El observatorio ‘Urnas Abiertas’ rechazó la iniciativa de reformas a la Ley Electoral (Ley 331), que el régimen de Daniel Ortega pretende aprobar a través de la Asamblea Nacional de cara a las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre.
El martes 3 de mayo, la bancada sandinista de facto que es mayoría en el Parlamento nicaragüense presentó la iniciativa de reforma a nueve artículos de la Ley Electoral, entre las cuales se pretende recortar a 20 días el período de campaña. En la ley vigente, el periodo de campaña es de 42 días. También ampliar de 400 a 600 el número de electores por Junta Receptora de Votos (JRV).
En concreto, la iniciativa establece reformar artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley 331 Ley Electoral.
Para Urnas Abiertas la iniciativa de reforma a la Ley Electoral, Ley 331, “propone un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales”.
“Ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente”, afirmó.
El observatorio reiteró que “Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. Las condiciones para tener dicho proceso pasan por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas, el cese a la represión, levantamiento del estado policial, reformas electorales profundas, observación electoral nacional e internacional, incluyendo la labor de organizaciones de derechos humanos durante el proceso electoral”.
Reducción de tiempo no es prioridad
La reforma Artículo 16 que plantea una reducción de 15 a 5 días para la presentación de ternas a los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales (CED/CER/CEM), lo que a criterio de Urnas Abiertas “evita la fiscalización ciudadana por la rapidez con la que pretenden reducir este paso. La reforma indica que si los partidos no presentan la terna en el tiempo previsto el Consejo Supremo Electoral (CSE) podrá nombrarlos de oficio. Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo, que controla al CSE, ya que impide cada vez más la posibilidad de que quienes integren los Consejos o las mesas electorales sean neutrales o independientes y, más bien aumenta el control partidario sobre todo el proceso electoral”.
“Si la intención es mejorar los procesos de los Consejos Electorales, se tomarían en cuenta mejorar otros elementos fundamentales, por ejemplo 1) evitar que las funciones de estos Consejos sean usurpados por secretarios políticos, alcaldes u otros operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como ocurrió en las elecciones presidenciales; 2) hacer más transparente la elección de estos funcionarios y 3) no aceptar miembros con falsas membresías que usurpan la identidad de otra organización partidaria cuando realmente pertenecen a las filas del sandinismo”, recomendó el observatorio.
Reducción de campaña electoral sin justificación
“Al igual que en 2021, el régimen de Ortega estableció una nueva reducción de 42 a 20 días al período de campaña electoral a través de la reforma al artículo 74, esta vez no se plantea justificación tampoco se brinda información transparente al respecto. Sin embargo, la experiencia del año anterior estuvo marcada por la denuncia de partidos políticos autodenominados rivales del FSLN, quienes se aquejaron del asedio policial y la denegación de permiso de mítines, caravanas y concentraciones partidarias solicitadas en el marco establecido”, dijo Urnas Abiertas.
“La reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular. En este contexto, limita una vez más la posibilidad de la manifestación pública, derecho que el año pasado ya se vio limitado por las facultades que se le dieron a la Policía Nacional de autorizar o no los permisos a actividades partidarias y la restricción por la pandemia de la Covid-19”, señaló.
Urnas Abiertas destacó que “para lograr un proceso electoral legítimo, íntegro y creíble se necesita contar con condiciones democráticas adecuadas, una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de Derechos Humanos por la que atraviesa Nicaragua”.