La opositora nicaragüense Tamara Dávila denunció que la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, que otorga al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la potestad de nombrar a dos jefes de la Policía en Nicaragua, es una muestra del “terror interno” que carcome al orteguismo y de su temor a la justicia.
En un mensaje difundido desde el exilio, Dávila recordó la reciente consternación de la oposición por el fallecimiento de Mauricio Alonso, así como por el apresamiento de más ciudadanos dentro del país, y advirtió que la decisión de imponer una doble jefatura en la Policía responde a la profunda desconfianza del régimen hacia sus propias estructuras.
“Esto sólo demuestra dos cosas: uno, el terrible miedo que tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo a un desmoronamiento de sus propias filas, por eso necesitan dos cabezas para que se vigilen a sí mismas. Y dos, el enorme miedo que tienen a la justicia, a que todos los crímenes que han cometido y siguen cometiendo sean denunciados y castigados con cárcel”, sostuvo Dávila.
La opositora aseguró que desde el exilio continuarán trabajando para que los responsables de la represión sean procesados y para que en un futuro democrático quienes no han participado en crímenes puedan convivir en un país libre.
“Nuestra voz cuenta, ellos están aislados y van a caer. Justicia y libertad para los presos y presas políticas”, enfatizó.
La reforma constitucional y a la Ley de la Policía
El pasado miércoles 27 de agosto, la Asamblea Nacional —controlada por el orteguismo— aprobó por unanimidad en primera legislatura la reforma parcial al artículo 125 de la Constitución Política y a la Ley N°. 872, que regula la organización y régimen especial de la Policía Orteguista.
Con la modificación, Ortega y Murillo, en su carácter de “Jefatura Suprema de la Policía”, podrán nombrar a dos jefes de las Fuerzas Policiales de la República de Nicaragua, quienes tendrán a su cargo la dirección, administración y mando único de la institución, siempre bajo la autoridad directa de los co-dictadores.
El decreto establece que los jefes serán nombrados por un periodo de seis años, con posibilidad de prórroga “según los intereses de la nación”, y permanecerán en sus cargos hasta que sus sucesores asuman funciones.
Además, se sustituye en todo el marco legal la denominación “Director General” por la de “Jefes de las Fuerzas Policiales”.