Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), calificó como “una aberración jurídica” las pretensiones del régimen de Daniel Ortega para aumentar penas a presos políticos y confiscar bienes a sus críticos en Nicaragua.
El fin de semana se supo que la Asamblea Nacional daría trámite para en los próximos días aprobar una reforma al Código Penal y Código Procesal Penal para aumentar hasta 20 años las penas para “todas aquellas personas que sean acusadas del delito de menoscabo a la integridad nacional”.
Actualmente, la pena para tal delito es de 10 a 15 años de cárcel.
También proponen un tipo penal llamado “extinción del dominio” que transfiere al Estado los bienes y activos de los condenados.
“Estas reformas están dirigidas a endurecer el marco legal represivo que la dictadura aprobó entre noviembre de 2021 y enero de 2021, y en virtud del cual están siendo juzgados, acusados y condenados los dirigentes políticos sociales y líderes gremiales que desde el año pasado están en la cárcel”, dijo Mairena a través de su canal de YouTube.
“Las reformas contienen lo siguiente, primero aumentar las penas por supuesta violaciones a una ley espuria, la ley de la ‘integridad’ aumentarlas de 15 a 20 años, actualmente están de 10 a 15 años. Pero además contempla la aplicación de una figura que ellos dan en llamar ‘extinción del dominio’ que no es más que la confiscación de los bienes, de las propiedades de los nicaragüenses que sean acusados por violentar esa llamada ley de la ‘integridad’”, criticó.
También se habla de una reforma sobre el derecho a “guardar reserva”, en caso de ser citado a la Fiscalía Orteguista.
“Pero además, obligan al silencio a quienes son citados a la Fiscalía para que no den declaraciones a los medios de comunicación, una verdadera aberración jurídica como todas las que comete el régimen. Además, han amenazado que estas leyes serían aplicadas de manera retroactiva, otra aberración, pero qué se puede esperar de un régimen que ocupa embajadas, que confisca los bienes de una embajada como la de Taiwán, y ocupa los bienes de la oficina de Organización de Estados Americanos en Nicaragua”, añadió Mairena, quien cuestionó que “si hacen eso con estas representaciones diplomáticas, qué no pueden hacer con los ciudadanos nicaragüenses”.
La Procuraduría de derechos humanos, la Policía Orteguista, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, integran una comisión interinstitucional que presentarán un informe y emitirán un dictamen ante la junta directiva de la Asamblea Nacional que posteriormente aprobaría las reformas.