La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) rechazó la reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua, aprobada el martes pasado por los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional que amplía la prisión preventiva de un ciudadano acusado de algún delito, de 48 horas a 90 días.
“La Unidad Nacional rechaza categóricamente la reforma al Código Procesal Penal (Ley 406) en los artículos 253 y 256, en donde se deja discrecionalmente al fiscal la posibilidad de pedir desde 15 hasta 90 días de ampliación del plazo de la investigación en el cual el acusado permanecerá detenido”, reza un comunicado de la organización opositora.
La UNAB sostuvo que la reforma atenta contra el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, que toda la ciudadanía tiene.
La extensión del tiempo de cárcel preventiva coincide con el año electoral, cuyo día clave será el 7 de noviembre próximo, en el que Daniel Ortega se juega 42 años de dominio casi total de la política nicaragüense.
La reforma para incrementar los días de prisión preventiva es la más reciente de lo que la oposición llama “paquete de leyes represivas” aprobadas en el contexto del año electoral.
La UNAB agregó que la reforma al Código Procesal Penal, sería utilizada como una herramienta para “perseguir, reprimir y encarcelar a la oposición”. “Una clara muestra de la poca voluntad política del régimen para permitir la transición a la democracia”, indicó.
Ayer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al Estado de Nicaragua revisar la reforma, pues señaló que “es contraria a la Constitución y los estándares internacionales”.
“Permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener”, alertó la OACNUDH en un tuit.
Afirmó que la enmienda “atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle la acusación en contra de uno”. Además, “pone en riesgo, la integridad y seguridad de los denominados ‘detenidos judiciales’, que permanecerán sin control judicial efectivo”, advirtió.
Por tanto, la OACNUDH exhortó al Estado de Nicaragua revisar esa reforma “aportando los correctivos” que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y ofreció su apoyo y asesoría técnica a las autoridades.