*Por República 18 y Onda Local
Esteban Quezada llegó a Costa Rica en 2015. Tenía 27 años. Él buscaba en este país lo que no pudo en Nicaragua, una mejor vida para él y su familia. Su intención era trabajar duro, en lo que le saliera, para mandar dinero a la familia y construir la casa. Ha trabajado de mesero, guarda de seguridad, jardinero y en un supermercado chino.
Quezada tiene su diploma de bachiller y dos años de arquitectura en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), pero no ha podido continuar sus estudios. Esto le ha impedido conseguir un puesto de trabajo regular. Según Estaban, la mejor vida que quería para él y su familia, no la logró en Costa Rica, por eso se fue a Estados Unidos.
Su última experiencia laboral en Costa Rica fue en 2021, en un supermercado chino ubicado en Desamparados, cantón cercano a la capital costarricense. En todos los trabajos que tuvo nunca un empleador le ofreció asegurarlo. Al llegar al supermercado pensó que por fin podría cotizar para la Caja Costarricense de Seguridad Social, pero no ocurrió. Los dueños le dijeron que «no podía estar asegurado hasta que cumpliera los dos años laborales». En ese trabajo, relata, también recibía tratos humillantes y amenazas de despido. Aunque nunca llegaron a golpearlo, como le ocurrió en agosto pasado a dos trabajadoras nicaragüenses en una de las tiendas de la compañía SYR en San José, también de propietarios asiáticos.
Cuando Esteban decidió renunciar en el supermercado no le pagaron ninguna prestación por el año trabajado, mucho menos sus vacaciones. Esa situación laboral provocó varios problemas de salud física en él, estuvo además casi tres meses con depresión, hasta que decidió irse de Costa Rica en octubre de 2021 con rumbo hacia Estados Unidos, donde se encuentra actualmente trabajando en una tienda de servicios en Miami. «Me ha ido bastante bien, gano lo suficiente y poco a poco voy construyendo mi casa en Nicaragua. También he ido aprendiendo el inglés porque te abre más puertas en este país», dice con un tono de orgullo. La historia de Esteban no es diferente a la que sufre la gran mayoría de personas nicaragüenses en Costa Rica.
El sindicalista Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) de Costa Rica, sostiene que “en el país las violaciones a derechos laborales, económicos y sociales son más acentuadas cuando se trata de población trabajadora migrante. Eso es una realidad constatable, sobre todo con los nicaragüenses”.
A criterio de Vargas, Costa Rica ha basado su desarrollo socioeconómico en los últimos tiempos «a base de explotar la mano de obra migrante». «Existe una poderosa tendencia empresarial a creer que, al contratar la mano de obra migrante, el empresario se libera de cumplir los derechos laborales que están establecidos en nuestro país», comenta el sindicalista.
Para Didier Leitón Valverde, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap), en el tema laboral la situación para las personas nicaragüenses es muy difícil y compleja por todo a lo que se enfrentan. “Existen algunos empresarios que creen y tienen una visión que a lo que vienen los nicaragüenses es a pedir limosna. Creen que con darles trabajo ya les están haciendo un gran favor. Hay una gran violación al tema de los derechos de los hermanos de Nicaragua”, reconoce.
Leitón, quien también es empresario bananero, asegura que “es indignante esta situación porque los nicaragüenses son buenos trabajadores. También hay empresarios que se aprovechan de que algunos de estos trabajadores migrantes no tienen los documentos al día y entonces no les pagan sus beneficios sociales, por ejemplo: el derecho al aguinaldo, derecho a vacaciones, sus feriados, su seguridad social y sus prestaciones sociales cuando los despiden”.
Y es precisamente en las plantaciones agrícolas donde se vulneran los derechos de las personas migrantes. “En estos monocultivos se mantienen condiciones de explotación y las empresas que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, sostiene Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (Fentrag).
Costa Rica cierra puertas a “migrantes económicos”
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, declaró el pasado 16 de noviembre que su país implementaría nuevas medidas migratorias para restringir el ingreso de extranjeros que «migran por razones económicas», bajo el argumento de que se abusa del sistema de refugio costarricense y que la comunidad internacional no ha colaborado económicamente lo suficiente. Las declaraciones del mandatario provocaron un descontento social en la población migrante y un rechazo por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El sindicalista Vargas considera las declaraciones del mandatario como «xenofóbicas y de un falso nacionalismo», porque está registrado que gran parte de la producción nacional de Costa Rica no sería exitosa si no hay mano de obra migrante, principalmente la de los nicaragüenses. «Hay que tener claro que la mano de obra migrante, sobre todo en producción agrícola, es vital para que Costa Rica pueda exhibir sus altos niveles de cifras macroeconómicas en cuanto a productividad», comenta desde sus oficinas en la capital tica.
