Este viernes el medio costarricense Semanario, reportó que la Sala Constitucional de Costa Rica, ordenó anular una prohibición de viaje impuesta por la Dirección General de Migración y Extranjería contra un periodista nicaragüense refugiado en ese país, basada en un decreto emitido en diciembre por el presidente Rodrigo Chaves bajo el argumento de “poner orden” en el sistema migratorio tico.
Se trata del periodista nicaragüense Víctor Manuel Pérez, director de la plataforma Intertextual y directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), quien dijo que recibió con “asombro” la resolución de la Sala IV y sostuvo que esto marca un “precedente” para que los nicas en Costa Rica sepan que –contrario a Nicaragua– en ese país sus derechos sí cuentan.
“Impresionado por la beligerancia de la institucionalidad de un país, cosa que no experimentamos en Nicaragua. Yo no esperaba una resolución a favor, pero tampoco en contra; pensé que por la burocracia iba a tardar mucho más tiempo. Pero me doy cuenta y me asombra que en dos meses me dieron respuesta”, dijo Pérez a La Mesa Redonda.
“Eso siembra un precedente para que las y los nicaragüenses que estamos en este país, sepamos que también tenemos derechos, y también tenemos deberes. Nosotros también pagamos impuestos”, añadió.
Pérez, subrayó que “a pesar de que un Presidente, un Ejecutivo quiera invisibilizarnos o imponernos cosas que son ilegales e inconstitucionales, pues también existen organismos con los que nosotros podemos resarcir el daño que posiblemente se nos pueda hacer”.
El periodista nicaragüense pretendía en diciembre pasado asistir a una actividad de capacitación académica en Colombia, para la cual pidió permiso a las autoridades migratorias de Costa Rica, pero recibió una respuesta negativa.
Ante esta respuesta, Pérez decidió interponer un recurso de apelación ante la Sala Constitucional y esta falló en que, “existió una limitación arbitraria al derecho de tránsito por parte de la autoridad recurrida, toda vez que se le denegó (al periodista) la posibilidad de salida del país por su condición de solicitante de refugio, por lo que este Tribunal considera que la aplicación del artículo 59 del Reglamento de Personas Refugiadas vulneró los derechos del tutelado”.
“Esta Cámara estima que la imposibilidad de salida del país por el simple hecho de ser una persona solicitante de refugio, es contrario a lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política”, dice el documento resolutivo del recurso de amparo interpuesto por el periodista.
“La restricción de tránsito impuesta por la autoridad recurrida -vía reglamentaria- a las personas solicitantes de refugio es contraria a los derechos humanos de las personas migrantes, pues impone limitaciones a su libertad ambulatoria, mediante un instrumento jurídico que no es idóneo ni legítimo para esos efectos”, añade el documento.
Víctor Manuel Pérez aseguró conocer varios casos como el suyo, de personas que han hecho el mismo procedimiento “para tratar de influir de que se quite los decretos ejecutivos que por parte del presidente Rodrigo Chaves ha intentado poner a los solicitantes de refugio con el tema de las salidas del país”.
“Esto nos deja como enseñanza que los sistemas judiciales transparentes y en un país con legitimidad y con leyes fuertes, sirven para que no se centralice el poder en una sola persona o en un solo poder del Estado”, apostilló.
Pérez instó a otros nicaragüenses exiliados que están pasando por la misma situación que él vivió, al no poder salir de Costa Rica, a que procedan a interponer sus denuncias ante la Sala IV. “Es un mecanismo que nos sirve a toda la población que estamos en este país, no podemos permitir que pasen por encima de nuestros derechos”, comentó.
“Invito a las personas que están pasando por esta misma situación, que no hay ni necesidad de un abogado para interponer un recurso de amparo ante la Sala IV, es un proceso bastante sencillo”, concluyó.
El periodista recibió su estatus de refugiado en enero, después de su reclamo ante la Sala IV y de que se venció cualquier posibilidad de acudir a la actividad académica mencionada.