Por Oscar René Varga
La dictadura no nos cayó de un palo de mango y en el ambiente diplomático de las elites todo puede ser blanqueado, para que siga la fiesta…
1. A partir de las protestas campesinas en contra de la concesión canalera, ley 840 del 2013, se genera la repolitización la sociedad nicaragüense, posterior a la pasividad relativa de los años anteriores, lo que genera que distintos sectores sociales de la población se vayan desvinculando, alejando, separando, al menos en sus franjas más conscientes, del orteguismo. Iniciándose una dinámica que pesa tanto el aspecto económico, como en los derechos humanos y la corrupción generalizada. Las protestas campesinas, como las protestas de los estudiantes en apoyo a los adultos mayores Ocupa-INSS (2013), Rancho Grande (2015), mina La India (2017), incendio de la Reserva Indio Maíz (2018), etcétera, fueron antecedentes del movimiento de abril de 2018.
2. Hace 42 meses el movimiento nacido en abril 2018 tuvo la virtud de movilizar a los ciudadanos sin distingo de colores políticos; sin embargo, su carencia de organización y orientación política terminó conduciendo al reflujo y a la derrota política. La ocupación de las plazas y carreteras, la formación de tranques y barricadas en distintas ciudades del país sacó a las calles a cientos de miles de nicaragüenses, la ola se extendió y adquirió distintas formas de protestas.
3. Aunque hubo diferencias entre las diversas protestas, tranques y barricadas en las ciudades y carreteras, todas fueron masivas, su composición social fue policlasista, los jóvenes estudiantes jugaron un rol destacado y lograron despertar la simpatía popular. Además, compartieron un amplio repertorio de acciones centrado en la ocupación de espacios públicos. Sin fusionarse en términos organizativos con el “pueblo en las calles” permitió así que la dirección política la asumieran los representantes políticos del gran capital.
4. No menos notable fue el aspecto subjetivo de la lucha. Las protestas mostraron la ruptura con los marcos de la política y el liderazgo tradicional, se enfatizó en la autoorganización y se combinaron reivindicaciones democráticas con la demanda de la caída inmediata de la dictadura.
5. La presencia, como estandarte, de la bandera nacional, levantada para tomar distancia frente a las referencias de las fuerzas políticas tradicionales y del régimen, sacaron a la luz el carácter “nacional” de las movilizaciones. Aun así, el desarrollo de diferentes formas de circulación de símbolos, consignas y modo de acción, nos indica el carácter democrático del movimiento.
6. La experiencia de abril de 2018 nos permite extraer algunas conclusiones generales sobre las limitaciones del movimiento de abril, a saber, la divergencia, desajuste entre su masiva dimensión insurreccional de la gente y el reducido objetivo político alcanzado. Para decirlo en pocas palabras, el movimiento de abril no fue capaz de lograr la caída de la dictadura que estaba entre los objetivos principales que se había propuesto.
7. Un elemento útil para comprender la rebelión social de Abril de 2018 es el concepto de “crisis orgánica”. La crisis orgánica nos indica que hubo una ruptura radical y repentina entre las clases sociales y las fuerzas políticas dominantes que hasta entonces cumplían funciones institucionales. La “crisis orgánica” se expresó en una crisis política generalizada del régimen aliado al gran capital, también exteriorizó que las clases subalternas que no estaban dispuestas a seguir aceptando el mismo tipo de hegemonía.
8. A partir de ese momento, la estabilidad del sistema de dominación vigente se viene abajo como resultado de la presión que ejercieron dos factores fundamentales. El primero es el fracaso del proyecto estratégico de la clase hegemónica (alianza del régimen y el gran capital). El segundo es el pasaje repentino de las masas autoconvocadas desde un estado pasivo a una actitud activa en la política nacional.
9. Este cambio conduce a una explosión de reivindicaciones que surgen de las personas movilizadas, aunque sea de manera inorgánica, no organizada. Presenciamos, entonces, una ruptura de la gente con el sistema autoritario que se tradujo en una crisis de hegemonía de los poderes fácticos y que afectó a todo el Estado.
10. El resultado final de una “crisis orgánica” depende del factor “subjetivo” de las fuerzas sociales que luchan para formar una dirección política independiente de los políticos y poderes tradicionales y canalizarlo en una dirección estratégica determinada. Factor que estuvo ausente en las movilizaciones y que permitió que los representantes políticos del gran capital controlaran el desarrollo político posterior.
