*Oscar René Vargas / 09 de febrero de 2024
Este escrito es un homenaje a los 222 desterrados y desnacionalizados.
En Nicaragua, prácticamente no hay un solo día en el que integrantes de los principales anillos y/o los miembros de los círculos íntimos del Poder no abusen de sus atribuciones para fomentar la impunidad, sabotear el desarrollo económico, favorecer los intereses de la dictadura, practicar el tráfico de influencias, frustrar la voluntad popular, solapar la violencia de género, reprimir a la población, confiscar propiedades, perseguir por el hecho solo de pensar diferente, tratar de exterminar a los movimientos sociales, poner en libertad a delincuentes peligrosos, entre muchas otras maneras de dañar a la población nicaragüense. Al inicio de la alianza del régimen con el gran capital se desarrollaron una serie de privilegios para “los de arriba” y una red de complicidades y componendas.
Entre el 2007-2024 se han expandidos las grandes fortunas de los 210 multimillonarios de Nicaragua. El gran capital ha privilegiado el interés de sus empresas sobre las prioridades de la nación, han privilegiado el lucro empresarial a las demandas básicas de la población, al gran capital le interesa sus privilegios (por ejemplo, las exoneraciones) que la democracia. Al mismo tiempo, el desempleo, los bajos salarios, el incremento de la desigualdad y el alto costo de la vida se han traducido en una pérdida de confianza del público en la capacidad del régimen de gestionar el futuro del país. En ese contexto el régimen ha perdido base social y su capacidad de torsión/torcedura a la población. El régimen está desesperado por parar el proceso de implosión, es decir, se desarrolla por sus propios errores y desaciertos un proceso de autodestrucción.
A lo largo de los últimos años el régimen Ortega-Murillo han reformado y destrozado la Constitución para convertirla en un objeto para beneficio de la dictadura y permitir el control de los poderes del Estado, el sistema judicial, la Fiscalía, la policía, el ejército y los paramilitares. Los nicaragüenses han perdido los derechos constitucionales y el país vive de “facto” bajo estado de excepción. La población vive con una pistola en la cabeza para poder de reprimir y desarticular cualquier movimiento de protesta por mínimo que sea.
Tal vez resulte una tontería/necedad recordar que la alianza de la dictadura, el dinero y el gran capital construyeron, desde el 2007 a la fecha, un orden de dominación político-económico excluyente. Su forma de ejercer el poder de parte del régimen Ortega-Murillo ha sido no democrático, dictatorial y represivo. Entre sus armas preferidas de dominación encontramos la corrupción, el chantaje, la cárcel, la represión, el exilio o la mentira. Cada vez que el régimen se siente frágil toma medidas más desesperadas para aferrarse a su hegemonía.
Para la dictadura, cualquier estrategia es válida, si con ello se consigue el objetivo de mantener el control sobre los procesos de toma de decisiones. Sin rubor compran voluntades, ya sean militares, jueces, policías, sacerdotes, miembros de los poderes fácticos financieros y empresariales. Asimismo, se entronizan en las universidades, en las alcaldías y cuanto personaje sirva a sus intereses. Favorecen los poderes ilegales, que son poderes mafiosos.
Igualmente, controlan todas las instituciones, se asientan en el patriarcado, en su alianza con el gran capital financiero y empresarial. Los miembros del primer círculo de poder han creado una red de empresas que se ocultan bajo sociedades anónimas. Nada les es ajeno a la hora de aumentar su poder político y/o económico, favoreciendo una mayor concentración de la riqueza, poco preocupados por la economía de “los de abajo”. Y cuando se sienten amenazados patean el tablero político. Primero sus intereses. La política agresiva de la dictadura no es una estrategia beneficiosa para el país, en absoluto.
No olvidemos que la dictadura surge como una forma política para equilibrar y limitar, por un lado, el poder de la vieja oligarquía, de la burguesía tradicional y del capital financiero enfrentadas por cuotas de poder económico con las nuevas castas privilegiadas surgidas al amparo de la dictadura. Las plutocracias se protegen unas a otras, evadiendo confrontaciones en busca de la impunidad y utilizan el poder para esconder a los evasores fiscales.
El régimen ha contado con la complicidad y entreguismo –no gratuito desde luego- de los poderes fácticos que todo lo han permitido y avalado para cumplir con el objetico de poner todo al servicio de la dictadura y sus allegados, lo que ha permitido el dominio directo de todos los recursos naturales y de las propiedades de la nación, como consecuencia de cuan depredadoras leyes aprobadas que han permitido el atraco institucionalizado. Y ninguna de ellas han sido en beneficio de los nicaragüenses; todas, eso sí, favorecer el enriquecimiento ilícito y la corrupción de sus cómplices. En un mar de coimas e intercambio de favores, la mafia en poder, con sus respectivas pandillas, han gozado de todo tipo de apoyos, avales y complicidades.
