El régimen de Daniel Ortega liberó bajo la medida de «convivencia familiar» 1,200 presos comunes en diciembre pasado para que pasaran la Navidad junto a su familia, entre esos reos está el principal cabecilla de una red narco y su hijo, Isacio Beltrán y Norlan Beltrán, quienes habían sido condenados a 42 años de cárcel por los delitos de Transporte Internacional de Estupefacientes, Crimen Organizado y Lavado de Dinero en el año 2016, así lo reporta el medio digital Obrera de la Tecla.
La red narco fue desarticulada bajo la llamada «Operación Jade», en la que fueron condenados 18 personas, incluidos los Beltrán, quienes formaban parte de una estructura del cartel de Sinaloa en México, que transportaba cocaína desde Costa Rica hasta Honduras.
Medios locales de Ocotal publicaron una fotografía de padre e hijo junto a dama, informando a la población sobre su liberación. «Don Isacio y Norlan con su familia. Isacio Beltran (El Gato) y su hijo Norlan Beltran están desde ayer junto a su familia tras recibir el beneficio del régimen de convivencia familiar otorgado por el presidente Daniel Ortega en ocasión de navidad junto a otros mil 290 presos y presas», dice la publicación con fecha 21 de diciembre de 2019.
Mientras que una nota de prensa publicada por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), señala: «En esta Navidad, más de 1,200 presos y presas del país regresaron a sus hogares junto a su familia, con el beneficio legal de convivencia familiar durante un acto realizado en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa», publicada el 23 de diciembre de 2019, en su sitio web. La misma nota recoge declaraciones de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, en la que califica el hecho como una «reivindicación».
Los Beltran fueron condenados en julio de 2016. Un tribunal de primera instancia condenó a Isacio a 42 años de cárcel, en la suma de la pena por los delitos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. La Fiscalía en su acusación, aseguró que esa agrupación liderada por Beltrán había lavado 1,747 millones de córdobas y 93 millones de dólares.
Para sostener su acusación, la Fiscalía presentó en el juicio como testigo a un funcionario de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE) de la Policía, quien aseguró que los procesados crearon pequeños negocios como distribuidoras, ferreterías en Estelí y Nueva Segovia con el fin de justificar el capital proveniente de la venta de droga, según publicaciones periodísticas basadas en el juicio.
En el juicio también fue presentado un informe financiero que indicaba que estas personas abrieron 36 cuentas bancarias distribuidas en seis bancos nacionales para realizar el lavado de dinero.
Luego la sentencia fue apelada y la justicia orteguista le bajó la condena a 30 años, por lo que tras ser liberado, solo pasó detenido 3 años.
Obrera de la Techa, destaca que antes del arresto de los Beltrán, en las cuentas de Facebook de sus familiares aparecía colgada una fotografía de Isacio Beltrán junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. La fotografía fue retirada de esa red social poco después de la captura. En ese entonces esa institución guardó silencio sobre las circunstancias en que el jefe militar se había fotografiado Beltrán.
Consultado al respecto, Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que la población es la víctima indefensa cuando el régimen orteguista otorga régimen de convivencia familiar a los delincuentes, y que esta es una situación grave en la que el Sistema Penitenciario Nacional “está delinquiendo”.
Cuevas recordó que en este caso la víctima es la sociedad nicaragüense y queda indefensa. Como ejemplo, comentó que conoce el caso de dos personas incluidas en ese listado de diciembre que estaban apresados por robo y uno de ellos, a pocos días de liberado, ya volvió a delinquir por lo que fue arrestado nuevamente.
Para Cuevas estas disposiciones también representan derroche del erario público, porque en estas operaciones que ejecuta la Policía el Estado invierte grandes cantidades de recursos para capturar a estas personas.
Cuevas destacó que estas personas liberadas por el régimen Ortega Murillo bajo este tipo de régimen penitenciario les representan “una cantidad de votos”, sin importarles que estas decisiones pongan en riesgo a la población que es potencial víctimas de los delincuentes que han puesto nuevamente en la calle.
El reglamento de la Ley 473 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena establece que los presos primarios con penas por la comisión de delitos graves, deberán haber cumplido con un 40 por ciento del régimen laboral, 20 por ciento del régimen semiabierto y diez por ciento del régimen abierto para que puedan acceder a la convivencia familias que representa un 25 por ciento.
Añadió que en los últimos días la población debe enfrentar la creciente delincuencia en el país, pero la Policía está dedicada a estacionar todo un día sus patrullas frente a las viviendas de los ciudadanos “o ponen en las rotondas una a dos patrullas o andan caravanas de patrullas viendo que no anden piquetes de gente ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse o andan dispositivos de centenares de oficiales para que cuiden un punto específico del Carmen”.
Otra opinión al respecto es la del abogado y exfiscal Boanerge Fornos, quien considera que “no es facultad de los Sistema Penitenciarios otorgar régimen de convivencia familiar eso le corresponde al juez de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria, lo que pueden hacer es tramitar y proponer a las personas que podrían darle ese beneficio previo cumplimiento de los requisitos.
“Están tomando decisiones que no les competen (…) La convivencia familiar debería otorgarse a las personas que han sido condenadas y han cumplido cierto período de tiempo”, dijo Fornos al medio digital.
Ante este escenario en el que las instituciones del sistema de justicia como el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía Orteguista están cooptadas y operan en contra de la ciudadanía que pretende hacer valer sus derechos constitucionales mientras que quienes cometen crímenes graves gozan de completa impunidad, es la ciudadanía quien termina “manos arriba y en riesgo” ante el Estado criminal.