Las tres polémicas normativas legales promovidas por el orteguismo en Nicaragua en los últimos 15 días conforman un “combo explosivo” que mina los derechos humanos y ciudadanos, aseveran sus críticos.
“Nos han recetado un combo explosivo. Es una máquina que nos está aplastando, una maquinaria contra los derechos ciudadanos”, opina Asunción Moreno, abogada, jurista y académica miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre los últimos pasos legales del orteguismo.
La fracción orteguista, que controla la mayoría del Parlamento y respalda al dictador Daniel Ortega, introdujo en la segunda quincena de septiembre dos proyectos que pretenden regular el financiamiento foráneo de organizaciones civiles – Ley de Regulación de Agentes Extranjeros- y censurar a los medios digitales – Ley Especial de Ciberdelitos-.
El mismo Ortega propuso a mediados de mes la instauración de cadena perpetua contra crímenes de odio a propósito del asesinato y violación de dos niñas de Mulukukú, cuyas penas enfiló hacia sus opositores.
“Ellos quieren ya seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción, más destrucción que la que provocaron ya en abril de 2018. No son nicaragüenses, son hijos del demonio y están llenos de odio”, manifestó.
Moreno valora, en conversación con la VOA, que el orteguismo aspira a “no dejar en pie” libertades básicas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, como la de asociación civil y de expresión.
“Este combo normativo eleva el recrudecimiento de la represión ciudadana y reducir espacios de personas que pensamos diferente y que pensamos una Nicaragua democrática”, diagnostica.
Especial atención le merece la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que aún no se ha debatido en la Asamblea Nacional. La norma propone que las organizaciones y personas que reciban recursos de origen foráneo no participen en las políticas internas de Nicaragua, pues, de lo contrario, se exponen a multas, confiscación de bienes, congelación de cuentas bancarias y cárcel.
Insiste en que Ortega y sus aliados buscan “paralizar a la ciudadanía” mediante la fiscalización estricta de los fondos que podrían usarse en la campaña de 2021.
“Va dirigida a inhibir de cara al proceso electoral. Ortega está eligiendo a los grupos que él quiere que vayan a la boleta. Es una violación de todos los derechos que se regulan, como los electorales”, dijo.
Indica que la gravedad del contenido de la ley sobre “agentes extranjeros” no tiene antecedentes similares en el continente americano.
“Tritura la Constitución política. Es súper amplia, cubre a universidades, donaciones de iglesias, cámaras empresariales, de las organizaciones civiles. Ves el combo de aspecto de ‘aquí nadie se me escapa’”, explica Moreno, tajante.
“Absurdo jurídico”
La estrategia legal de última hora en Nicaragua forma parte “un proceso de venezolanización o cubanización” de los controles sociales, según Jorge Alberto Mendoza, vocero de la ONG Coordinadora de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua, Codeni, en referencia a los avances totalitarios en esos países.
“Estamos sumamente preocupados”, dijo a la VOA, antes de subrayar que existen al menos 6.000 organizaciones de la sociedad civil en el país centroamericano, que estarían sujetas a la ley de “agentes extranjeros”.
“Es una abierta violación a los derechos fundamentales. Es un absurdo jurídico, que no cumple con los principios básicos de toda legislación moderna, de la racionalidad jurídica y la proporcionalidad”, afirma.
Mendoza destaca que las organizaciones civiles de Nicaragua abrazan el principio de rendición de cuentas, pero advierte: “de allí a ir a prisión por nuestras actividades, hay una diferencia enorme”.
Recordó que las asociaciones civiles sin fines de lucro de Nicaragua están regidas desde octubre de 2019 por un reglamento “amplio” del Ministerio de Gobernación, que contemplaba la amenaza de catalogarlas entre promotoras de delitos de proliferación de armas masivas, lavados de activos y terrorismo.
“Creíamos que no se podía llegar a más, pero nos sorprende la capacidad con la que este gobierno puede desproporcional e irracionalmente ir cada vez más allá”, expresa.
Tanto Moreno, de la Alianza Cívica, como Mendoza se inclinan por agotar los recursos constitucionales y los amparos administrativos dentro de Nicaragua para enfrentar los efectos y la vigencia de las leyes de los últimos días.
En caso de que no procedan dentro del país, el siguiente sería la denuncia ante el sistema interamericano y el universal de derechos humanos, coinciden.
Mendoza teme que actividades como la promoción de los derechos humanos o de los servicios de salud sexual para mujeres violadas y embarazadas queden en jaque en caso de aprobarse la ley referida a los crímenes de odio.
“Hacer oposición, crítica, actividades generar opinión o conocimiento sobre derechos humanos, constituye una incitación al odio y acción deliberada contra el gobierno”, criticó. “Toda la sociedad nicaragüense está en peligro”, apuntó.
A su entender, los proyectos de ley que se han publicado en las últimas semanas en Nicaragua “ponen muy mal” a los agentes del régimen de Ortega y a los diputados.
El vocero de Codeni opina que la democracia nicaragüense jamás estuvo “tan socavada” como en estos tiempos de leyes excesivas y amenazas estatales.
“Nunca habíamos tenido los niveles de involución y reducción de espacios democráticos como los tenemos hasta ahora”, lamentó.
*Con información de VOA