El sistema judicial en manos de la dictadura, hace lo inenarrable para colaborar en la represión en contra de la población. La justicia está en sus manos, más allá de los jueces corruptos. Al mismo tiempo, la dictadura reprime a los medios y a los periodistas independientes. Es decir, controlan todos los medios de comunicación existentes. Persigue a las voces críticas que todavía están en el país. El discurso de que estamos avanzando hacia el “socialismo” es absurda. En el régimen Ortega-Murillo toda la vida pública de Nicaragua se ha convertido en un país de unos cuantos en el que el pueblo no existe.
A partir del 2007, el sistema judicial se convirtió en un poder al servicio de una minoría. Por ejemplo, para mantener el gran capital su influencia en ese poder se “maiceaba” a los funcionarios judiciales. Se establecieron vínculos centrados en la compra de lealtades, compra de conciencia. Se pudrió el Poder Judicial. Parte de la putrefacción ha sido también permitir el nepotismo, aunado/asociado a la corrupción.
La economía se centra en los bancos, las grandes empresas, en las corporaciones de la “nueva clase” orteguista, apoyados en los dirigentes sindicales blancos, en las mafias maderera, aurífera y en las empresas extractivitas, etcétera. Todos ellos se encuentran y luchan por mantenerse en la cúspide de la economía. La brecha de la desigualdad va aumentando todos los días. Menos ricos, pero con más plata, más concentrada, y todos los días más pobres y con menos plata.
La política económica de la dictadura ha favorecido la precarización laboral, el desempleo, el parasitismo financierista y doblegado a los sindicatos. El documento del FMI elogia al régimen por su política económica; sin embargo, Transparencia Internacional señala que la corrupción de las elites en el poder se incrementó a costa del empobrecimiento de un innumerable número de personas. La pobreza multidimensional limita los indicadores de educación, salud, nivel de vida y empleo de acuerdo a los datos oficiales,
No olvidemos la alianza que existe entre la cúpula de la dictadura y los diferentes círculos de poder con: el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de personas, las mafias de la inmigración, la trata de mujeres y los capitales ilícitos/oscuros; todos forma parte de la manera como los diferentes anillos del poder han podido incrementar su acumulación de capital, su enriquecimiento inexplicable. Al mismo tiempo, tratan de ocultar los nombres de los nuevos propietarios de las tierras y de las propiedades confiscadas/robadas a sus legítimos dueños, el objetivo es proteger los nombres de quienes de los que se han adueñado de las propiedades de manera ilícita y de la riqueza mal habida.
La conducta ilícita tiene como objetivo desestabilizar permanentemente al estado de derecho, entregarle una auténtica patente de corso a los miembros de los distintos anillos de poder y mantener a una clase capitalista parasitaria. Corrupción y política suelen ir de la mano, pero siempre acompañados por un aire de misterio que busca darle aires de legitimidad difusa y confusa. Lo cierto es que el crimen organizado ha afirmado su presencia en vastos espacios y capas de la vida pública y ha influido en los asuntos públicos y del poder.
Es decir, muchas son las formas que se manifiesta el poder de la dictadura Ortega-Murillo. No sólo se expresa bajo el imaginario dictatorial. También, los mecanismos de control social se ensanchan a través del “capitalismo de amiguetes” que avanza. Por otro lado, para sectores del Gran Capital, financiero y empresarial, la lógica/razón de la democracia pierde adeptos en pro de permitir el enriquecimiento inexplicable de la “nueva clase” con tal de asegurarse su propia seguridad individual y los beneficios que les proporcionan su alianza bajo la mesa con la dictadura. El apoyo silencioso, pero efectivo, a las políticas de militarización, policial y represiva de parte del régimen constituyen un punto de inflexión en el quehacer de los poderes fácticos financieros y empresarial.
El discurso del régimen gana adeptos. Así, la dictadura se legitima con el apoyo y/o silencio de la plutocracia y se reactiva la vieja máxima somocista: “orden y progreso” sostenida por una estrategia represiva basada en la policía, en los paramilitares y en los poderes judicial y legislativo. De esta manera los discursos de odio contra la oposición real tratan de arraigar a su base social, y a partir de ahí quieren anidar la estrategia sucesoria de la plutocracia dictatorial.
La crisis sociopolítica, la tendencia a la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de la clase media y de “los de abajo”, la corrupción generalizada y el mantenimiento de la represión indiscriminada están prefigurando situaciones más críticas para la población nicaragüense, cuya sobrevivencia está y será cada día más difícil. Creo que estos deberían ser los temas centrales que nos desvelen, que consumen el tiempo y los quehaceres de los liderazgos y sus asesores.
Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. Los estados mayores continúan empantanados en la visión “chiquitita” del liderazgo narcisista, que no resuelve nada de fondo. Esto es un triunfo del régimen. Ortega nos lleva de cabeza al colapso del país mientras los estados mayores de las diferentes corrientes de la oposición miran hacia las elecciones, ignorando la destrucción y la masacre de los derechos humanos. Hay que desarrollar una dinámica política más allá del tema electoral.
La mayoría de los estados mayores de los diferentes liderazgos de la oposición no ven o creen posible la implosión del régimen, apuestan por favorecer una “salida al suave”. La dictadura ha logrado inculcar que salida es electoral, por lo tanto, en los estados mayores prevalece una visión negacionista del actuar cotidiano de las termitas.