A través de una carta dirigida al presidente del Banco Mundial, David Malpass, el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), le ha pedido que condicione y fiscalice cualquier tipo de ayuda que brinde a la dictadura Ortega-Murillo para mitigar la pandemia del coronavirus.
La UNAB hace referencia a la resolución aprobada por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial a favor de un conjunto de operaciones de apoyo de emergencia para ayudar a países en desarrollo a enfrentar las consecuencia sanitarias, sociales y económicas de la pandemia COVID-19, y el conocimiento que tiene que, el régimen de Ortega ha solicitado a dicho banco fondos para la primera fase de proyectos del “Programa Estratégico de Preparación y Respuesta a la COVID-19”.
Es por ello que, la oposición expresó su extrema preocupación por la forma en que hasta hoy el régimen ha manejado la emergencia sanitaria en Nicaragua, y “por nuestros fundados temores de que fondos provenientes de la cooperación internacional puedan no ser, nuevamente, utilizados adecuadamente”, advirtió.
La UNAB explicó que el régimen orteguista no ha seguido en forma apropiada las orientaciones de la OMS/OPS para prevenir y contener la transmisión del virus, ni para desarrollar un enfoque multisectorial, que incluya a la sociedad civil, con el objetivo de aplicar medidas públicas que desaceleren el contagio.
Denunció que Nicaragua es el único país de la región donde el secretismo es política de Estado. “Periodistas independientes tienen prohibido acceder a conferencias de prensa y otros eventos públicos del Gobierno. Este perverso secretismo, con el supuesto objetivo de evitar alarma e inducir normalidad, produce efectos exactamente contrarios”, indicó la organización opositora.
La Unidad está clara en que los recursos externos son indispensables para enfrentar la pandemia, y pueden hacer la diferencia entre vida y muerte para miles de ciudadanos especialmente vulnerables. Sin embargo solicitaron al Banco Mundial que a través de sus políticas de asistencia financiera se asegure que la ayuda sea utilizada con transparencia, y condicionada con relación al respeto de los Derechos Humanos, Gobernabilidad y prevención del lavado de activos, dada la particular intransparencia, secretismo y absoluta exclusión de actores de la sociedad civil en las políticas con que el régimen aborda la pandemia.
La UNAB hizo tres propuestas al Banco Mundial, las compartimos de forma íntegra:
1. Condición básica de respeto a los Derechos Humanos, es que el Gobierno libere de inmediato a los presos y la presa política, cese el acoso y la represión a la ciudadanía y el restablezca las libertades públicas consagradas en nuestra Constitución. Se deberá reafirmar que el acceso a la salud es un derecho constitucional que no acepta ningún tipo de discriminación, especialmente, en las actuales condiciones de Nicaragua, ninguna discriminación contra personas críticas al gobierno.
2. En cualquier contrato de asistencia financiera el Banco deberá asegurarse del uso transparente de la misma, realzando su derecho de llevar la debida diligencia en la supervisión de su ejecución. Esta rendición de cuentas deberá ser certificada por una instancia supervisora del Banco, que deberá informar mensualmente acerca de la ejecutoria de los proyectos ante una instancia observadora local con representantes de la entidad ejecutora, el supervisor o auditor social del Banco y al menos dos representantes de organizaciones profesionales de la sociedad civil nicaragüense. La información del supervisor del Banco deberá fluir periódicamente, con detalles, desde un sitio web de acceso público, para contrarrestar temores de desvío de fondos hacia el financiamiento de actividades represivas o de programas sociales politizados.
3. Previo al primer desembolso el Gobierno de Nicaragua debería hacer pública su estrategia ante la pandemia, que incluya las principales recomendaciones de la OMS/OPS para la detección temprana de contagios, reducción de la tasa de trasmisión, disposición de sus mejores capacidades para el tratamiento de casos confirmados y –muy en primer lugar– para la protección del personal sanitario. Deberán decretarse medidas inmediatas para reducir concentraciones humanas, así como la suspensión, total o parcial, de clases en escuelas y universidades, según corresponda en cada etapa de la crisis. Esta estrategia deberá incluir la participación de diversos actores sociales en la concertación de políticas públicas de prevención, educación y promoción de la participación ciudadana en la contención y manejo de esta crisis sanitaria.
Esta carta de la UNAB se une a las denuncias enviadas al BCIE, OEA, ONU, Unicef, sobre la inacción del régimen orteguista frente a la pandemia del COVID-19.