11. Para comprender el rumbo de la “crisis orgánica” en los meses subsiguientes a Abril de 2018 tenemos que tomar en cuenta tres factores principales: (1) La terapia de choque implementada por la dictadura a través de la represión militar, policial y paramilitar lo que se tradujo en la imposición de un régimen abiertamente represivo y de terror. (2) La dirección política del movimiento la asumió el gran capital a través de sus representantes políticos con el objetivo de renegociar un nuevo acuerdo con Ortega, dispuestos a continuar teniendo un lugar subordinado en la política nacional aunque con mayores cuotas de poder. (3) Neutralización de las protestas sociales en los espacios públicos promoviendo una “salida en frío” o “salida al suave” de la crisis orgánica a través de negociaciones tanto a nivel nacional como internacional con el objetivo de evitar cualquier desbordamiento sociopolítico de los autoconvocados.
12. También se produjo la combinación de tres crisis (social, política e ideológica) lo cual provocó no sólo la deslegitimación de la dictadura, sino la del sistema político en su conjunto. Al mismo tiempo implicó el colapso de los políticos tradicionales, la crisis de los sectores dominantes y el cuestionamiento de las instituciones del Estado (ejército, policía, sistema judicial, etcétera). Todo lo anterior puso en cuestión, en duda, la capacidad que tenían las elites y la facultad de la dictadura de brindar soluciones viables.
13. La combinación de la pérdida de legitimidad del régimen y de la ofensiva violenta policial y paramilitar, con la complicidad del ejército, explica la profundidad y el carácter generalizado de la “crisis orgánica”, sobre todo si se compara con la situación de los movimientos sociales entre los años 2007-2017. También explica el por qué el gesto más extendido en los lugares públicos fue la bandera nacional, que desconcertó al régimen al no comprender el sentido de la lucha.
14. La apropiación de la bandera nacional como estandarte de lucha fue un mensaje de los autoconvocados que se autoproclaman como los representantes de la verdadera Nicaragua, diferenciándose de los que pretendían actuar en su nombre. Este hecho fue una manifestación del colapso hegemónico de la dictadura al reprimir a los ciudadanos por el simple hecho de portar la bandera nacional y, por primera vez, el movimiento de abril estaba en posesión de luchar por la hegemonía política e ideológica.
15. La ocupación de los lugares públicos también develó un segundo aspecto de la crisis orgánica: el momento en que las masas, que excedían por mucho a los estudiantes, pasaron a ocupar el centro de la escena política nacional. Esta confluencia no fue en absoluto un proceso automático. Los estudiantes más combativos y las asambleas celebradas en los espacios ocupados, permitieron superar gradualmente la desconfianza mutua de las primeras semanas, alimentada por los informantes, infiltrados y agentes de la dictadura.
16. La movilización popular alcanzó su momento más álgido el día 30 de mayo de 2018, que contó con niveles de participación inéditos desde los años 1970. A todas luces, la proporción de la población movilizada fue más grande que en el caso de las manifestaciones anteriores. Según algunos cálculos, al menos 800,000 nicaragüenses —¡el 40% de la población adulta! — participaron en la movilización del 30 de mayo en la ciudad de Managua.
17. Esta dinámica mayoritaria también explica la duración de las movilizaciones y su intensidad en los meses posteriores de junio, julio y agosto de 2018. A pesar del inicio del reflujo posterior al mes de septiembre del movimiento social en las calles, las protestas, piquetes y movilizaciones dispersas se mantuvieron meses después, no importando que la represión siguió en las distintas ciudades, calles, plazas y carreteras.
18. El movimiento de abril de 2018 germinó de una larga serie de acontecimientos de protestas entre el 2007-2017 que marcan la historia política nicaragüense reciente. Pero aunque explique su grandeza, el carácter explosivo y repentino del levantamiento también lo convirtió en un hecho sumamente contradictorio. El “pueblo en las calles” carecía de cualquier experiencia previa de organización o de participación en acciones colectivas, motivo por el cual planteó una serie de reivindicaciones y prácticas como “incoherentes”, contradictorias y sin perspectivas.
19. Cualquiera que haya estado en las calles en aquellos momentos recordará la mezcla de enojo y combatividad, la atmósfera de radicalismo genuino, en síntesis, un rechazo indiscriminado hacia la dictadura combinado con una búsqueda de autoorganización y participación directa en las decisiones políticas a tomar sin estrategia. Este revoltijo de actitudes y prácticas estaba acompañado por cierta fascinación con encontrar “soluciones mágicas” a la crisis orgánica: desde los llamados a recuperar la democracia hasta distintas teorías de insurrección, sin armas, hasta el “aterrizaje al suave” que promovía el gran capital y los EEUU.
