La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alentó al régimen de Daniel Ortega a permitir el retorno de los nicaragüenses varados en otros países por cualquier razón, incluyendo la pandemia de COVID-19.
El organismo alentó “a permitir el retorno de quienes están todavía a la espera en otros países”, con base en que “toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”.
Al menos 281 nicaragüenses permanecen varados en la localidad panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, y otros 80 entre la frontera de Guatemala y Honduras, según diversas fuentes, no obstante, se desconoce si hay otros en la misma situación en otros países, ya que a inicios de julio superaban los 1.500 a ambos lados del océano Atlántico.
OACNUDH dijo tomar nota del regreso de 46 nicaragüenses que hasta el viernes pasado pernoctaron por 11 días en la frontera de Guatemala con Honduras, en condiciones precarias, a la espera del permiso de ingreso por parte de Nicaragua.
Aunque la mayoría de los varados aparentemente logró que les permitieran el retorno, tras múltiples denuncias en redes sociales, los que viajan desde Panamá y Guatemala insisten a las autoridades de su país les permitan el ingreso de inmediato.
Aunque los de Chiriquí son asistidos por el Gobierno de Panamá, los que permanecen entre Guatemala y Honduras están viviendo de la caridad, ya que, al igual que todos los varados, perdieron sus medios de vida en el extranjero, afirmó la viajera Anielka Fernández.
“No tenemos nada, la mayoría ya no anda dinero, no tenemos techo, la comida nos la reparten hondureños que se han solidarizado, pero nos urge un baño, Nicaragua nos exige la prueba de COVID-19 negativa, pero es cara, hemos escrito diez, quince, 20 cartas, pero la embajada no da respuesta”, dijo Fernández a la agencia Efe, vía telefónica.
El régimen de Ortega recientemente estableció que solamente permitirá el ingreso a nacionales con certificado de COVID-19 negativo, que paguen su propio transporte desde el país de origen hasta sus casas, y que se sometan a 14 días de cuarentena.
Honduras ha informado a los nicaragüenses que el “corredor humanitario” establecido desde la semana pasada permanecerá abierto siempre que el régimen de Ortega autorice la repatriación.
Fernández sostuvo que el principal impedimento es el pago de la prueba de COVID-19, ya que el grupo, no tiene dinero para pagar entre 14 y 41 dólares que puede costar el procedimiento en Honduras.