Peter Stano, Portavoz de la Unión Europea (UE) declaró la tarde de este jueves que la reciente aprobación de la reforma a la Ley Electoral de Nicaragua y el nombramiento de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) “no cumplen con las recomendaciones” de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Con esta declaración, la UE se suma al mismo rechazo anunciado este jueves por la OEA, que apuntó que la elección de magistrados y la aprobación de las reformas “claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021”.
“Desafortunadamente, ambas no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Estas decisiones no son resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha solicitado repetidamente”, dijo Stano en una declaración escrita.
La UE sostuvo que la aprobación de la reforma electoral y la elección de los magistrados del CSE “constituyen otro retroceso que nos aleja de una solución inclusiva, democrática y pacífica a la actual crisis política en Nicaragua”.
La reforma electoral aprobada el martes pasado por la mayoría orteguista de la Asamblea Nacional, inhibe a los candidatos críticos de Daniel Ortega, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.
La reforma a la ley incorpora de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiación directa o indirecta del exterior, “de ninguna índole, bajo ningún concepto, y para ningún fin”.
También asume lo mandatado en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, denominadas por la oposición como “leyes represivas”.
Mientras que los 10 nuevos magistrados electos, son en su mayoría militantes del FSLN y el resto considerados “zancudos” o “colaboracionistas”.
La UE concluyó afirmando que “seguirá aplicando una política de compromiso constructivo y crítico con las autoridades nicaragüenses y utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”.