Un informe de la red regional para la libertad de prensa y expresión Voces del Sur denunció este lunes que el dictador Daniel Ortega, “intenta implementar la censura absoluta” en el país.
De acuerdo con el informe, la “cancelación de licencia de medios y confiscación de edificios” están entre los “nuevos y viejos métodos que utiliza Ortega en su intento de implementar censura absoluta en Nicaragua”.
Solamente en agosto pasado, Voces del Sur, compuesta por 15 organizaciones de la sociedad civil en igual número de países de América Latina, registró 72 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua.
La red clasificó 65 de dichos casos como “uso abusivo del Poder Estatal”, seis como “agresiones y ataques”, y uno como “restricción al acceso de la información”.
“Al finalizar el octavo mes del año desde esta red hemos documentado el cierre de al menos 30 medios de comunicación, entre ellos 27 radios y 3 canales de televisión, además del cierre de 5 noticieros locales, 1 nacional y al menos 5 programas de opinión”, subrayó Voces del Sur.
Entre los casos documentados por la red está “la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa”, el más antiguo e influyente de Nicaragua, valoradas en más de 10 millones de dólares.
Voces del Sur resaltó que en este caso el régimen de Ortega violó la Constitución, que en su artículo 44 establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y señala que “los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
CASOS RELEVANTES
También mencionó que “al menos 9 periodistas se vieron obligados a salir del país para resguardar su vida”, entre los que destacó al dueño del canal de televisión RB3, David Mendoza, quien el 2 de agosto pasado se despidió de su audiencia entre llantos, y semanas después compartió un vídeo en el que se le miraba junto el río Bravo, de México, anunciando sus planes de cruzar hacia Estados Unidos para entregarse a las autoridades de Migración en busca de asilo.
La red además citó el caso de al menos siete radioemisoras católicas, que fueron cerradas en el contexto del más reciente roce entre la Iglesia Católica y el Gobierno de Ortega.
A dichos cierres sumó la cancelación de tres licencias de radios de la familia del periodista Aníbal Toruño, “incluida Radio Darío misma que desde 2018 venía enfrentando agresiones que pasan desde amenazas a su personal hasta la quema de sus instalaciones”.
Los ataques contra periodistas y medios independientes se han incrementado luego de las manifestaciones callejeras contra el presidente Ortega en abril de 2018.
Datos de la red indican que en el primer semestre de 2022 ocurrieron 529 agresiones contra la libertad de prensa en Nicaragua.
*Con EFE