El profesor nicaragüense Gabriel Putoy Cano de 47 años y exiliado en Costa Rica, expresó que teme ser extraditado hacia Nicaragua, pues una jueza orteguista giró una orden de captura en su contra, tras ser acusado por el delito de “obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua”.
Putoy, perdió un empleo formal en Costa Rica debido a que el sistema financiero en este país le cerró las puertas y su patrono tuvo que revocar su contrato, debido a la orden de captura en Nicaragua, algo que desconocía.
El profesor, un opositor activo al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, teme ser extraditado pese a que las leyes costarricenses lo impiden por su condición de refugiado.
Supo sobre su orden de captura después de visitar tres sucursales de Scotiabank Costa Rica para abrir una cuenta donde le depositaran su paga mensual por trabajar en el área administrativa de una agencia de limpieza.
Un ejecutivo del banco le explicó que al ingresar su nombre, el sistema generaba una alerta por una orden de captura en Nicaragua que no le permitía continuar, y, por tanto, no le podían abrir una cuenta bancaria.
Putoy le pidió entonces a su patrón que le depositara su salario en una cuenta de ahorro que tenía en el Banco Nacional de Costa Rica, pero tampoco recibió la transferencia.
Cuando el profesor, originario del barrio indígena de Monimbó, en la ciudad de Masaya, fue al Banco Nacional a consultar qué había pasado, le notificaron que iban a cerrarle la cuenta y que lo llamarían cuando tuvieran actualizado sus datos.
“A mí me dicen que me van a generar un débito de una sola transacción para que saque el dinero (ahorrado) en un cajero y luego avisarán cuando actualicen mis datos”, relató Putoy.
Putoy dijo que posteriormente le confirmaron que le cerraron la cuenta de ahorro porque había una alerta de búsqueda y captura en su contra desde Nicaragua.
El profesor, que fue encarcelado en julio de 2018 por participar en protestas contra el régimen de Ortega y fue excarcelado el 10 de junio de 2019 por una polémica Ley de Amnistía.
Se exilió en Costa Rica el 15 de diciembre de 2019 tras recibir amenazas de muerte de simpatizantes sandinistas, y el 21 de abril de 2023 las autoridades costarricenses le aprobaron el refugio, lo que le permitió buscar un empleo formal.
“El gran problema acá (en Costa Rica) es que esa alarma que se dispara cada vez que está mi nombre en un sistema, me está perjudicando personalmente, porque uno necesita vivir, cumplir con responsabilidades, trabajar para comer y pagar mis obligaciones”, lamentó el profesor, que está siendo asesorado por la Fundación Arias.
Putoy anunció que interpondrá su caso ante la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, y reafirmó su temor en ser extraditado a Nicaragua, como ocurrió recientemente con el nicaragüense Douglas Pérez Centeno, identificado como un opositor al régimen sandinista y que es acusado en su país como coautor de la muerte de una policía y un civil.
“Nos están dejando desprotegidos, porque el brazo de la dictadura nos está alcanzando sin problemas en Costa Rica y aquí (ya) no estamos seguros”, valoró.