La junta directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) decidió no desembolsar al régimen de Daniel Ortega, 116.6 millones de dólares para financiar su proyecto BioClima, que es un plan para supuestamente reducir la deforestación en Bosawas y la biosfera de Río San Juan de Nicaragua.
“La Junta se ha asegurado de que el GCF no realice desembolsos con respecto a este proyecto hasta que se haya abordado satisfactoriamente todo el incumplimiento de la política pertinente”, reza un informe del Fondo Verde del Clima.
El Fondo Verde del Clima analizó el informe de “Revisión de Cumplimiento sobre el caso de Nicaragua”, y halló que “el desarrollo de la propuesta de financiación no cumple con las políticas y procedimientos” del organismo.
Además, solicitó a la secretaría que continúe suspendiendo la revisión del marco de monitoreo proporcionado por la entidad acreditada en relación con las condiciones de la junta, “hasta que la entidad acreditada haya abordado los casos de incumplimientos de la política a satisfacción de la secretaría de manera consistente con los acuerdos legales pertinentes”. La entidad acreditada por parte del FVC para este proyecto es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el Fondo Verde en los próximos días se conocerán los detalles de los incumplimientos en que incurrió en régimen.
El activista ambiental nicaragüense Amaru Ruiz, confirmó al diario La Prensa que el régimen consiguió un plazo de 120 días para subsanar el incumplimiento de los requisitos establecidos por el Fondo Verde para acceder al financiamiento.
En ese sentido, Ruiz señaló que ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Fondo Verde, el régimen orteguista “presionará a territorios indígenas y afros para obtener el aval social” y “presentará un supuesto cumplimiento aunque sea para maquillar su incumplimiento”.
Además, Ruiz informó que el régimen ya solicitó fondos a otra entidad por si el Fondo Verde le cancela su proyecto.
Desde que se conoció sobre este posible desembolso al régimen de Ortega, diversas organizaciones nicaragüenses le han pedido a la junta directiva del Fondo Verde no autorizarlo, pues este “no favorecerá a las comunidades indígenas, las perjudicará”.
Los organismos acusan al régimen de violar los derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe en Nicaragua.