*POR EXPEDIENTE PÚBLICO
La aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento) tiene todo el control de las reformas y nombramientos de magistrados electorales en este decisivo 2021, un proceso que se abrió sin diálogo ni consulta y podría continuar así, expresaron con temor opositores y expertos constitucionalistas a Expediente Público.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a través del presidente parlamentario Gustavo Porras, presentó el 8 de abril una convocatoria al presidente Daniel Ortega y a los diputados a proponer candidatos a los cargos de siete magistrados propietarios y tres suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE), en un plazo de 15 días desde la publicación en el diario oficial La Gaceta. La resolución presentada por la Junta Directiva del parlamento será aprobada por el plenario legislativo el 12 de abril. Ese día se nombrará la Comisión Especial de Carácter Constitucional para asuntos Electorales, que será controlada por legisladores sandinistas.
Expediente Público conoció con fuentes legislativas que solo serán cambiados los magistrados electorales que tengan 75 años de edad o más, que serían dos de los actuales. También se nombraría a un tercer magistrado para llenar la vacante dejada desde 2018 por el entonces presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, quién fue forzado a renunciar tras ser sancionado por Estados Unidos señalados de actos de corrupción y fraudes en las elecciones nicaragüenses para favorecer la permanencia de Ortega en el poder.
10 fieles al FSLN y a Ortega
El CSE lo integran siete magistrados propietarios y tres suplentes, aunque desde que salió Rivas en 2018, funciona con nueve, todos fieles al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Lumberto Campbell es el operador principal del sandinismo en el poder electoral y es quien ejerce como vicepresidente pero ejerce el control político y administrativo en el poder electoral.
Sin embargo, aunque no se brindaron mayores detalles, particularmente de las reformas, el experto constitucionalista Gabriel Álvarez expresó que estas deben verse con “cautela positiva”, aunque no significa que se tomarán las decisiones que necesita el país. “Por lo menos se avanza en dilucidar las incertidumbres. Se abre un proceso que la sociedad nicaragüense y los actores políticos podrán hacer la fuerza para sacarle a Ortega las medidas necesarias”, dijo.
Álvarez dijo que “si no se hacen reformas que mejoren las condiciones actuales, jurídicas y políticas para que el pueblo tenga una mayor confianza en ir a las urnas, no se contribuirá en nada a solucionar esta crisis profunda, que puede empeorar, por lo tanto, hay que seguir exigiendo a Ortega que devuelva los derechos jurídicos de los nicaragüenses”.
La Junta Directiva del Poder Legislativo conformó una comisión especial para “revisión, estudio, consulta, informe y dictamen de los aspectos electorales” presidida por la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, y conformada también por los oficialistas Edwin Castro, Irma Dávila, Jenny Martínez y Wálmaro Gutiérrez, y dos diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Rosa Navarro y Mario Asensio Flórez, del Partido Liberal Independiente (PLI).
“No hay que esperar reformas óptimas y un consejo electoral completamente integrado por personas idóneas, imparciales y que respondan solo a los intereses nacionales y se someta únicamente a la Constitución, eso no va a ocurrir. (El presidente Daniel) Ortega va a tener una parte importante de magistrados y no va a aprobar las reformas que permitan un sistema electoral óptimo, pero si puede y debe aprobar reformas que permitan un espacio para contender y disputar el poder en noviembre”, explicó Álvarez, experto constitucionalista.
A pesar de contar con mayoría absoluta en el parlamento, dos tercios de los diputados, Álvarez cree que aún existe la posibilidad que Ortega integre en el Consejo Supremo Electoral a personas honorables, con conocido prestigio, independiente e imparciales que puedan contribuir a un mejor desempeño del sistema de votaciones y por lo tanto genere una mayor confianza y mayor participación ciudadana en el sufragio de noviembre de 2021.
Reformas serán lo acordado con OEA
El jurista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, explicó a Expediente Público que “no nos hacemos ilusiones, por la poca capacidad de incidencia (de la sociedad civil) y la falta del llamado al diálogo a la verdadera oposición como lo recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA) (en octubre de 2020)”.
En octubre de 2020, la Asamblea General de la OEA emitió una resolución que insta al régimen nicaragüense a “que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”.
“Estos movimientos no genera optimismo en la oposición por el control que tiene la dictadura sobre la Asamblea Nacional, no hay posibilidades de incidir porque para poder proponer solo lo pueden hacer los diputados o el presidente, no como en otros países que pueden proponer los partidos políticos y la sociedad civil. No es posible proponer personas de gran perfil, profesionalismo y perfil ético como es deseable”, continuó Pallais.
“El régimen va a actuar solo, tomando algo positivo si quiere o rechazándolo, eso nos hace pensar que no va a aprobarse lo que el país necesita, podría tratarse de una reforma meramente cosmética, aunque no la conocemos y se creó una comisión sin que la presentaran (el anteproyecto de ley de reformas). Para que podamos juzgar hay que esperar y leer”, refirió el jurista y parte de la Coalición opositora.
