La dictadura Ortega-Murillo a través de la recién creada “Procuraduría General de Justicia”, anunció este miércoles la cancelación inmediata del contrato de concesión para la explotación de recursos geotérmicos en la Planta Geotérmica Momotombo, ubicada en La Paz Centro, León, operada por la empresa Momotombo Power Company (antes Ormat Momotombo Power Company).
Según el comunicado oficial, la medida se basa en “investigaciones” conjuntas de la Procuraduría y la Policía Orteguista, que señalan una supuesta vinculación de la compañía con un entramado de unas 20 “sociedades de papel” creadas para presuntamente lavar dinero y evadir impuestos.
La dictadura acusa directamente al exgeneral retirado Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y a su hijo Álvaro Antonio Baltodano Monroy de ser los responsables de este esquema, el cual —afirma— incluía empresas registradas en paraísos fiscales señalados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) respaldó la decisión, alegando que la empresa incumplió con las inversiones comprometidas para maximizar la producción geotérmica, que debía alcanzar entre 37 y 40 megavatios, y que tampoco ejecutó las obras estipuladas en el contrato.
Añaden que la compañía “traicionó la confianza del pueblo y del Estado” y que utilizó un recurso estratégico nacional como plataforma para actividades ilícitas, lo que calificaron como “una afrenta directa al patrimonio nacional”.
El comunicado oficial subraya que el servicio energético continuará operando “sin interrupciones” bajo una nueva administración “lícita y responsable”, y advierte que cualquier persona o empresa que utilice recursos del país para fines delictivos “enfrentará el peso completo de la ley”.
Arrestos y juicio
El general de brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero fue condenado a 20 años de prisión por el supuesto delito de “traición a la patria” en un juicio realizado por videoconferencia desde la cárcel ‘La Modelo’, en Tipitapa. La sentencia, dictada el lunes 9 de junio, incluye la confiscación de todos los bienes del exmilitar, quien fue arrestado el pasado 14 de mayo durante un operativo nocturno en su finca “Los Milagros”, en Matagalpa.
Desde entonces, Baltodano permanece en condición de desaparición forzada, sin acceso a familiares ni abogado defensor, denunciaron fuentes vinculadas al caso.
Baltodano, de 65 años, tuvo una larga trayectoria en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue comandante guerrillero en la década de los ochenta, ocupó cargos de liderazgo militar y se desempeñó como asesor económico y político cercano a Daniel Ortega entre 2007 y 2022.
La resolución judicial ordenó también la incautación de su finca y demás propiedades, mientras que las autoridades no han informado oficialmente sobre la detención ni los cargos.
Por su parte, su hijo el empresario Álvaro Baltodano Monroy fue capturado alrededor de las 11 p. m. del 21 de julio, en un operativo policial ejecutado con violencia.
La detención ocurrió en un retén en la carretera Nandaime-Rivas, a la altura de Ochomogo, cuando el empresario viajaba hacia Managua. Las autoridades lo condujeron hacia un destino desconocido, mientras que la persona que lo acompañaba fue dejada en libertad.