Diversos sectores sociales en Nicaragua han expresado su preocupación ante el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, que se ha traducido en el aumento del número de asaltos en las zonas turísticas y en las rutas comerciales que utilizan las empresas para distribuir sus productos en los diferentes departamentos.
Entre los sectores que expresan preocupación se encuentran diversas cámaras empresariales integrantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), cuyo presidente, José Adán Aguerri, destacó que se han reportado asesinatos que generan alarma.
Destaca el caso del peruano estadounidense, Jorge Raúl Ayala, de 78 años de edad, que residía en la isla de Ometepe, en el Lago de Nicaragua. Fue asesinado por varios sujetos que ingresaron en su residencia con la intención de robarle. Días más tarde, la policía informó de la detención de dos sujetos y de la recuperación de parte de lo robado.
“Por primera vez hemos visto un asesinato en la Isla de Ometepe, por lo que esto ha provocado una situación de alarma en el sector turístico de la isla, hemos conocido de muchos asaltos que se están dando, robos en diferentes balnearios del país. Está la inseguridad de las rutas de distribución y la inseguridad que se dio a partir del 2018 en la propiedad privada”, dijo durante una conferencia de prensa reciente el líder de la cúpula empresarial.
Además aumentaron las denuncias acerca del incremento de asaltos que también están ocurriendo en balnearios. También se han registrado robos en la ruta de distribución de productos que las empresas utilizan para abastecer a los departamentos.
Al mismo tiempo, el sector privado denunció que continúan las tomas de tierras en el interior del país, situación que comenzó desde el año 2018, en medio de la crisis política que todavía afecta a Nicaragua.
Según ha informado la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, se han producido al menos tres tomas de tierras en el departamento de León y en el norte del país.
La socióloga Elvira Cuadra explicó a la Voz de América que a partir de ese año 2018, el escenario de la seguridad ciudadana cambió radicalmente respecto a lo que sucedía hasta entonces.
“La policía ya no cumple con las funciones que tiene establecidas, se dedica más a las acciones de represión que a las actividades relacionadas con la prevención. Hay grupos paramilitares organizados que actúan con la complacencia del gobierno y total impunidad, hay una gran cantidad de armas de fuego, particularmente armas de guerra, que están en manos de civiles, particularmente de estos grupos paramilitares y que se han convertido en un instrumento de violencia”, explicó la experta.
Según Cuadra, otro elemento que ha aumentado la inseguridad ciudadana en el país es “el discurso de violencia y odio que se está manejado desde la presidencia y que promueve este tipo de comportamiento”.
Agrega además a estos motivos la liberación de al menos 2.000 reos comunes. Según Cuadra, algunos de los liberados continúan cometiendo actos delictivos.
*VOA