciones de su informe de 2019, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de cinco de octubre sobre Personas Privadas de Libertad en Nicaragua, resalta su seguimiento con especial atención al progresivo deterioro de la situación de los Derechos Humanos destacando: “las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y trasmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”.
El informe detalla las diferentes fases de la represión que sufre la población nicaragüense desde el 2018 incluyendo la actual, caracterizada por el cierre de los espacios democráticos, persistiendo la criminalización de las voces críticas al gobierno, bajo un contexto de completa falta de garantías de imparcialidad e independencia del sistema Judicial, donde igualmente se mantiene una situación de impunidad en favor los agentes del Estado involucrados en graves violaciones de Derechos Humanos como los crímenes de Lesa Humanidad denunciados en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Es de destacar las inhumanas condiciones de detención y los tratos crueles y degradantes observadas por la CIDH para los presos políticos nicaragüenses que estarán pasando otra navidad sin libertad.
Antonia Urrejola relatora de la Comisión para Nicaragua, en una reciente entrevista resumía el informe señalando que “en Nicaragua hay un estado policial con el cierre de todos los espacios democráticos” y que “no puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos”.
Todas las garantías constitucionales continúan suspendidas de facto en Nicaragua, ya no solo se criminaliza la protesta, se restringe incluso el derecho a la circulación, a la reunión bajo techo, y a la libertad de decenas de liderazgos opositores nacionales, locales y ex presos políticos quienes permanecen retenidos en sus casas para evitar que promuevan la organización de la oposición aglutinada en la Coalición Nacional. Bajo la doctrina de Seguridad Soberana, el Estado lo controla todo, con quien te reúnes, a donde te diriges, que hablas; incluso se está dotando de nuevas leyes para coartar la libertad de expresión en las redes sociales e impedir el financiamiento de las ONG´S que trabajan en la promoción de la democracia y en especial, de las dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, poniendo en práctica la consigna fascista todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado.
De acuerdo al seguimiento que la iniciativa Expediente Público ha dado al sector seguridad en Nicaragua, entre el 2008 y el 2020 el presupuesto asignado a la Policía comparado en dólares creció un 111% y el del Ejército un 85%, así mismo de 2007 a 2020 el régimen ha incrementado los mandos medios y altos de la Policía pasando de 188 a 492 con el objetivo de asegurarse su fidelidad para que estos actúen como verdaderos comisarios políticos en el desempeño de las tareas represivas que les han asignado.
A 11 meses de la fecha establecida para elecciones generales, en Nicaragua no existen condiciones habilitantes o un medio ambiente apropiado para considerar que son factibles unas elecciones justas, libres y competitivas, la oposición carece de oportunidad para organizarse y comunicar sus mensajes, la represión se ha desbordado. El conjunto de las consideraciones y preocupaciones contenidas en la resolución de la pasada Asamblea General denominada “RESTABLECIENDO LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA A TRAVÉS DE ELECCIONES LIBRES Y JUSTAS”, están pendientes de solución, por el contrario se ha incrementado el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos, el régimen de los Ortega Murillo incumple todos y cada uno de los elementos esenciales de la democracia representativa contenidos en la Carta Democrática Interamericana. No se avizora que pueda iniciarse negociaciones inclusivas y oportunas sobre reformas electorales significativas y consistentes con los estándares internacionales aplicables.
Para hacer posibles unas verdaderas elecciones habría que cumplir desde ya en forma gradual una serie de procesos que las viabilice, de lo contrario solo pueden conducirnos a la celebración de una nueva farsa al estilo del Castrochavismo.
La oposición en Nicaragua cree en la democracia, ha rechazado el uso de la violencia y está dispuesta a participar en elecciones bajo estándares democráticos internacionales, ya ha propuesto las líneas básicas de una reforma electoral profunda, pero el tiempo se agota, Ortega no cree en la democracia, no está listo y no está dispuesto a colaborar con la OEA en dar los pasos necesarios para que en el 2021 podamos salir de la crisis en forma cívica y democrática.
El fraude sistémico ha sido perfeccionado con medidas legales, exclusión e intromisión en conflictos internos de los partidos y restricciones que no permiten participar bajo reglas justas y equitativas, haciendo imposible hasta ahora una competencia equilibrada.
Considerando la interdependencia entre Derechos Humanos y paz, la falta de democracia en los regímenes del socialismo del siglo XXI no solamente aviva los conflictos internos y empobrece a sus naciones, sino pone en riesgo la estabilidad de toda la región, no solo porque quienes no respetan la dignidad humana son más propicios a generar conflictos violentos, sino también porque la democracia con sus elementos de Estado de derecho, balance de poderes, transparencia, alternabilidad en el poder y pluralismo político evita que amenazas como el terrorismo, la narcoactividad, el tráfico de personas, la corrupción y el crimen organizado en general prosperen, afectando las dictaduras, con sus efectos transnacionales a todo el continente.
La Carta de la O.E. A. y los Tratados y Documentos jurídicamente vinculantes de la organización han sido retados y hasta cierto punto superados por los regímenes que hoy analizamos sino se ponderan seriamente su naturaleza y las consecuencias de sus políticas. Esta realidad exige a las democracias de América un mayor compromiso con la defensa de sus principios y valores, ante el riesgo que las dictaduras vuelvan a imponerse en el continente.
Exposición presentada en conferencia virtual sobre Derechos Humanos y Democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua, el día 10 de Diciembre de 2020-.