Urnas Abiertas señala que destitución de Alcaldes “no respeta los procesos administrativos contemplados en la ley”
Cuatro alcaldes orteguistas de facto, han sido destituidos en menos de un año por el régimen de Daniel Ortega, a través de procesos ilegales, según afirmó este jueves el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
“Las destituciones realizadas no respetan los procesos administrativos contemplados en la ley y el INIFOM ha sido la institución a cargo de ejecutar las órdenes arbitrarias de la Presidencia y perseguir a ediles sandinistas que están en la mira del oficialismo”, sostuvo Urnas Abiertas a través de un comunicado.
El último defenestrado por el régimen fue el alcalde de Moyogalpa (Rivas), Abiud Saballos Arcia, acusado de supuestos delitos de corrupción.
“Desde la semana pasada Urnas Abiertas recibió denuncias sobre la persecución del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) al alcalde Abiud Saballos Arcia, destituido recientemente por supuestos delitos de corrupción. Además del edil, fueron despedidos la responsable de Adquisiciones Carmen Adilia Guillén, el responsable de Proyectos Dany Ruiz, el Administrador Jonathan Pineda y la responsable de Recursos Humanos, Rosmery Barahona Vargas”, señaló el observatorio.
“Este es el cuarto alcalde destituido en lo que va del año y tras ser impuesto en el cargo de manera ilegítima en las fraudulentas elecciones municipales del pasado noviembre 2022, en las que Urnas Abiertas documentó una participación de apenas el 17.33% y abstencionismo del 82.67%”, añadió.
Los otros tres alcaldes sandinistas destituidos son Jaime Aráuz, exalcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, quien duró nueve días en la silla edilicia; Pedro Pablo Vargas, exalcalde de Granada, quien dejó el puesto el 9 de marzo, y María Lesbia Treminio, exalcaldesa del municipio de Ciudad Darío, Matagalpa.
Urnas Abiertas apuntó que existe “hermetismo” en la gestión de las alcaldías sandinistas. Sin embargo, “ha recibido de manera constante denuncias sobre actos de corrupción cometidos en diferentes alcaldías, que incluyen malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros”.
También, el observatorio asegura que “un análisis realizado acerca de las auditorías que ha realizado la Contraloría General de la República (CGR) entre 2015-2020 encontramos que la alcaldía de Moyogalpa recibió 3 auditorías especiales en ese período, sin haber encontrado ninguna responsabilidad penal ni administrativa por parte de los funcionarios públicos. La CGR pasó de auditar el 93% de las alcaldías en 2017, a menos del 50% en 2020”.
“La información pública de la CGR demuestra que no se están siguiendo los mecanismos institucionalizados para prevenir, perseguir y castigar la corrupción. Por el contrario, destituciones como estas solamente demuestran que el gobierno central mueve a conveniencia a los operadores políticos locales, sin una verdadera vocación de defender los recursos públicos y exigir transparencia”, finalizó Urnas Abiertas.
