El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó este viernes 29 de agosto el nombramiento de Wendy Carolina Morales Urbina como Procuradora General de Justicia, a través del Acuerdo Presidencial 127-2025 publicado en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua.
La designación deja sin efecto su nombramiento anterior de 2019 y la coloca al frente de la nueva Procuraduría General de Justicia, entidad creada tras una reforma constitucional aprobada el 6 de agosto por la Asamblea Nacional, bajo control absoluto del orteguismo.
Esta institución sustituye a la Procuraduría General de la República (PGR) e integra además las funciones del Ministerio Público o Fiscalía, lo que la convierte en un órgano con amplios “poderes legales” y administrativos.
“Artículo 1. Nómbrese a la Compañera Wendy Carolina Morales Urbina en el cargo de Procuradora General de Justicia”, señala el acuerdo.
De manera paralela, mediante el Acuerdo Presidencial 128-2025, fue designado Denis José Sánchez López como Subprocurador General de Justicia.
¿Quién es Wendy Morales?
Morales, abogada cercana a Rosario Murillo, ha sido señalada como el rostro visible de las confiscaciones y del despojo de propiedades en Nicaragua. Desde 2003 trabaja en la Procuraduría y en 2014 fue nombrada Subprocuradora General de la República.
En 2019 ascendió a Procuradora General de la República, cargo desde el cual se convirtió en una de las funcionarias de mayor confianza del régimen.
Ha defendido al régimen en foros internacionales, negando las violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas de 2018, que dejaron al menos 355 personas asesinadas según la CIDH.
También ha justificado las confiscaciones de medios de comunicación y universidades.
Sanciones internacionales
Wendy Morales ha sido sancionada por Estados Unidos y señalada de facilitar el robo de propiedades y ser cómplice de la represión.
En 2023 fue incluida en la Lista Engel como “actora corrupta y antidemocrática” y, en 2024, el Departamento del Tesoro la acusó de usar su cargo para “reprimir la disidencia y confiscar propiedades de opositores sin base legal”.
En abril de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU la identificó entre los altos funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad, destacando su rol en la confiscación de bienes de opositores.
Más poder para una funcionaria leal
La ratificación de Morales al frente de la Procuraduría General de Justicia refuerza la tendencia del régimen a concentrar el poder en un reducido círculo de confianza.
Con la absorción de la Fiscalía y la PGR, Morales se convierte en una de las figuras con mayor influencia dentro de la dictadura, directamente bajo la órbita de Rosario Murillo.
Pese a las sanciones y al señalamiento internacional, Morales continúa acumulando poder en una “súper Procuraduría” que concentra instituciones, recursos y atribuciones, y que será clave en la estrategia de control político del régimen Ortega-Murillo.