San José, COSTA RICA – En un giro determinado por el pragmatismo y la urgencia nacional, la reunión sobre seguridad celebrada este viernes en la Casa Presidencial logró desactivar, al menos temporalmente, la crisis institucional que amenazaba con paralizar el arranque del Gobierno.
Pese a los severos agravios lanzados el miércoles por la presidenta Laura Fernández Delgado —quien tachó de «vagabundos y comunistas» a los legisladores de oposición—, la gravedad de la ola de violencia que azota al país obligó a ambas partes a firmar una tregua condicionada para dar viabilidad a la seguridad ciudadana.
El encuentro, que reunió a los jefes de fracción del Congreso con el equipo de seguridad de Zapote y jerarcas del Poder Judicial, dio como resultado el humo blanco para una agenda de consenso de cinco proyectos de ley prioritarios.
Estas iniciativas, que recibirán un trámite de vía rápida en el plenario, se concentrarán en endurecer las medidas de prisión preventiva para casos de sicariato y narcotráfico, sancionar penalmente la pertenencia y el financiamiento de bandas delictivas, y establecer controles estrictos sobre la portación de armas de grueso calibre.
Las propuestas presidenciales más polémicas y de dudosa constitucionalidad, como la grabación de conversaciones en cárceles sin orden judicial previa, fueron excluidas del acuerdo por exigencia de las bancadas de oposición.
El triunfo de los contrapesos: Fondos liberados bajo presión
El verdadero punto de quiebre de la jornada se libró en el terreno presupuestario. Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio hicieron bloque común para exigir el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado antes de dar sus votos a los planes del Ejecutivo.
Ante la firmeza parlamentaria, la presidenta Fernández Delgado tuvo ceder y ordenar de forma directa al Ministerio de Hacienda la liberación inmediata de los ₡8.688 millones que se mantenían congelados y retenidos.
Estos fondos, esenciales para el sostenimiento operativo de las investigaciones en las zonas de mayor conflictividad, serán transferidos de forma prioritaria al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía General de la República.
Con esta medida, el Poder Judicial recupera el oxígeno financiero necesario para que la llamada «Fuerza Élite» del Ejecutivo tenga un verdadero soporte en los tribunales.
Al término de la reunión, las diputadas y diputados de las bancadas de oposición enfatizaron ante la prensa que este «acuerdo» es estrictamente temático y enfocado en la paz social del país. Aclararon que los puentes políticos siguen severamente dañados por los discursos descalificadores de la mandataria y advirtieron que la defensa del modelo eléctrico solidario del ICE se mantiene inalterable, rechazando de antemano cualquier intento de privatización en el proyecto de Armonización Energética que detonó la discordia a mitad de semana.