*Por Expediente Público
El informe anual sobre los derechos humanos del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, publicado este 30 de marzo, destacó con respecto a Centroamérica, la aprobación de leyes cada vez más “represivas” en Nicaragua y, “actos graves de corrupción” tanto en Honduras como en El Salvador. Esos tres países comparten las denuncias por sus ataques a la libertad de expresión y a medios de comunicación independientes y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad, entre el gran listado de abusos cometidos el último año.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en el primer informe anual sobre los derechos humanos editado bajo el gobierno de Joe Biden, prometió oponerse a las “violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados”.
Los informes nacionales de más de 190 países, describen el progreso o el deterioro de los gobiernos con respecto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. El comunicado oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, indicó que la preparación de estos reportes se ha dado en colaboración con las embajadas y consulados en el exterior, funcionarios de gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales e internacionales, juristas y expertos legales, periodistas, académicos, activistas laborales e informes publicados.
Ortega y Murillo, en el blanco
“Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana”. Así inicia el informe del país en donde Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) , ejerce un control total sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, desde hace 14 años en los que lleva en el gobierno de la nación centroamericana.
Desde la última reelección de Ortega en 2016, el proceso electoral fue catalogado como “profundamente defectuoso” por el Departamento de Estado.
Entre los actos cometidos por el gobierno de Ortega, en el último año, están las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales, tortura y casos de penas crueles por parte del personal de Sistemas Penitenciarios, condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales. Además, se denunció detenciones arbitrarias por policías y parapolicías, presos y detenidos políticos, represalias por motivos políticos contra personas fuera del país, grave falta de independencia del Poder Judicial, interferencia arbitraria e ilegal con la privacidad.
Además, el informe resalta las serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal contra periodistas y medios de comunicación independientes.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cendih), Vilma Núñez, una de las ventajas de este informe es que no solo contiene hallazgos de la situación de derechos humanos de Nicaragua en 2020, sino que resalta hechos ocurridos en años anteriores con el gobierno sandinista.
“Definitivamente son situaciones que no se pueden obviar, y ese recuento, es sobre todo importante porque nos lleva a señalar en la actualidad cuál es lo peor, y precisamente es la falta de libertades, la persecución permanente, la falta de acceso a la justicia, y la impunidad” señaló.
Homicidio, tortura y otros tratos inhumanos
En Nicaragua, afirma el Departamento de Estado estadounidense, no hubo indicios de que el gobierno investigara los delitos cometidos por la Policía y los grupos parapoliciales relacionados con el levantamiento de la ciudadanía en 2018.
“En abril de 2018, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo ordenaron a la Policía y a las fuerzas parapoliciales reprimir con violencia las protestas pacíficas que comenzaron por el descontento con la decisión del gobierno de reducir los beneficios de la seguridad social. A fines de noviembre de 2018, el conflicto resultante había dejado al menos 325 personas muertas, más de 2.000 heridos, cientos detenidos ilegalmente, torturados y desaparecidos; y a noviembre, más de 100.000 exiliados en países vecinos”, señala.
Se hace énfasis en las condiciones carcelarias. El hacinamiento, el saneamiento deficiente, dificultades para obtener atención médica y la violencia entre los presos, siguieron siendo problemas graves en las instalaciones penitenciarias del país centroamericano.
Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, organización en el exilio a causa de la persecución estatal, dijo a Expediente Público que “una de las problemáticas que ha tenido el sistema carcelario en general, es el hacinamiento, es decir, una desproporcionada cantidad de personas privadas de libertad por celdas y galerías, y eso perjudica la calidad del cumplimiento de la pena en condiciones sumamente precarias”.
Sin embargo, el Departamento de Estado, señala que el gobierno sandinista ha hecho indultos ilegales. “El gobierno liberó a 8.114 prisioneros entre enero y septiembre (de 2020). Muchos de estos prisioneros fueron liberados fuera de los procedimientos legalmente prescritos y se les dijo que su liberación fue gracias al presidente”, cita.
Carrión, refiere que el Colectivo ha documentado 80 testimonios y alrededor de 5 informes, que demuestran los métodos de torturas sufridos en las cárceles de los centros penitenciarios y, que organizaciones de la sociedad civil han documentado durante muchos años. Sin embargo, para Carrión, la rebelión de abril de 2018 “vino a visibilizar mucho más ese problema, tomamos más conciencia de la gravedad del abuso de poder y violación a los derechos humanos”.