20. La contradicción más importante tal vez fue la que se expresó en la consigna más popular del movimiento de las calles: ¿cuál es la ruta?, sin tener una propuesta alternativa política concreta, lo que permitió a los representantes del gran capital tomar las riendas políticas del movimiento. En ese sentido, uno de los principales límites del movimiento de autoconvocados de las calles reside en el hecho de que no supo dotar de un contenido real a esta reivindicación de “cuál es la ruta?
21. El movimiento de las calles no tuvo éxito a la hora de sintetizar estas ideas en función de un proyecto político alternativo, ni tampoco logró generar una organización alternativa que fuera más allá del rechazo a la dictadura. El principal factor de unidad del movimiento popular fue el rechazo generalizado hacia la dictadura. Ahora parece evidente que la ausencia de un proyecto alternativo o de una estrategia de poder, lejos de liberar a la política del peso de la cultura política tradicional conduce a la impotencia y, en general, a una restauración reaccionaria.
22. Sin embargo, el principal límite del movimiento estaba en otro nivel, uno del que surgían, “en última instancia”, todos los límites. No se trató solamente de la incapacidad de formular una alternativa global. El problema decisivo fue que no contó con un marco organizativo —ni siquiera con un proyecto— capaz de elevar la lucha popular a otro nivel. Es decir, no hubo una estrategia para alcanzar el poder y derrocar a la dictadura.
23. Con todo, el movimiento nacido en abril de 2018 nos dejó algunos elementos valiosos para emprender esta tarea en el futuro inmediato. Básicamente, renovó el repertorio de la acción colectiva y estimuló muchas iniciativas locales de solidaridad, autoorganización y acción directa. Pero no elaboró una forma capaz de organizar y coordinar con autonomía la lucha popular durante el período siguiente y que sigue afectando a muchos problemas que surgen en la actualidad.
24. Entonces, el movimiento de abril fue incapaz de atravesar cierto umbral de sus propias capacidades para desarrollar perspectivas alternativas más amplias e interactuar productivamente con otros actores políticos. Esta fue la causa principal de la discrepancia entre la impresionante fuerza del movimiento y su incapacidad de alcanzar resultados tangibles y positivos.
25. El ciclo de movilización popular de 2018 condujo efectivamente a una transformación real de la escena política, de la que se beneficiaron especialmente los representantes políticos del gran capital. Fue la única fuerza que mostró capacidad de capitalizar la disposición de una ruptura política que surgió de las movilizaciones y que estas eran incapaces de conquistar por sus propios medios. En este contexto la propuesta de una “salida al suave” se presentó como una decisión de romper con la situación existente, con la dictadura; aunque en la realidad era mantener “el populismo responsable”.
26. La “salida al suave” se percibió en un intento de superar el rol tradicional de oposición subordinada a la dictadura (partidos zancudos) y de plantear la cuestión del poder en términos efectivos. Al menos en este sentido, la Alianza Cívica emergió como una alternativa que comprendió la oportunidad planteada por la “crisis orgánica”. Es una de las lecciones fundamentales que nos deja todo este período: la movilización popular es capaz de crear las condiciones para un desplazamiento hacia la democracia progresista pero, para que estas condiciones se materialicen, se necesita una propuesta política alternativa potencialmente hegemónica para superar la estrategia del “populismo responsable” promovido por los intelectuales orgánicos del gran capital.
27. Esto también plantea el problema de las responsabilidades —y, en última instancia, del fracaso— de la organización que fue capaz de jugar dicho rol. A falta de un análisis sistemático, diremos simplemente que el problema de la Alianza Cívica estuvo en su visión y gestión estrictamente electoral de la dinámica creada por la movilización desde abajo, es decir, su estrategia era contener el conflicto sociopolítico en los niveles necesarios para tener éxito en las urnas. Nunca propuso un plan para organizar la lucha popular, ni una perspectiva más general ni se preparó para enfrentar las condiciones más inmediatas que planteaba la represión del régimen ni para crear las condiciones de triunfo.
28. La capitulación política de Alianza Cívica y posteriormente de la Coalición Nacional no implica que no haya sucedido nada; es decir, que durante los siguientes nueve meses entre mayo 2018 a febrero 2019, no se haya efectuado —y perdido— una apuesta histórica, cuando la Alianza Cívica firmó el memorándum de marzo de 2019 dándole tiempo político a Ortega. A partir de ese momento, Nicaragua dejó de ser un faro de esperanza para convertirse en un trauma de la falta de visión de los políticos tradicionales que impidió la recuperación de la democracia, permitiendo la permanencia de Ortega en el poder.