Entre las principales violaciones que sufren los trabajadores migrantes, según Vargas, está la falta de libertad sindical, es decir que no pueden sindicalizarse porque si no son despedidos; el no pago de horas extras o someter al migrante a labores extenuantes; no declararlos ante la seguridad social para no pagar las responsabilidades con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); así como someterlos a trabajos insalubres e inclementes ante el clima.
Urge terminar con el modelo neoliberal “transa” que cosifica a las personas migrantes
La ex Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, advierte que la concentración de la fuerza laborar nica en los sectores agrícolas y servicio, ha conllevado a percepciones erróneas.
“La gente está viniendo a trabajar a estos monocultivos porque el pequeño productor (en Costa Rica) se eliminó. Hay que luchar en ordenar pacíficamente, pero en concreto, cómo vamos a manejar el tema migratorio y en cifras, sin que nos digan que estamos desplazando mano de obra nacional”, expuso.
La exrelatora de la ONU considera urgente terminar con el modelo neoliberal “transa” que cosifica a las personas migrantes desde el momento que se concibe producir a bajo costo con migración irregular.
Añade que es importante que las personas migrantes se encuentren informadas sobre los derechos que cuentan en el país de acogida, pero también, los patronos tienen que cumplir con sus obligaciones como tal.
“El tema es que las personas no pueden aceptar ser contratadas así no más, porque esto siempre está vinculado con abusos y explotación, las personas tienen que estar bien informadas y no hay suficiente información”, agrega Rodríguez Pizarro.
La ex Relatora Especial de la ONU también asegura que es “bastante importante” que se siga documentando y sacando a la luz casos de explotación laboral que ocurran en Costa Rica, ocurridos principalmente en las zonas agrícolas como piñeras y también en zonas urbanas, como el ocurrido el pasado mes de noviembre en las tiendas SYR, cadena que distribuye ropa en la capital costarricense.
Las personas migrantes que trabajan en el país contribuyen en un 12% al Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, revela un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Trabajo (OIT). El informe, publicado en 2018, detalla que casi ocho de cada 10 migrantes provienen de Nicaragua, es decir la mayoría.
También se encuentra en el vecino país una presencia importante de personas colombianas y estadounidenses, señala el estudio. Aunque en el último año hay una gran cantidad de personas venezolana en ruta a Estados Unidos, país que les cerró las puertas el pasado 12 de octubre, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo, denunciaron quienes defienden derechos humanos.
La OCDE y la OIT indican que el impacto de la migración no es sencillo porque depende del contexto de cada país y de sus condiciones socioeconómicas. Pero revelan que en cualquier país se puede maximizar dicho impacto “mediante la mejora de las políticas de gestión e integración de los migrantes, para que se les permita invertir legalmente y contribuir a la economía de donde trabajan”.
La histórica migración de Nicaragua hacia Costa Rica
Aunque no hay una cifra concreta, los cálculos apuntan a que en Costa Rica se encuentran viviendo por lo menos 400 mil nicaragüenses. Otros datos señalan que son más de medio millón. Pero la cifra popular, sin evidencia alguna, es que ya se alcanza el millón de compatriotas en el vecino país del sur.
Para la socióloga y académica, Karina Araquistaín, la migración de la población nicaragüense hacia Costa Rica forma parte de las relaciones históricas entre ambos países. “Pero fue en la década de los años noventa que comenzó el movimiento más amplio de nicaragüenses, que ha influido en las estructuras económicas, sociales y culturales de la sociedad costarricense. Eso es innegable. Tenemos vínculos estrechos desde siempre”, menciona.
Por su parte, Manuel Orozco, director de la división de Migración, Remesas y Desarrollo del organismo Diálogo Interamericano, cifra en 348,217 la cantidad de personas nicaragüenses viviendo en Costa Rica. Sin incluir a personas menores de edad. Los datos son resultado de una investigación y encuesta realizada por el organismo con el que trabaja. El analista agrega que la migración nicaragüense hacia Costa Rica ha tenido seis ciclos y la mayoría están vinculados a vaivenes políticos.
El primer ciclo se da a consecuencia del terremoto en Managua (1972-1974); el segundo por la guerra civil (1977-1980); el tercero por la Revolución Popular Sandinista y la guerra de la Contra (1981-1989); el cuarto por la etapa de reconstrucción y pacificación (1990-2000); el quinto se da por la atracción de la modernización económica de Costa Rica y su requerimiento de mano de obra (2001-2017).