La oficina del secretario de Estado, Antony Blinken, identifica que grupos defensores de derechos humanos documentaron al menos 30 asesinatos de campesinos, algunos por motivaciones políticas entre octubre de 2018 y agosto de 2020 en los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia y zonas cercanas.
El deterioro en Honduras
Respecto a Honduras, el informe destaca que fueron denunciados 210 casos de tortura o tratos crueles e inhumanos por parte de fuerzas de seguridad, muchos relacionadas con la aplicación del toque de queda nacional durante la pandemia por el Covid-19 en el 2020. Las denuncias fueron registradas por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).
La documentación por parte de organizaciones defensoras de la sociedad civil, fue un aporte clave para la construcción de este informe por parte de Estados Unidos.
Entre otros actos descritos sobre la situación de derechos humanos en Honduras durante el último año, están las condiciones carcelarias crueles, detenciones arbitrarias, asesinatos y amenazas a miembros de los medios de comunicación por parte de elementos criminales, actos graves de corrupción, incluso por parte de funcionarios de alto nivel, falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer, amenazas y violencia contra comunidades indígenas, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGBT+.
El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, si bien fueron procesando a algunos funcionarios que cometieron abusos, “el permanente sistema judicial débil y la corrupción impidió la obtención de condenas para estos”.
Comunidades indígenas y libertad de prensa en desaparición
En Honduras, las comunidades indígenas continuaron denunciando amenazas y actos de violencia contra ellos y contra activistas comunitarios y ambientales en el 2020.
“La violencia a menudo tenía sus raíces en un contexto más amplio de conflicto por la tierra y los recursos naturales, corrupción generalizada, falta de transparencia y consulta comunitaria, otras actividades delictivas y capacidad estatal limitada para proteger los derechos de las comunidades vulnerables”, señala el informe.
También se denuncia los ataques contra los periodistas que investigan casos de corrupción o abusos de grupos de poder y pandillas. Como ejemplo del hostigamiento y amenazas que vivieron en 2020 en Honduras, el informe menciona el asesinato del periodista Germán Vallecillo y el camarógrafo Jorge Posas, el 1 de julio en La Ceiba, ciudad puerto del Caribe, al norte del país.
Las denuncias de violaciones de derechos en El Salvador
En el caso de El Salvador, el reporte del Departamento de Estado pone atención sobre los ataques a la libertad de prensa que se incrementaron con el gobierno de Nayib Bukele. La Asociación de Periodistas de ese país reportó hasta abril de 2020, 54 violaciones al ejercicio del periodismo.
El informe asegura que algunas declaraciones públicas y en testimonio ante la Asamblea Legislativa, periodistas afirmaron que el presidente Nayib Bukele y los funcionarios de su gabinete los intimidaron a través de Twitter, amenazándolos con dañarlos físicamente y, además, iniciaron investigaciones financieras injustificadas sobre sus impuestos y fuentes de financiamiento, les negaron el acceso a conferencias de prensa y los vigilaron.
Durante el 2020, persistieron las denuncias por desapariciones forzadas por personal militar, asesinatos de presuntos pandilleros y otras personas por parte de las fuerzas de seguridad.
“Según informes de los medios, la Fiscalía General de la República (FGR) registró 542 desapariciones entre enero y marzo, con un promedio de seis casos de personas desaparecidas por día. Esto marcó una disminución con respecto al mismo período en 2019 cuando la FGR rastreó 829 casos, lo que equivale a nueve desapariciones diarias. La Policía Nacional informó que el 65 por ciento de los desaparecidos reportados fueron encontrados con vida más tarde y que era probable que muchos del 35 por ciento restante hubieran emigrado, cita el reporte.
También, en su informe el Departamento de Estado identifica otros factores del deterioro de los derechos humanos en El Salvador como: la tortura por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones carcelarias crueles, arresto y detención arbitraria, serios problemas con la independencia del poder judicial, graves restricciones a la libertad de expresión y prensa, graves actos de corrupción gubernamental, falta de investigación y rendición de cuentas coherentes por la violencia contra la mujer, violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra personas de la comunidad LGBT+.
“La impunidad persistió a pesar de las medidas del gobierno para destituir y enjuiciar a los abusadores en las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema judicial”, destaca el informe para El Salvador.