Opinión / Ensayos · 06/03/2021

Un retrato de la corrupción de las élites (El caso de Arturo Cruz Sequeira)

*Víctor Cuadras Andino | Revista Abril

Arturo Cruz Sequeira es un personaje que, aunque tenga su ámbito de acción generalmente alejado de las cámaras, merece nuestra constante observación, por lo perjudicial que ha resultado para Nicaragua y los nicaragüenses, en especial para los que se encuentran por debajo del escalafón de la clase media.

Cruz Sequeira es el bróker predilecto entre los latifundistas neoconservadores, la oligarquía sandinista y la subclase política parásita -de la que él mismo forma parte- que sobrevive del rédito que proveen sus servicios al sostenimiento de la tramoya estatal. Supo utilizar las influencias que heredó de su padre (funcionario del BID, miembro de la primera junta de gobierno sandinista y posteriormente miembro del directorio de la Contra) para escalar dentro de la pútrida clase empresarial y vender sus servicios como ¨analista político¨ entre el ¨Estado¨ y los soberanos del latifundio. 

Ortega (al ascender al poder en 2007) necesitaba empleados que le conectaran con los más acaudalados empresarios y banqueros (agremiados en COSEP y AMCHAM), para ir mejorando las tensas relaciones que imperaron desde los atropellos a las libertades económicas en la década de 1980.

Ortega sabía que necesitaba del establishment económico nacional para perpetuarse en el poder. Su nuevo plan político-económico necesitaba de la venia latifundista por dos razones:

Reconversión del modelo económico

En la primera fase de poder sandinista (1979-1990), Ortega aprendió que no podía controlar la esfera de lo económico al estilo marxista-leninista. Era necesario crear vínculos tácitos con la clase empresarial y aprovechar el poder que le confería el ¨Estado¨ para instaurar un modelo de patronazgo. Así, los latifundistas verían en Ortega a un aliado. Las concesiones, las transfusiones de liquidez provenientes del ALBA y de los fondos estatales; la permisividad legal para nuevos proyectos; el lavado de activos; la manipulación de jugosos fideicomisos y la impunidad, se convirtieron en las fichas de oro con las que el sandinismo compró uno a uno a todos los banqueros y gremialistas más prominentes.

El hábito clientelar constituyó la piedra angular de la cleptocracia (un proceso paulatino y degenerativo que, a mi parecer, tomó más fuerza a partir del derrocamiento de la dictadura somocista, la cual tenía un tinte más autocrático y cuasimonárquico testamentario de la praxis política del período conservador).

Con la llegada al poder de la ¨Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional¨ y las prácticas económicas en nombre de la ¨Revolución Sandinista¨ se instaura la fase primigenia de la «(…) institucionalización del robo». La cúpula sandinista tomó y repartió a discreción los bienes de somocistas (o de todo aquel que levantara la más mínima sospecha de serlo); la creación de MICOIN, la ¨Operación Berta¨, la ¨Reforma Agraria¨, las ¨Leyes Piñata número 85, 86 y 88¨, etcétera; fueron solo algunas de las tantas formas que encontró el Estado sandinista para convertir el robo en una práctica lícita.

Decenas de empresarios, hoy amigos de Ortega, fueron afectados por las reformas al modelo económico y las confiscaciones. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), pasó de ser un aliado del FSLN en la última fase de lucha contra la tiranía somocista a convertirse, cerca de 1984, en uno de los blancos de ataque de la ¨revolución¨. Pronto, empresarios y sandinistas estaban enfrentados. Ahora, veintinueve años después de la derrota histórica del FSLN frente a la UNO, las cámaras empresariales vuelven a estar en el bolsillo de Ortega.

El ¨neoliberalismo¨ es un aliado en lo privado y un enemigo en lo público

Ortega era un patrón bonachón. Robaba y repartía el botín. Pero, como reza el refrán: «Las campanas dicen: ¡dan-darán!». Los rostros más importantes del latifundio criollo tenían que pagar con discursos los favores de Ortega y fue ahí, cuando entraron a escena Pellas, Ortiz y Zamora, cada uno con su estilo y desde sus propias palestras recitaban bellas alabanzas al modelo económico de Ortega.

Ninguno de nuestros señores millonarios se guardaba adjetivaciones para describir la magnificencia de Ortega y su labor como estadista, todos se derretían en halagos y pompas para congraciarse con el patrón. Iban y venían de Washington, del BCIE, del FMI o de las oficinas del PNUD cantando y contando las maravillas económicas que eran posibles en suelo nicaragüense gracias al «clima de seguridad y desarrollo».

Aquí, en la etapa del «¡dan-darán!», es cuando el sandinismo consigue dar en el clavo con su segundo objetivo: ¡lavarse la cara!, y no por boca propia sino por los hombres más importantes del país: Arturo Cruz desde la Embajada en Washington, los representantes gremiales de COSEP y AMCHAM en el lobby internacional y la ¨labor misionera¨ de gerentes y directores de distintos sectores económicos que en foros, encuentros y seminarios empresariales sustentaron la idea del «populismo responsable» que introdujo el propio Cruz-Sequeira.