El sexto ciclo es el más reciente de la migración desde Nicaragua y ocurre tras la crisis de abril de 2018 hasta el presente. Estos seis ciclos están recopilados en el estudio denominado: “Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica: Vulnerabilidad e implicaciones de su integración”, publicado en abril de este año por el organismo Diálogo Interamericano. El documento señala que, para esta época, muchos de la generación de los ´terremoteados’ han envejecido o fallecido. Mientras que la generación de la guerra civil también está gradualmente desapareciendo.
Trabas en la entrega de documentos
Nelson Zeas Paz llegó el 1 de septiembre de 2018 buscando refugio en Costa Rica debido a la persecución política que recibía por oponerse al régimen durante las manifestaciones cívicas de ese año y, además, por luchar desde 2013 con el Movimiento Campesino de Nicaragua en contra de la construcción del Canal Interoceánico, que pretendía pasar sobre sus tierras. Nelson tuvo que cruzar por trochas a territorio tico junto a otros líderes campesinos.
Él se asentó, junto a otras personas campesinas en un campamento coordinado por la líder de este Movimiento, Francisca Ramírez, en Upala, zona norte de Costa Rica. Participó de varios espacios formativos brindados por organismos y centros académicos independientes. En cuanto llegó solicitó refugio. Luego de varios meses de espera le entregaron su carné de solicitante de esta condición.
Pasaron más de tres años y no recibió el estatus de refugiado. Solicitó a la Unidad de Refugio la renovación de su carné y el permiso laboral. Pero la respuesta que recibió por parte de las autoridades fue desesperanzadora: debía esperar ocho meses para que se lo renovaran, demasiado tiempo de espera para poder trabajar», cuenta Nelson, originario de El Fajardo, San Miguelito, Río San Juan.
El activista, de 28 años, tampoco logró conseguir mucho trabajo en Costa Rica. Así que decidió irse hacia Estados Unidos, donde se encuentran algunos de sus familiares. «Fue una decisión difícil de tomar, porque no tenía documentos para poder coger un avión en San José y evitar el peligro de pasar por Nicaragua. Fue muy riesgoso para mi integridad personal. Aun así, después de semanas de pensarlo y buscar ayuda, tomé la decisión», cuenta.
El 10 de julio de este año, después de consultar con ocho coyotes, Nelson tomó unas pocas cosas, las metió en una mochila vieja y emprendió, al igual que decenas de personas solicitantes de refugio, su camino hacia Estados Unidos.
«Al entrar a mi país me sentía emocionado, porque estaba poniendo el pie en mis tierras, después de casi cuatro años estaba otra vez en mi patria. Al mismo tiempo sentía todo el temor de un aparato criminal encima, atento al más mínimo descuido y que me pudieran capturar. Entré a Nicaragua como un ladrón, de noche y sin que nadie lo supiera, incluso ni mi familia. Y salí de mi país nuevamente de noche como un ladrón», relata.
—»Me dolió tanto no poder ver a mi madre, mi hermano y mis abuelos», cuenta el líder campesino desde San Francisco, California, con una evidente nostalgia.
A Nelson le preocupan sus compatriotas porque, dice, que el tardío proceso de migración para resolver los casos de refugio no les permite a las personas acceder a un trabajo. «Yo creo que la situación laboral para los migrantes en Costa Rica es muy difícil. En algunos trabajos se aprovechan de la situación de nosotros los refugiados o migrantes, pagando hasta salarios mínimos», comenta un tanto molesto.
Desde que iniciaron en abril de 2018 las manifestaciones sociales en contra de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, miles han tenido que huir del país ante las represalias políticas. En su mayoría se movilizaron con destino a Costa Rica. La Dirección General de Migración y Extranjería tica registra que desde 2018 hasta la actualidad ha recibido 222.056 solicitudes de refugio, de las cuales el 96% provienen de nicaragüenses, cubanos y venezolanos.
De esa cantidad 172.689 se encuentran aún pendientes de resolver. La institución migratoria ha detectado también que entre un 80% a un 90% de las personas que solicitan refugio no califican dentro de la definición de esta protección internacional. Hasta septiembre de 2022, de los más de 150 mil nicaragüenses solicitantes de refugio, un poco más de 4,000 han recibido su estatus oficial de refugiado, un 2.4% del total de solicitudes.
Las autoridades migratorias han manifestado que esta ola de personas ha sobrepasado sus capacidades, por lo que el nivel de respuestas no ha sido ágil. Ante esta situación, activistas sociales y políticas han criticado en diferentes ocasiones las limitaciones que tienen debido a la tardía entrega de un documento, sobre todo cuando sus casos reúnen todos los requisitos para recibir el estatus de personas refugiadas.
