Tras tres horas de interrogatorio, el precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Félix Maradiaga salió este martes del Ministerio Público donde le notificaron que está siendo “investigado” por su actividad académica y como líder opositor.
“Fue un interrogatorio bastante amplio y ya queda claro que se está abriendo una investigación en dos direcciones; en primer lugar, una reapertura de todas las acusaciones del 2018, que es un rosario amplio que va desde ‘financiamiento del supuesto golpe, autoría intelectual del supuesto golpe’, las actividades del Instituto de Estudios Estratégicos que aunque está disuelto continúan investigando. Y además de eso, señalamientos nuevos en el marco de la Ley 1055 (Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz)”, declaró Maradiaga tras salir de la “entrevista”.
La ley mencionada, fue creada en diciembre de 2020 elimina cualquier aspiración a cargos públicos a quienes la justicia orteguista considere “golpistas” y deja abierta la posibilidad de sanciones penales.
“Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución política”, señala un artículo de la Ley.
Esta Ley asimismo penaliza a quienes “celebran sanciones de Gobiernos extranjeros”, convocan a protestas, financian o incitan a un “golpe de Estado”. El Código Procesal Penal de Nicaragua, que invoca esta controversial ley, impone penas de hasta 15 a 20 años por “terrorismo o financiamiento al terrorismo”, así como 10 a 15 años por “traición a la patria” e incluso 2 a 6 años a quienes comprometan “la paz”.
Maradiaga agregó que le hicieron muchas preguntas alrededor de su “activismo internacional”, sobre su rol como activista en el marco de la OEA, del Consejo de Seguridad de la ONU, una indagación “bastante amplia” de su récord migratorio, “preguntas de mis viajes alrededor del mundo en los últimos 10 años y la razón de cada uno de los viajes”.
Asimismo, le cuestionaron sobre las entrevistas que ha dado junto a defensores de derechos humanos de distintas partes del mundo y con ministerios del extranjero. También sobre las fuentes de financiamiento que han tenido diversas organizaciones de sociedad civil.
“Sabemos de que se está abriendo ya un proceso investigativo, estamos preparados para lo que viene y nosotros seguimos firmes en nuestro ánimo de organizarnos cívicamente”, dijo. “Yo ya he dicho que no tengo ninguna intención de rehuir a responder a cualquier tipo de proceso, tengo mi conciencia limpia, pero sí me aclararon que en este momento no han ningún fallo, así que técnicamente no estoy inhibido”, continuó.
Maradiaga, que fue director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), una organización allanada en septiembre de 2019 y a la que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le retiró la personalidad jurídica.
Maradiaga es el tercer aspirante a la Presidencia por la oposición en ser investigado por el Ministerio Público. Los dos primeros se encuentran detenidos.
La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, quien se encuentra recluida en su residencia desde hace siete días después de que una jueza ordenara su detención y el allanamiento de la vivienda por un caso de presunto lavado de dinero.
En tanto, Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de una gira por Estados Unidos, según el Ministerio Público, que lo investiga por los delitos de “provocación, proposición y conspiración en menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.