*Editorial de La Prensa, publicado el 21 de abril de 2022 | Tomado de La Prensa
Pasó el cuarto aniversario del estallido de la rebelión cívica espontánea del 18 y 19 de abril de 2018, sin que dejara abierta alguna posibilidad de normalización de la vida política nacional, de todos los nicaragüenses.
El país se ve dividido políticamente en tres grandes partes: una que apoya al régimen, otra que lo adversa y la tercera que es indiferente y solo se esfuerza para sobrevivir en las difíciles condiciones económicas y sociopolíticas del país.
En los mandos del régimen no parece haber mayor problema. Con la suspensión —de hecho— de las garantías constitucionales y el ejercicio de un drástico poder policial respaldado por la fuerza militar, el régimen demuestra tener asegurado el control político y social del país. De vez en cuando aparece alguna disidencia, pero con más importancia mediática que estructural.
Económicamente tampoco el régimen parece tener alguna preocupación importante. Maneja bien la macroeconomía y disfruta de un satisfactorio financiamiento externo, particularmente del BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Paradójicamente, a pesar de las sanciones económicas externas el régimen está recibiendo más financiamiento desde el exterior.
Sin embargo, políticamente el país no está normal. No hay la buena gobernanza que se basa en una relación equilibrada del Estado con la sociedad civil, con la economía de mercado y las normas democráticas universales.
La verdad es que el régimen no debería estar satisfecho teniendo en la cárcel a una gran cantidad de presos políticos, decenas de miles de exiliados y prácticamente a todos los nicaragüenses con los derechos y garantías constitucionales suspendidos. Por mucho apego al autoritarismo gubernamental que se tenga, las lacras políticas mencionadas son factores objetivos de inestabilidad e inseguridad para quienes detentan el poder.
En realidad, inclusive le conviene al régimen asumir la iniciativa de un proceso gradual de distensión política, que conduzca a una verdadera normalización, arrancando con la puesta en libertad de todos los presos políticos mediante la anulación de las condenas judiciales o una amnistía general.
Por su parte, la oposición no debería plantearse objetivos maximalistas, como el derrocamiento del régimen, la refundación a corto plazo del Estado nacional o un nuevo pacto social.
Lo que necesita el pueblo de Nicaragua es la normalización política y social, el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales, que no haya presos ni perseguidos políticos y el restablecimiento del Estado de derecho y de la confianza nacional.
Además, que se devuelvan las personerías jurídicas a los partidos políticos de oposición y crear las condiciones para que las siguientes elecciones nacionales de acuerdo con la Constitución, sean libres, competitivas y sin exclusión de nadie.
No sería fácil hacer eso, porque las mentes políticas están polarizadas y atrincheradas. Pero es factible hacerlo. Y por ahora es lo único posible si se quiere una salida de interés nacional, o sea, de todos los nicaragüenses.