Por Douglas R. Lee | 26 de agosto 2025
1. Un Panorama Cambiado
Entre 2017 y 2023, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se libró principalmente con sanciones, reconocimiento diplomático y amenazas de intervención. El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, la avalancha de sanciones contra PdVSA y el posterior alivio de restricciones petroleras bajo Joe Biden encajaban dentro del debate clásico entre realismo y liberalismo en relaciones internacionales:
• El realismo justificaba sanciones y coerción como autopreservación en un mundo anárquico.
• El liberalismo buscaba instituciones multilaterales y aperturas negociadas para reducir el conflicto.
Pero el escenario de hoy es cualitativamente distinto. Washington ya no actúa solo con órdenes ejecutivas o comunicados diplomáticos: ahora despliega poder duro en el Caribe y el Atlántico. Sus buques de guerra y guardacostas se posicionan en aguas internacionales con un mandato claro: golpear a los cárteles de la droga y desmontar el aparato estatal que los protege.
2. De la Máxima Presión a la Cuarta Ola Criminal
La experiencia reciente dejó una lección contundente: las sanciones por sí solas no derribaron al crimen organizado ni a los regímenes que lo amparan. Maduro sobrevivió a la “máxima presión” de Trump, y los cárteles se diversificaron en nuevas economías ilícitas: cocaína, oro, contrabando petrolero, trata de personas.
Aquí cobra fuerza el análisis de Douglas Farah en su informe Fourth Transnational Criminal Wave (2024), presentado ante instancias de seguridad de EE. UU.:
• Nuevos actores extrarregionales (Rusia, China, Irán, Turquía) se entrelazan con el crimen organizado latinoamericano.
• Estados como Venezuela se convierten en socios activos del delito (Cartel de los Soles, uso de ALBA y Petrocaribe como plataformas de capital ilícito).
• Las fronteras ya no son límites territoriales, sino plataformas criminales móviles con capacidad de proyectar poder.
En este marco, la presencia militar estadounidense en aguas internacionales debe leerse como una respuesta a la Cuarta Ola Criminal, no como un simple gesto frente a la corrupción venezolana.
3. Evidencias Acumuladas
La investigación de Eskil Bryngel (2023) documentó cómo las decisiones de Washington entre 2017 y 2023 (sanciones, reconocimiento de Guaidó, alivio parcial bajo Biden) se justificaban en teorías de realismo y liberalismo. Ese período dejó claros tres puntos:
1. El régimen de Maduro estaba incrustado en estructuras criminales.
2. Tanto republicanos como demócratas coincidían en que se trataba de una amenaza hemisférica de seguridad.
3. La colusión Estado–cartel fue reconocida mediante sanciones, imputaciones judiciales y expulsiones diplomáticas.
Farah va más allá: el problema no es solo Maduro, sino una convergencia sistémica entre crimen organizado y rivales geopolíticos de Occidente. Lo que se disputa ya no es un país, sino la arquitectura de seguridad del continente.
4. Realismo y Liberalismo Bajo Presión
• Marco realista: La Marina estadounidense en el Caribe refleja la lógica de supervivencia estatal: en un hemisferio donde carteles y regímenes convierten al Estado en plataforma criminal, Washington no puede esperar a que actúen OEA o Naciones Unidas.
• Marco liberal: Sin embargo, la operación requiere cobertura multilateral —resoluciones de la OEA, cooperación antinarcóticos, patrullajes conjuntos— para blindarse frente a acusaciones de unilateralismo.
Como concluye Farah: el dilema no es entre realismo o liberalismo, sino entre acción preventiva y colapso estratégico.
5. La Oposición y la Legitimidad Robada
Aquí radica el punto de inflexión político: la oposición ya demostró estar lista. En Venezuela ganó elecciones, y existe un presidente electo legítimo a quien se le robó el poder mediante un entramado de fraude, control institucional y represión.
Esto cambia radicalmente la ecuación:
• No se trata de un vacío de liderazgo, sino de una legitimidad arrebatada.
• No se trata de un interinato improvisado, sino de una victoria democrática negada por un régimen criminal.
• No se trata de especulación, sino de un hecho político respaldado por el voto ciudadano y reconocido internacionalmente.
La Carta Democrática Interamericana establece la obligación de los Estados de defender gobiernos elegidos en elecciones libres. Esa base legal, combinada con el diagnóstico de la Cuarta Ola Criminal, otorga a la comunidad internacional una doble justificación: defensa de la democracia y de la seguridad hemisférica.
6. Reflexión Final
Lo que comenzó con sanciones en 2017 ha madurado en un enfrentamiento abierto contra redes criminales con patrocinio estatal. Bryngel nos dio el marco teórico; Farah nos entregó la radiografía estratégica; la oposición venezolana aportó la legitimidad democrática.
Hoy, con buques de guerra estadounidenses patrullando el Caribe, el mensaje es claro: Washington entiende que enfrenta un enemigo que no respeta fronteras, leyes ni tratados.
La única pregunta pendiente no es si la oposición está lista —porque ya lo está y ya ganó— sino:
¿Cuándo se devolverá el poder que le fue robado?
Notas:
• Bryngel, Eskil. A Contemporary Case Study of U.S.–Venezuela Relations (2017–2023), Uppsala University, 2023.
• Farah, Douglas. Fourth Transnational Criminal Wave: New Extra-Regional Actors and Shifting Markets Transform Latin America’s Illicit Economies and Transnational Organized Crime Alliances, IBI Consultants, 2024.
• Organización de Estados Americanos (OEA), Carta Democrática Interamericana, Lima, 2001.