Mientras Ortega despotricaba en cada intervención pública contra los norteamericanos para mantener vivo el discurso del comunismo de tiempos de la Guerra Fría al que había acostumbrado a sus oyentes, del otro lado estaban economistas, un historiador con ínfulas de economista y unos cuantos washintólogos y politólogos que presentaban en el senado y el congreso estadounidense, a cuanta oficina tenían acceso, los maravillosos avances en temas económicos y de ¨desarrollo sostenible¨ que eran posibles gracias a la sabia dirección del comandante Ortega.

El futuro según Arturo Cruz: gobernabilidad sí, democracia “si acaso se puede”.

Arturo presentó desde hace catorce años un ensayo, ¨Mirando al futuro¨, que serviría de sustento discursivo para Ortega y sus compinches de cuello blanco. Hemos escuchado, hasta el cansancio, el primer párrafo de sus conclusiones en boca de Ortega, Pellas, Ortiz, Zamora, Aguerri, Arce y el director ejecutivo de la ACJD, Juan S. Chamorro. Todos hablan de un PIB de crecimiento sólido, constante y uniforme. A pesar de esas expectativas, y de la retórica triunfalista del gobierno y el Cosep, al revisar las tendencias4 de los últimos quince años nos encontramos que no hay, entre el período  2007-17 y el de los gobiernos “neoliberales”, ninguna diferencia fundamental en el ritmo de crecimiento, ni en sus principales características. La tasa de crecimiento promedio anual ronda un modesto 3.7%, y parece más obedecer a cuestiones circunstanciales del mercado que a políticas económicas de desarrollo.

Pero son otros dos párrafos del ensayo los que merecen en estos momentos especial atención:

«Estabilidad política no significa lo mismo que desarrollo institucional. Y, tal vez, no quede más alternativa, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, de optar por preservar la estabilidad, aún si esto signifique renunciar “temporalmente” a la sociedad política moderna».

«Nicaragua corre el peligro, que por “forzar” la institucionalidad deseada, perdamos la gobernabilidad posible»6

Queda claro, sin duda, que para Cruz Sequeira la democracia es un estorbo. Sus palabras explican por qué Arturo Cruz es uno de los sujetos más sucios en la política nacional; por qué debería ser expulsado de INCAE (si es que INCAE tiene algo de respeto y decencia); por qué Kitty Monterrey tendría que apartar a su ¨amigo¨ del grupo de asesores del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y por qué la ACJD ha contado, tras bambalinas, con el alimento ¨intelectual¨ del ideario artúrico. 

El tío Arturo (como lo llaman ahora ciertos propagandistas de la Alianza Cívica) debería ser investigado y sancionado, si se aplica la letra y el espíritu del Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 (“la Nica Act”). El inciso ¨b¨ de la sección número cinco de dicha ley7 estipula que son motivo de sanciones:

«(3) Actos de corrupción significativa por o en nombre del Gobierno de Nicaragua o un funcionario actual o anterior del Gobierno de Nicaragua, que incluye:

(A) la expropiación de activos públicos o privados para beneficio personal o con fines políticos;

(B) corrupción relacionada con contratos gubernamentales;

(C) soborno; o

(D) la facilitación o transferencia del producto de la corrupción».

Cruz-Sequeira ha servido a la dictadura sandinista, oficialmente, desde el año 2007, cuando Ortega lo nombró Embajador de Nicaragua en Washington. Ha sido el enlace entre el gran capital, el sandinismo, y los círculos del poder político en la capital estadounidense. Organizó y movió desde las sombras a los equipos de cabildeo, financiados por AMCHAM y COSEP, entre 2017 y 2018 (aún después de la crisis de abril). Es abundante la información que lo vincula con el lobby oficial contra la #NicaAct, y sobre el impulso ¨intelectual¨ que proporcionó a distintos actores políticos y económicos para combatir desde el extranjero la promulgación de dicha ley. Además, manipuló y distorsionó, mediante reiteradas publicaciones y declaraciones en la prensa nacional, el verdadero objetivo del proyecto de ley; convirtiéndose en el vocero insigne de la mafia.  

Es cuestión de tiempo para que el trabajo que hemos realizado rinda sus frutos; pronto veremos a nuestro prominente historiador neoconservador, junto a algunos de sus amigos empresarios, desfilar en el listado oficial de sancionados.

No está de más recordarles que la asociación con individuos u organismos sancionados afecta también a su círculo más próximo. Los que entre ellos no han estado asociados a delitos cometidos por Cruz, pueden todavía salvaguardar sus finanzas y decoro.

¿¡Fin!?

*Publicado originalmente el 13 de enero de 2020