Nicaragüenses realizan labores que costarricenses no quieren
Las personas nicaragüenses no llegan a Costa Rica a quitarle el trabajo a nadie. Usualmente, trabajan en los sectores donde las personas ticas, en su mayoría, no quieren. Las personas migrantes tienden a trabajar jornadas más largas, consiguen trabajo en lugares donde no demandan mano de obra calificada, en sectores que registran un alto grado de empleo informal. El servicio doméstico, la agricultura y la construcción, son los sectores que más mano de obra migrante registran, revela el estudio: «Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica», realizado por la OCDE y la OIT.
En cuanto al perfil de las personas migrantes, según el informe, es probable que se enfrenten a más retos porque tienen menos acceso a determinadas ocupaciones. El ingreso laboral es en promedio más bajo entre los trabajadores migrantes que entre los trabajadores costarricenses.
“El ingreso de los trabajadores originarios de Nicaragua equivale al 60% de los salarios que ganan los trabajadores autóctonos. La diferencia de ingresos entre los trabajadores inmigrantes y los autóctonos es mayor en el caso de las mujeres. Dado que el promedio del ingreso laboral de las mujeres es menor que el de los hombres en general, las mujeres inmigrantes se enfrentan a un reto doble”, indica el documento.
Para Noortje Denkers, especialista de Migración Laboral y Movilidad Humana de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, la agencia de Naciones Unidas nota con mucha preocupación que el número de personas que está atrapada en la esclavitud moderna laboral va en aumento y siguen siendo las mujeres, niños y niñas quienes están más vulnerables ante esta situación.
A criterio del especialista, cuando se ve “desde la óptica migratoria el trabajo forzoso es mucho más frecuente. Las personas migrantes tienen tres veces mayor riesgo de trabajo forzoso. Las cifras muestran que, de cada 1.000 migrantes, 13,8% están en trabajo forzoso”.
Explotación laboral persiste contra migrantes
Precisamente, en una visita de diez días a Costa Rica, Tomoya Obokata, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, señaló que, aunque en ese país hay avances para combatir el trabajo forzoso, todavía persiste en varios sectores productivos como la agricultura y el trabajo doméstico, donde se encuentra mayoritariamente una mano de obra nicaragüense.
Obokata destacó que las formas contemporáneas de esclavitud son una realidad en diversos sectores de la economía tica y hay grandes desafíos que deben enfrentarse con la mayor urgencia. “Costa Rica debe fortalecer sus marcos normativos, mejorar la inspección del trabajo, garantizar el acceso a justicia a las víctimas y asegurar la transición de trabajadores informales a la economía formal”, puntualizó en su declaración final el experto.
Durante la visita, realizada apenas unos días después de que se viralizó el vídeo de la salvaje agresión a dos mujeres migrantes nicaragüenses en una tienda de propietarios chinos, Obokata examinó casos de explotación laboral, trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura, la agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico.
El sindicalista Albino Vargas se pregunta cómo van a quedar los derechos laborales, económicos y sociales de los migrantes “ahora que Costa Rica quedó desnudada como un país donde hay esclavitud laboral. Y lo dicen las Naciones Unidas, no lo dicen los sindicatos. Eso es todavía más preocupante”.https://www.youtube.com/embed/s1FsnW3nw4c?feature=oembed
Una mano de obra necesaria
Didier Leitón, secretario general de Sitrap, dice que conoce muy bien la situación que se vive en las plantaciones, principalmente con los trabajadores nicaragüenses, donde siente que hay una cultura de discriminación. “Yo soy obrero bananero desde hace muchos años y creo que, si no tuviéramos acá a los hermanos nicaragüenses trabajando, mucha de la fruta nuestra se perdería. No se podría cosechar”, cuenta.
“Si alguien dice que los nicaragüenses son una carga, son personas que lo dicen sin conocimiento de causa. No se dan cuenta de cuántos nicaragüenses hay en la piña, cuántos hay en el banano, cuántos hay en la caña de azúcar, cuántos en la palma, cuántos en la recolección de café, en la construcción, en el transporte. Los nicaragüenses son una mano de obra extremadamente necesaria en este país”, agrega el empresario y sindicalista.
«Sabemos que hay mucho migrante nicaragüense que está viniendo sin ninguna dirección y que muchas veces son engañados en el camino para meterlos en algunos trabajos difíciles, sin las condiciones necesarias y con salarios precarios», afirma Óscar Cruz Morales, secretario general de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC).
El activista laboral señala que los migrantes económicos no se vuelven una carga para el Estado. «De hecho, hay muchos trabajos en el país que por el esfuerzo que demandan los costarricenses no los hacen, quienes los hacen son los migrantes y en su mayoría nicaragüenses. ¿Por qué vamos a pensar que son una carga? Si son personas que están laborando y pagando su propia carga social».