La dictadura de Daniel Ortega negó la entrada a Nicaragua al sacerdote granadino Marlon Bodán, según denunció opositor y psicólogo nicaragüense Róger Martínez en su cuenta de X (antes Twitter).
“Los delincuentes y asesinos sandinistas acaban de rechazar el ingreso de mi coterráneo granadino Pbro. Marlon Bodán”, señaló Martínez en la red social.
Según detalló, el sacerdote regresaba de Costa Rica de “acompañar a su padre que sufre de un cáncer terminal”.
“Así de inhumano es el sandinismo, miserables ladrones y asesinos”, criticó Martínez.
Según informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?” de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, el régimen ha obligado a al menos 77 religiosos a abandonar el país a través de la expulsión o prohibición de retorno, desde que estalló la crisis sociopolítica en abril de 2018.
De los 77 religiosos desterrados 41 son hombres y 36 mujeres.
Juristas y defensores de Derechos Humanos consultados por La Mesa Redonda, señalaron que la dictadura de Daniel Ortega está cometiendo un crimen de lesa humanidad al prohibir a nacionales retornar a Nicaragua.
El jurista nicaragüense Uriel Pineda, experto en Derechos Humanos, aseguró que todo ciudadano tiene derecho a la “libertad de circulación que implica el derecho de entrar y salir del país cuando te plazca sin mayor impedimento” más que el uso de documento de viaje.
El jurista señaló que “la prohibición de ingreso al país es equiparable a un desplazamiento forzado, que es la prohibición o coacción hacia una persona de prohibirle estar donde tiene derecho a estar sin fundamento legal del derecho internacional de los derechos humanos. Eso significa que cualquier actuación arbitraria en ese sentido, es desplazamiento forzado”.
“Cuando desplazás a una persona es una violación al domicilio, pero si lo hacés como parte de una política de Estado o política de persecución o castigo a personas o familiares de personas que también han sido desplazadas o que sufren persecución, entonces ya no solo estamos ante una violación a derechos humanos, sino una continuidad de un crimen de lesa humanidad”, explicó Pineda, actualmente exiliado en México.
Por su parte, el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) apuntó que “los Estados no tienen facultad de prohibir el ingreso de sus ciudadanos porque hay un principio jurídico que establece que la ciudadanía es el vínculo jurídico con el Estado, eso genera la protección legal del Estado”.
“El actual estado del derecho internacional establece que no se puede prohibir la entrada de los nacionales, ni siquiera de aquellos que cometieron delitos. Migración no tiene la autoridad para rechazar a un nacional. La expulsión es ilegal y los motivos también son ilegales”, declaró el abogado residente en Argentina.
Ramírez-Ayérdiz llamó a las personas que han sido víctimas del orteguismo a informar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).