Para introducir una propuesta de reforma se requiere un tercio de diputados, por lo que solo el Frente Sandinista tiene posibilidades de hacerlo, “hay obstáculos reales para que sean escuchadas las propuestas de la oposición y la sociedad civil, únicamente queda la posibilidad abierta en proceso de consulta ciudadana una vez introducida la ley”, dijo Pallais.
La Asamblea Nacional la integran 92 diputados, sin embargo actualmente son 91 ya que el legislador Omar Halleslevens no asumió el curul debido a que ejerce como “asesor para asuntos específicos” de la Presidencia. El general en retiro Halleslevens se encarga de la administración de la Vicepresidencia, aunque el puesto legalmente es la Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega.
Dispuestos a “platicar” con partidos
La Coalición Nacional presentará la próxima semana de abril un proyecto de reformas electorales. Sin embargo, el viernes 9 de abril anunciaron estar dispuestos a conversar con los partidos políticos representados en el parlamento Nacional, para que tomen en cuenta las propuestas de candidatos a magistrados del CSE, en la negociación que iniciará el próximo lunes con el régimen de Daniel Ortega.
En conferencia de prensa, los opositores reconocieron que están “obligados a buscar” al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a la Alianza Liberal Independiente (ALN), el Partido Liberal Independiente (ALN), el Partido Conservador (PC) e incluso a la Alianza por la República (APRE), “para que se propongan a los candidatos a magistrados que la población ha planteado”, en base a consenso alcanzados desde hace meses.
“La Coalición Nacional está dispuesta a buscar consensos con otras fuerzas políticas y sociales sobre quiénes podrían ser las personas nominadas a magistrados del CSE”, afirmaron en un comunicado.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial independiente e integrante de la opositora Alianza Cívica, reaccionó en un video en Twitter al anuncio de la convocatoria de la Asamblea, y dijo que pueden haber solo dos caminos: unas reformas electorales profundas que lleven efectivamente lo que ha sostenido la oposición nicaragüense en su conjunto y la resolución Asamblea General de la OEA para que sean reformas para crear un sistema electoral con estándares internacionales o que sean cosméticas “que es probablemente el camino que tomará la dictadura”.
Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), demandó que esto sea “en consulta vinculante con los organismos de la sociedad civil para que puedan discutir en el seno del parlamento quienes son los hombres y mujeres con capacidad y actitud para optar a los cargos de magistrados y respeten la voluntad popular”.
“Mi criterio es que mientras no haya reformas electorales conforme lo establecido en la resolución de la OEA y si no se crean las condiciones habilitantes no cambia en nada el funcionamiento del CSE”, sostuvo María Asunción Moreno, representante de la Alianza Ciudadana.
Luis Fley, precandidato presidencial por la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y miembro de la Coalición Nacional, ve la convocatoria como “una oportunidad para presentar a personas honestas, con buenos antecedentes, creíbles para población porque el CSE no tiene credibilidad ante la opinión pública nacional e internacional y solo con magistrados confiables se puede recuperar la confianza”.
“Vamos a explorar la posibilidad de presentar candidaturas y encontrar diputados dispuestos a colaborar en que se contemplen personas de gran cualidad, el hecho que se proponga es para ser considera porque los votos para ser aprobados solo los tiene el Frente Sandinista”, sostuvo Fley.
Prioridad es unirse
El experto constitucionalista Gabriel Álvarez recomendó a la oposición unificar sus criterios al menos en este tema de nombramientos y reformas electorales y ponerlos como máxima prioridad. “No permitir que sectores de oposición propongan candidatos por razones distintas a los intereses del país y los valores constitucionales, hay que apartar diferencias y una vez que se apruebe este proceso seguir dilucidando alianzas electorales, candidatos y programas”, sintetizó.
Los sectores de la oposición “deben reconocer el rol que juega el otro”, asegura Álvarez. Algo que no es complicado, porque hay consenso que la oposición extraparlamentaria es la que tiene más reconocimiento desde hace muchos años y sobre todo desde abril de 2018, “pero esta oposición extraparlamentaria tiene que superar sus contradicciones con los partidos políticos tradiciones y comprender que la institucionalidad y la legalidad impiden su participación (electoral)”.
Por otra parte, “los partidos tradicionales deben reconocer que no gozan del mayor prestigio, lo mejor que pueden hacer es recoger las demandas que se gestionan sobre todo con los dos bloques más reconocidos que son la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, para establecer contactos y llegar a acuerdos que permitan darle esperanza al pueblo nicaragüense de que estas demandas más allá de los intereses partidarias llegarán al parlamento, si eso no se logra eso será un mensaje casi lapidario y un balde de agua fría, porque demostrará que los líderes de la oposición no se encuentran en capacidad de ser una opción al pueblo nicaragüense”.
La aprobación del nombramiento de los siete magistrados del CSE será en los próximos 15 días. Una vez concretado este paso, Ortega y el FSLN presentará una propuesta de reforma a la Ley Electoral, que será discutida solo con los partidos con representación en el Parlamento nicaragüense, dejando excluidos a los partidos con personería jurídica que son parte de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana.