A través de un boletín informativo, la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció una “escalada represiva” en Nicaragua por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, observada en el secuestro de ciudadanos y ataques a la libertad de religión.
“La dictadura de los Ortega Murillo ha desatado en las últimas dos semanas una nueva arremetida represiva. Esta escalada, si bien se concentró en un primer momento en el partido UNAMOS (miembro de la UNAB), se ha extendido a ciudadanos independientes, iglesia católica y evangélicas”, dijo la UNAB en el documento.
En ese sentido, la organización mencionó el secuestro policial del obispo Rolando Álvarez y seis acompañantes en el local de la Diócesis de Matagalpa, el cierre de más de veinte medios de comunicación, radios locales y comunitarias principalmente. Todas vinculadas a la Iglesia Católica.
“La actual escalada presenta un elemento sin precedentes y sumamente grave en materia de derecho penal y de derechos humanos. En varios casos la policía del régimen, al no lograr la captura de los perseguidos, ha recurrido a secuestrar a sus familiares. Se han hecho públicos dos casos: la captura del hermano de Dulce Porras, exiliada desde hace 4 años en Costa Rica, cuyo hermano Fredy Porras, fue secuestrado el 15 de septiembre, y el caso de Javier Álvarez Zamora- refugiado también recientemente en Costa Rica-cuya esposa, hija y yerno, las dos primeras ciudadanas francesas, se encuentran secuestrados como rehenes desde el 13 de septiembre”, precisó.
La UNAB aseguró que “la Policía ha dicho a través de terceras personas, que en tanto no se entreguen Porras y Álvarez, los familiares se mantendrán presos”.
Añadió que las restricciones y amenazas a la feligresía religiosa se mantienen. “El pasado 19 de septiembre la policía prohibió las tradicionales procesiones religiosas propias de estas fechas en la ciudad de Masaya (sur oriente del país). No obstante la presencia y movilización policial, la población se movilizó en un ambiente sumamente tenso”.
“El 20 de septiembre la policía informó a las iglesias evangélicas, que las celebraciones del Día de la traducción de la Biblia, a realizarse el próximo 30 de septiembre, quedaban prohibidas”, continuó.
DATOS DE LA REPRESIÓN
- Más de 205 personas presas políticas. Entre ellos 10 sacerdotes, solo en los últimos tres meses
- 54 medios de comunicación (nacionales y locales) cerrados
- El 21 de septiembre la dictadura prohibió la emisión de CNN en las empresas de cable nacionales
- 140 periodistas en el exilio
- 2050 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas
EXILIO Y OLA MIGRATORIA
- Refugiados en Costa Rica: más de 200 mil nicaragüenses.
- Más de 110 mil nicaragüenses con ingreso irregular en la frontera sur de los EEUU, solo en el 2022
MÁS ALLÁ DE DECLARACIONES Y PRONUNCIAMIENTOS
La UNAB señaló que “la situación en Nicaragua ha alcanzado, niveles inaceptables para la comunidad democrática internacional. Y las numerosas declaraciones, resoluciones y los emplazamientos a la dictadura hechos por organismos multilaterales, organizaciones políticas, gobiernos e instancias de Derechos Humanos, así lo confirman”.
La organización opositora sostuvo que “a la par de las sanciones individuales a funcionarios del régimen, que deben continuar, no es aceptable que organismos financieros mantengan el flujo de recursos líquidos a la dictadura, independientemente del supuesto destino que tengan los mismos”.
“Eso debe parar. En particular el que proviene del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo presidente Dante Mossi es un socio abierto del régimen de Ortega”, anotó la UNAB.
Alertó que el régimen “usa esos recursos exclusivamente en función de sus intereses y parte de ellos, los destina a la represión. No hay control social y el régimen es capaz de evadir cualquier auditoriaje internacional. Por ello el financiamiento no puede ser incondicional y en cualquier caso, la ayuda humanitaria debe estar sometida a estrictos controles independientes”.