Votaciones en Nicaragua afianzan régimen totalitario de Ortega, según defensores de DDHH

Las votaciones del domingo en Nicaragua afianzarán un “régimen totalitario” establecido por el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes aspiran a mantenerse en el poder por cinco años más, según un estudio presentado el miércoles por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó EFE.

A las puertas de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario”, concluyeron las organizaciones, en un informe titulado “Las nuevas leyes de la represión”, sobre las bases legales del régimen de Ortega.

El informe detalló la denominada “nueva etapa en la escalada de represión en Nicaragua”, según los organismos, reflejada desde mayo pasado en la cancelación de tres partidos políticos, más el encarcelamiento de 39 opositores y profesionales independientes, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia por la oposición.

La encargada de Programas de la oficina de las Américas de la FIDH, Natalia Yaya, recordó que la situación en la que se encuentra Nicaragua nació en 1999, cuando el entonces presidente Arnoldo Alemán (1997-2002) firmó un pacto con Ortega que garantizó el retorno del líder sandinista al poder en 2007.

PODER Y VIOLENCIA

Yaya subrayó que casi de inmediato, en 2009, el Poder Judicial estableció la reelección para favorecer a Ortega, y dos años después le permitieron dar prórrogas indefinidas a los cargos de magistrados, además de otorgar a Ortega la jefatura directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Agregó que, tras las manifestaciones multitudinarias contra el régimen en 2018, Ortega utilizó el argumento del “golpe de Estado” para establecer un “Estado policial”, y que desde entonces en Nicaragua se disparó la violencia contra los defensores de los derechos humanos y periodistas independientes.

En abril pasado, “durante cinco días se cometieron al menos 380 agresiones por parte grupos policiales y parapoliciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, en el contexto de las conmemoraciones de los tres años de las movilizaciones de 2018”, señaló el reporte.

Las agresiones también fueron dirigidas contra la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, e integrantes de la Asociación Madres de Abril (AMA), compuesta por familiares de las víctimas mortales de los ataques armados de policías y civiles armados contra los manifestantes en 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó la muerte de al menos 328 personas en dichos ataques, cuyos responsables no fueron llevados a la justicia.

No hay contrapeso del Poder Judicial”, sostuvo el informe, que identificó cinco etapas de represión, con características de “violencia, uso excesivo y arbitrario de la fuerza, obstrucción de la asistencia humanitaria a personas heridas, detenciones arbitrarias, operativo de limpieza (de opositores), persecución, criminalización selectiva, o detenciones”.

También identificó “judicializaciones, obstrucción al debido proceso, violación de derechos de los presos, hostigamientos, expulsión de personas naturalizadas o residentes, restricción de derechos, detenciones breves, vigilancias masivas y permanentes en espacios públicos, o vigilancia de excarcelados”.

LEYES RESTRICTIVAS

Todo lo anterior, subrayó el informe, sobre la base de normas restrictivas, la mayoría aprobadas desde octubre de 2020, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y una reforma a la Constitución que estableció la cadena perpetua.

Es un atropello sostenido y que tiene unos costos, no solo institucionales de represión, sino también costos humanos y familiares (…), estamos ante autoridades que siguen teniendo como único propósito conservar el poder”, resaltó el relator especial de la CIDH, Pedro Vaca Villarreal.

Las organizaciones recomendaron a la comunidad internacional exigir desde sus sedes en Managua la libertad de los más de 150 presos políticos, así como el respeto a los derechos humanos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *