Organismos nicaragüenses defensores de derechos humanos denunciaron este domingo un “exterminio silencioso” de los opositores presos políticos por orden de los co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Esta semana, el régimen de Nicaragua ha cruzado un umbral intolerable. Dos personas privadas de libertad, consideradas desaparecidas por sus familias, han sido entregadas muertas por el Estado”, alertaron en una declaración conjunta las organizaciones Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa jurídica, y el Monitoreo Azul y Blanco.
Diversas organizaciones de la oposición denunciaron la muerte en Nicaragua bajo custodia del abogado Carlos Cárdenas Zepeda, que había sido detenido hace 15, y se sumó a la del opositor Mauricio Alonso, cuyo cuerpo sin vida fue entregado la semana pasada a sus familiares tras permanecer más de un mes detenido.
“Ambos casos confirman lo que venimos denunciando: las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, advirtieron los organismos.
Según esas organizaciones, la detención y muerte de Cárdenas Zepeda, a quien identificaron como exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional de 2018, así como la de Alonso, “no son hechos aislados”, sino que “son parte de una política sistemática de persecución, desaparición forzada y exterminio silencioso”.
En su declaración, los organismos indicaron que en este momento al menos 33 disidentes se encuentran en situación de desaparición forzada en Nicaragua, entre ellas 11 mujeres.
Argumentaron que la desaparición forzada constituye una de las expresiones más crueles de la represión en Nicaragua, debido a que las familias de las personas desaparecidas enfrentan una doble tortura: la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información.
¿Opositores presos bajo riesgo de muerte?
Esas organizaciones, junto a familiares de presos políticos, denunciaron que “cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte”, porque, a su juicio, las dos muertes bajo custodia, no son “hechos aislados, sino una política sistemática de desaparición forzada, tortura y exterminio silencioso”.
“Hoy advertimos que quienes están encarcelados están en riesgo de morir, y exigimos la liberación inmediata de todas las personas presas políticas”, abogaron.
También demandaron una investigación internacional independiente sobre las muertes bajo custodia estatal y medidas urgentes de protección para quienes aún sobreviven en condiciones inhumanas.
Por su lado, las organizaciones opositoras integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) denunciaron “que la dictadura sandinista ha convertido el aparato estatal en una maquinaria de muerte sistemática”.
“Nicaragua vive bajo una dictadura criminal que utiliza la desaparición forzada y el asesinato como política de Estado”, señalaron.
“Las cárceles nicaragüenses operan como centros de exterminio de ciudadanos sentenciados por pensar diferente. El patrón sistemático de estos crímenes demuestra una estrategia deliberada de terror estatal para silenciar toda oposición democrática”, agregaron.