El pasado 14 de agosto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la cancelación “definitiva” del contrato de concesión de la Planta Geotérmica Momotombo, ubicada en La Paz Centro, León, lo que supone la confiscación de inversiones realizadas durante más de una década por tres empresarios extranjeros ligados a los Baltodano: los mexicanos Arturo Gamboa Rullán y Pablo Monroy, y el guatemalteco Fernando Paiz Andrade, expresidente de la junta directiva de Wal-Mart Centroamérica.
“Fernando Paiz y el señor Monroy, cuñado de Baltodano, pero la concesión no se entrega a título personal, sino a la empresa entonces se la suspenden a la empresa”, dijo una fuente a La Mesa Redonda.
La Procuraduría, en un comunicado publicado el 14 de agosto, aseguró que el exgeneral retirado Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y su hijo Álvaro Antonio Baltodano Monroy habrían montado un entramado de “lavado de dinero” y evasión fiscal con al menos 20 “sociedades de papel”.
Sin embargo, la acusación no menciona de forma directa a los socios extranjeros, quienes por más de doce años participaron en la operación de Momotombo Power Company (MPC).
Acusaciones oficiales
El Ministerio de Energía y Minas respaldó la medida, alegando que la empresa incumplió con las inversiones comprometidas para elevar la producción a entre 37 y 40 megavatios, cuando actualmente apenas genera entre 20 y 25, pese a tener una capacidad instalada de 77 MW.
También se les acusa de no ejecutar las obras estipuladas en el contrato de 2014, que estableció la asociación con el Estado a través de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL).
La Procuraduría calificó la operación de Momotombo Power como “una afrenta al patrimonio nacional” y anunció que el servicio energético continuará sin interrupciones bajo una nueva administración “lícita y responsable”.
Los Baltodano en el centro de la tormenta
La ofensiva del régimen ocurre en un contexto marcado por la detención de Álvaro Baltodano Cantarero, condenado en junio a 20 años de cárcel por “traición a la patria”. El exgeneral, de larga trayectoria en el FSLN y asesor presidencial en temas de inversión hasta 2022, fue arrestado en mayo y desde entonces no tiene acceso a su familia ni defensa, según medios locales.
Su hijo, el empresario Álvaro Baltodano Monroy, también fue detenido en julio en circunstancias violentas. Ambos son señalados por el régimen como responsables del esquema societario ilegal.
Pleito millonario en Miami
Según nuestras fuentes, en Estados Unidos se ventila un caso que involucra a estos mismos actores. En enero de 2023, el empresario Arturo Gamboa Rullán demandó a Álvaro Baltodano Monroy ante un tribunal de Miami-Dade por el incumplimiento de un préstamo de 8.6 millones de dólares.
En el proceso figura como codemandado Fernando Paiz Andrade, quien habría recibido parte de los fondos.
La jueza Lisa Sharon Walsh mantiene el caso abierto desde febrero de 2024.
“El demandante, Arturo Gamboa Rullan, reclama el impago de obligaciones financieras. Baltodano Monroy, a través de una solicitud de admisiones, alega que Rullan recibió pagos mensuales de $86,000 desde Momotombo Power Company, considerados como intereses del préstamo a una tasa del 12% anual. También se menciona una deuda de $3 millones vinculada a la compra de acciones de Central American Energy Corp. (CAEH) y un préstamo de $2.5 millones redirigido a Paiz por instrucción de Rullan”, detalló el informante.
Un negocio marcado por la revancha
Fuentes consultadas por La Mesa Redonda señalan que la confiscación responde más a una maniobra de revancha y control de activos estratégicos que a un verdadero proceso de combate al lavado de dinero.
“Ya están buscando un nuevo inversionista”, aseguró la fuente, recordando que en 2014 la empresa Ormat también fue despojada de la concesión antes del vencimiento para entregarla a los socios actuales.
“Además, es cierto que ellos no cumplieron sus compromisos de inversión”, añadió.
“Esta es, en esencia, la fortuna que parece haber acompañado al general Álvaro Baltodano y a su círculo familiar. Su rol privilegiado no solo le habría brindado acceso directo a información estratégica y a los tomadores de decisiones clave en el ámbito económico del país, sino que también, de acuerdo con esta perspectiva, le habría permitido identificar y capitalizar inversiones lucrativas”, anotó la fuente.
Menciona como un ejemplo de estas “vastas oportunidades de negocios” de Álvaro Baltodano Monroy, su participación en la generadora de energía CORPORACIÓN ELÉCTRICA NICARAGÜENSE, S.A. (CENSA) con una capacidad instalada total de 57 MW, ubicada en el Km. 68 de la Carretera al Velero Puerto Sandino, León.
“En esta sociedad, Álvaro Baltodano Monroy representa al Grupo Priza Holdings S.A., que es uno de los socios, junto con el señor Ricardo Meléndez Quintanilla. Otro socio clave es el general retirado Joaquín Cuadra Lacayo, quien representa a su Sociedad Speedy Venture Holdings Ltd.”, aseveró.
Según el portal oficial de Enel, Momotombo fue el primer proyecto geotérmico de Nicaragua. Su investigación arrancó en 1966, el primer pozo se perforó en 1974 bajo la dictadura de Somoza y la planta inició operaciones en 1983.
El campo Geotérmico Momotombo es propiedad del Estado de Nicaragua, pero administrado por el sector privado mediante concesión.
En 2014 la Asamblea Nacional aprobó una reforma a Ley de Exploración y Explotación de Recursos Geotérmicos obliga a las empresas privadas a trabajar en sociedad con el Estado y desde entonces, “la planta y el Campo Geotérmico Momotombo son administrados por el consorcio privado Momotombo Power Company (MPC), que tiene un contrato de asociación en participación con la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel)”, señala la fuente.
Desde entonces, ha sido pieza clave del sistema eléctrico nacional, pese a que hoy funciona a menos de un tercio de su capacidad instalada.