Cuatro organizaciones estudiantiles de la oposición nicaragüense condenaron este miércoles lo que denominaron como un “atropello contra la educación superior en Nicaragua”, luego que los ilegítimos diputados sandinistas cancelaran la personalidad jurídica de cinco universidades del país y otras 16 organizaciones sin fines de lucro.
Las universidades que fueron canceladas por los sandinistas son la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), y Universidad Paulo Freire (UPF).
Al respecto, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), el Movimiento UNA, la Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN) y el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, reaccionaron: “Condenamos enérgicamente este atropello que atenta contra miles de jóvenes estudiantes nicaragüenses. La educación ha sufrido las embestidas de este régimen que pretende hegemonizar la educación superior, controlar la libertad de cátedra y de pensamiento de los jóvenes de estas universidades”.
“Estas acciones del régimen contra las organizaciones no gubernamentales son una clara persecución en contra de la gente que hace uso de su derecho a organizarse, fundar asociaciones, agremiarse alrededor de lo que considere oportuno para el desarrollo de sus actividades, incluso asociaciones de carácter religioso”, agregaron.
Los estudiantes opositores se solidarizaron con la comunidad estudiantil y docente de estas universidades, que se encuentran en estos momentos en incertidumbre por la cancelación repentina de las personerías jurídicas de dichas almas mater.
“Como jóvenes y estudiantes seguiremos demandando al Consejo Nacional de Universidades (CNU), el estricto respeto a una educación superior, con libertad de pensamiento, no politizada, ni partidaria. Exigimos que se cumpla con lo que mandata la ‘Ley 582, Ley General de Educación’ en el Consejo Nacional de Educación”, demandaron.
También exigieron que “se garantice a los estudiantes afectados, la continuidad de sus estudios, como lo establece el marco jurídico nicaragüense en estas circunstancias”.