29. La historia no está para que te guste o no. Está ahí para aprender de ella. Porque entonces se tendrá menos probabilidades de repetirla. En cualquier caso, es fundamental que las enseñanzas que nos deja las experiencias, no se pierdan. La primera es que ni siquiera un movimiento de masas tan grande como aquel es capaz de brindar las soluciones necesarias a los problemas que plantea su propio surgimiento. La política sigue siendo necesaria y es a fin de cuentas el factor decisivo que informa el resultado de cualquier situación es tener una estrategia política que permita planificar, comprometer los activos, reevaluar y ajustar diariamente la situación y luego volver analizar la coyuntura para alcanzar el objetivo central.
30. El disperso equipo político del movimiento no tenía un plan integral para enfrentar a la dictadura. Pero también quedó claro que no debemos consentir en cualquier propuesta política que se presenta como “democrática”, lo sea; sí, al mismo tiempo, se rehúsa a crear un contrapoder y elaborar los medios capaces de llevar al pueblo a la victoria. Tenemos que tener claro que Ortega y sus aliados son el ayer, nosotros, el pueblo organizado, somos el futuro.
31. Mientras Ortega mantenga el poder de la “economía clandestina o corrupta” seguirá funcionando a favor de las elites; es decir, la gran mayoría de la nueva y vieja oligarquía continuarán utilizando empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para ocultar sus fortunas cleptocráticas; continuarán evadiendo impuestos, fugando capitales, lavando dinero o disfrazando sus activos en los paraísos fiscales para “proteger” sus haberes (no pocos mal habidos) para “exportarlos” a “lugares seguros” con el visto bueno del régimen.
32. Los más de 200 ultraricos o multimillonarios existentes en Nicaragua, los peces gordos, son siempre los mismos asociados a jugosos negocios con los dineros públicos y propiedades nacionales otrora del país y generan la sangría de las riquezas de la nación (minerales, bosques, tierra, agua) sin ninguna responsabilidad y que “protegen” sus dineros en los paraísos fiscales con complicidad de clase política tradicional.
33. En Nicaragua, los “delincuentes de cuello blanco” manejan parte de su fortuna a través de paraísos fiscales. Los poderosos utilizan una telaraña de sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como la Isla de Gran Caimán, Dubái o Panamá. Los paraísos fiscales sirven para esconder la corrupción gubernamental, evadir el pago de impuestos, la rapiña privada y los montos de las exoneraciones, todo lo cual va en contra de la construcción de la equidad social y favorece la corrupción de alto vuelo.
34. El pacto de las elites no ha impedido que, gracias al periodismo independiente, conozcamos las violaciones y los transgresores de la ley, pero ha sido posible, gracias al beneplácito del régimen, condenar a los infractores; y se conozca asesinatos de ciudadanos sin asesinos; delitos sin delincuentes; evasión fiscal sin evasores; captura de drogas sin narcotraficantes; y, en fin, lavado de dinero sin lavadores. Todos se lavan las manos, fingen demencia y padecen de ceguera que viendo no ven lo que sucede.
35. Los nicaragüenses que salieron a las calles a partir de abril de 2018 rechazan las crecientes desigualdades generadas por el capitalismo de compadrazgo que fomenta la alianza pública-privada y que ha debilitado el nivel de vida de la mayoría de la población. Son las consecuencias de una economía dominada por un reducido número de personas. Mientras Ortega permanezca en el poder las desigualdades y la concentración de la riqueza crecerán.
36. Nicaragua saldrá con cicatrices de la dictadura Ortega-Murillo que, de no tratarse en el corto plazo, tardarán muchos años en cerrar. Las secuelas de las cinco crisis no resueltas (económica, social, política, sanitaria e internacional) van a profundizar las desigualdades entre los departamentos, las personas más vulnerables y ensanchar las brechas en productividad, inversión y competitividad en relación con los otros países centroamericanos, lo cual significa un retroceso para el país.
37. Por lo tanto, la lucha no es solamente derrocar a la dictadura, sino también es para clausurar el sistema de riquezas ocultas de los ultraricos, hay que estar claro que los poderes fácticos políticos, empresariales y financieros no quieren derrocar a Ortega, quieren negociar un nuevo acuerdo para seguir en política tradicional: “come y comamos”.
38. El régimen Ortega-Murillo asegura, para el consumo de la izquierda tradicional o estalinista, que estamos viviendo la segunda etapa de la revolución social de 1979; ocultando la verdad que es un gobierno neoliberal más que ha empobrecido más al país por la corrupción (el 32% de la población consideran que es un problema muy importante) y el dispendio, y, que el partido de gobierno se ha transformado en una secta uniforme y dogmática en donde Ortega-Murillo exigen obediencia y ejercen su autoridad sin discusión alguna. El partido orteguista se ha transmutado en una máquina rígida, inflexible, sectaria, estricta y reaccionaria.
