El observatorio ciudadano Urnas Abiertas celebró este jueves el informe presentado por el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, que concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía son responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
“Desde Urnas Abiertas saludamos las declaraciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que adelanta sus hallazgos después de un año de investigación exhaustiva, donde determinan que el Estado de Nicaragua cometió crímenes atroces”, indicó el observatorio en un pronunciamiento.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa al régimen Ortega-Murillo, cubren un espectro muy amplio de abusos, tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
Urnas Abiertas, señaló que las organizaciones nicaragüenses que participaron en este encuentro con el Grupo de Expertos han “constatado en primera persona que las investigaciones realizadas por el equipo denotan rigurosidad y una metodología de investigación que fortalece su fiabilidad”.
El observatorio apuntó que es importante remarcar lo indicado por el GHREN que “los casos investigados son representativos de patrones más amplios de conducta, que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses y prácticamente en todo el territorio nacional”.
“Desde Urnas Abiertas hemos constatado que el cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua se agudizó en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021 y 2022. El régimen ha instrumentalizado el derecho penal y las instituciones del Estado para perseguir y expulsar a personas opositoras, así como la ciudadanía que permanece en el país”, agregó Urnas Abiertas.
Añadió que, se suma a la recomendación hecha por el Grupo de Expertos que llama a los Estados a “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional”.