39. La adscripción conservadora de Ortega es muy poco conocida a nivel internacional, no hay conciencia de su involución neoliberal que dejó muy atrás su lejano origen guerrillero. En el campo político actúa como un señor feudal y maneja el poder con todos los códigos de la cultura política tradicional. Su maltrato a los presos políticos es una manifestación chocante de esa conducta. Favorece a la vieja y oligarquía que se lucran de los dineros públicos y de los bienes nacionales. El beneficiado ha sido Ortega, que ejerce un nítido control sobre los factores políticos internos. Gobierna con normas sectarias y hostiga a la Iglesia católica y a todos los críticos del régimen. Monitorea, además, la represión de cualquier tipo de protesta.
40. Más que sanciones internacionales, el régimen teme más un proceso de implosión de su estructura de poder. En primer lugar, porque los vientos no soplan a favor de la dictadura, el crecimiento económico promedio proyectado de 1.8% entre 2022 y 2026, indicaría que el deterioro social continuaría, con el efecto de perder su base social histórica. En segundo lugar, el proceso de reorganización de las fuerzas populares continúa, a pesar de la represión, con la experiencia de la lucha anterior. El 76% de los encuestados por Cid-Gallup piensa que el país marcha por la ruta equivocada. En tercer lugar, el mantenimiento del “statu quo” no quiere decir que la dictadura esté consolidada y que disponga de un cheque en blanco para hacer cuanto se le antoje, según la última encuesta de Cid-Gallup, a solamente el 19% del electorado lo apoya. En cuarto lugar, la farsa electoral del 2021 no resuelve la “crisis orgánica” de la dictadura, más bien se acentúa, ya que el 78% de los nicaragüenses considera que el régimen no va a resolver sus necesidades o problemas más importantes. En quinto lugar, de acuerdo a la encuesta de Cid Gallup los principales problemas del país son: el 21% desempleo, el 16% el costo de la vida, el 12% la pandemia del Covid, el 7% la inseguridad ciudadana. Entre el 2022-2026, la tendencia es que todos estos problemas se van a incrementar debido al estancamiento económico, el mantenimiento de la distribución del ingreso y a la falta de inversión productiva.
41. Según la última encuesta de la encuestadora Cid-Gallup, la intención de voto en mayo del 2021 a favor de Ortega era el 33% de los encuestados y el candidato único de la oposición alcanzaba el 39%. La encuesta de septiembre/octubre de 2021, la intención de voto a favor de Ortega descendió al 19%; además, indica que solamente el 8% sentía simpatía por el FSLN. Es decir, entre mayo y septiembre/octubre 2021, Ortega perdió 14 puntos porcentuales. Mientras que el candidato único de la oposición obtendría el 65% de intención de voto, ganando 26 puntos porcentuales en el mismo período.
42. La estrategia inmediata en contra de la farsa electoral debiera de hacer énfasis en los aspectos económico-sociales más importantes (desempleo, carestía de la vida, peores salarios, falta de empleo, pobreza, desigualdad, contaminación de Covid-19, la lucha campesina por sus tierras, la resistencia de los indígenas de la Costa Caribe, etcétera), que son los temas y problemas que más interesan y preocupan a la gran mayoría de la población despolitizada.
43. Ante el escenario de ilegitimidad de la farsa electoral, Ortega buscará cómo recomponer su imagen a nivel internacional y legitimarse de alguna manera su poder después de la farsa electoral. De lo contrario, la crisis de Nicaragua se va a seguir profundizando y todo apuntaría a que más temprano que tarde el país va a entrar en una crisis muy profunda donde el gran perdedor terminará siendo Daniel Ortega. Por tanto, es posible que Ortega libere a algunos de los «presos políticos» de forma gradual tras las elecciones, flexibilice algunas leyes catalogadas de represivas, y convoque a un nuevo diálogo o concertación, todo con el fin que su nuevo Gobierno tenga legitimidad.
44. Por todo lo anterior cabe preguntarse ¿Viene otra crisis? ¿la grande? Al menos en teoría, no se puede descartar que la eclosión de tensiones internas sugiere una posible implosión del régimen, cuando en los últimos años la eclosión de su base social ha pasado del 38% a un 19% y cuando solamente el 22% piensan que el país va en el camino correcto. Hoy por hoy, sin embargo, no nos hallamos en ese escenario. Aunque no debemos descartar esa posibilidad.